Ma. Silvia González Saucedo
Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. Silvia González Saucedo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y glósese a los autos el oficio de cuenta, al cual se adjunta la papeleta de turno emitida por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, el expediente principal 973/2020-III-B, expediente que pertenece al índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ---------, por su propio derecho, contra actos de la Titular de la Notaría Pública Número ciento treinta y nueve del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, toda vez que por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, ese órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 45, fracción II, y 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó la remisión de dicho asunto a este Juzgado Federal, por conocimiento previo. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 67/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. En ese orden de ideas, en el caso concreto cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que adquirió la calidad de cosa juzgada al haber sido materia de análisis en diverso juicio de amparo; porción normativa que al efecto refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" En efecto, la invocada causa que restringe la procedencia del juicio de amparo se actualiza en los casos en que el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de los gobernados, previamente fue materia de estudio en otro juicio de amparo, de ahí que adquiera la calidad de cosa juzgada. Es menester precisar que la causa de improcedencia a que se hace alusión tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina "cosa juzgada", la cual tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Dicha causal se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir como requisitos, la identidad de la quejosa, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Además, la causa de improcedencia que establece la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución. De las consideraciones expuestas, se desprende que dicha causal de improcedencia tiene como objetivo impedir que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo y sobre el particular, es oportuno destacar que este motivo de inejercitabilidad se refiere no sólo al fondo de la controversia constitucional, sino que también puede aplicar a causas de improcedencia o sobreseimiento respecto de las que, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación, porque aun cuando el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada, cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de inejercitabilidad, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior, promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto y mismas responsables. Es aplicable, la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.),(2) con registro digital 2002272, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 524, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Se dice lo anterior, puesto que, la parte quejosa señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional: (La omisión de la Notaria Publica Número Ciento Treinta Nueve del Estado de México, de entregar el testimonio de las escrituras públicas número once mil novecientos cinco (11905) y once mil novecientos cuatro (11904), del volumen doscientos setenta y seis (276), del protocolo a su cargo. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia XXII.J/12, visible en la página doscientos noventa y cinco, del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN."; se tiene como hecho notorio que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 696/2020-VII, promovido por Ma. Silvia Carrizalez Saucedo, por su propio derecho, contra actos de la Notaria Publica número Ciento Treinta y Nueve del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, en el que se fijó como acto reclamado: La omisión de la Notaría Publica Número Ciento Treinta Nueve del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, de entregar a la quejosa el testimonio de las escrituras públicas número once mil novecientos cuatro y once mil novecientos cinco del volumen doscientos setenta y seis, del protocolo a su cargo, que contiene los contratos de compra venta que celebró la aquí quejosa como compradora. Solicitud de amparo a la que recayó el acuerdo catorce de octubre de dos mil veinte, en el que fue desechada, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, aplicado a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues a la Notaría Publica Número Ciento Treinta Nueve del Estado de México, no le puede recaer el carácter de autoridad responsable. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, del cual, conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, desechándose en determinación de cuatro de noviembre de dos mil veinte, al haberse presentado de manera extemporánea. En ese orden de ideas, es manifiesto que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, habida cuenta que este numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado; circunstancia que en la especie acontece, porque ambos asuntos fueron promovidos por la misma quejosa ---------, respecto de la propia autoridad responsable - Notaría Publica Número Ciento Treinta Nueve del Estado de México-, y el mismo acto reclamado - la omisión de entregar el testimonio de las escrituras públicas (11905) y (11904). Aunado a que en el juicio de amparo 696/2020-VII, el catorce de octubre de dos mil veinte, se determinó desechar la demanda de amparo y al no haberse impugnado en tiempo, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del asunto al encontrarse completamente concluido; de ahí que dicho expediente se encuentra concluido, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia que se invoca. En esa virtud, al ser los presentes actos reclamados materia del juicio de amparo 696/2020-VII, del índice de este Juzgado, es innegable que se actualiza la causal prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada con el número I.6o.C.45 K, en la página 551, Tomo IX, abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. No se soslaya, que en el juicio citado en párrafos precedentes, no se realizó un estudio de fondo de los actos reclamados, siendo que por regla general una sentencia de sobreseimiento, no constituye cosa juzgada ni impide la promoción de un nuevo juicio de amparo, sin embargo, existen casos de excepción a dicha regla, que es cuando la resolución que sobreseyó, o como en el caso, desechó, atienda a razones que hagan inejercitable el juicio, como cuando se han consumado de manera irreparable el acto reclamado, o bien ha cesado en sus efectos, sean actos consentidos o cuando se haya determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, o bien, como en el caso, cuando la autoridad señalada como responsable, no tenga carácter, pues dicha situación no puede ser superada con la promoción de diversos juicio de amparos. Lo anterior, pues si bien el desechamiento de la primera demanda de amparo promovida, por la ahora quejosa, implicó que no se analizara la constitucionalidad del acto reclamado, lo cierto es que ello no lo faculta para intentar una nueva acción constitucional. Ello, de acuerdo al principio de preclusión que rige la procedencia de la acción constitucional, consagrado, entre otros, en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Con base en esa premisa, el desechamiento de la demanda de amparo genera en el quejoso la carga procesal de impugnar esa resolución a través del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que, el no ejercicio de esa carga procesal genera la conformidad del quejoso, no sólo con el desechamiento de la demanda, sino también con las consideraciones en que se sustentó esa determinación, lo que en caso aconteció, porque si bien la parte quejosa intentó el recurso de revisión, este fue desechado por extemporáneo, circunstancia que impido el análisis de las consideraciones expuestas en el auto de improcedencia y como consecuencia, que subsistieran las consideraciones y adquirieran firmeza. Asumir una posición contraria implicaría que los quejosos pudieran, válidamente, promover tantos amparos como quisieran respecto de un mismo acto reclamado, y señalando idénticas autoridades responsables, lo que iría en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia -que, además, de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto-, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar un tema del que ya hubo un pronunciamiento -aun cuando no fuera de fondo- por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. De esa forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, no está permitido promover dos o más demandas por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado y por idénticas autoridades responsables, cuando una primera acción constitucional ya ha sido desestimada, en resolución firme, al estimar actualizada una causa de improcedencia que la hace inejercitable. Sirve de apoyó a lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 808, de contenido: COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, en relación con el 113 de la citada normatividad, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ----------, por su propio derecho. En otro orden de ideas, se tiene como autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Jiménez Rivera, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y respecto a los diversos autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 24 de la ley de la materia, por así haberlo solicitado. Por otra parte, toda vez que el promovente proporcionó el nombre de usuario "salvadorjimenezrivera", en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. También, de conformidad con el artículo 26 fracción IV, de la Ley parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, toda vez que como se indicó cuenta con su número de usuario. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. También, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica.
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