Ma. Sara Rosillo Arredondo
Expediente 447/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Sara Rosillo Arredondo
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, considerando que se trata de un expediente auxiliar, además de que no existen constancias originales, en cumplimiento al punto vigésimo, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, por medio del cual acusa recibo del oficio 9417/2016, al que se adjuntó el expediente que contiene el escrito original de la demanda de amparo promovido por ***********y seis copias simples de la misma, derivado de la incompetencia planteada por este juzgado en acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, reservándose el pronunciamiento a que alude el artículo 179 de la Ley de Amparo, hasta que la responsable cumpla lo previsto por el numeral 177, 178 y 180 del mismo ordenamiento legal.
- Principal
Visto el escrito de demanda de cuenta, formulada por ******* contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese y regístrese en el libro de gobierno con número 447/2016. Del análisis integral del escrito de demanda y anexos, se desprende que la quejosa reclama el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral 3312/2015/LI/CC/IND, concretamente en la audiencia de desahogo de pruebas, en la que se desahogaron la confesional a cargo de **********, aquí quejosa, así como la diversa a cargo de ********** tercero interesado, en la que dichas partes llegaron a un convenio al tenor de las siguientes cláusulas: "Primera. El actor sí, se desiste lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones, prestaciones, instancia, procedimiento y demanda, ejercidas en su escrito inicial de demanda en contra de la demandada. Segunda. En contraprestación a dicho desistimiento la demanda *********, se compromete a entregar al actor la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) libres de impuestos, pagaderos de la siguiente manera: la cantidad de 3,000.00 pesos pagaderos para el día 9 nueve de mayo del 2016 y la cantidad de $2,500.00 pesos para el día 30 treinta de mayo del 2016, cantidad que es entregada al actor con el único fin de dar por terminado el presente juicio ya que no existió relación laboral alguna. Estableciendo como pena convencional para el caso de incumplimiento al presente convenio correrá a favor del actor la cantidad de $150.00 (cientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) diarios, hasta su total cumplimiento. Tercera. Ambas partes se otorgan el más amplio finiquito que en derecho corresponda no reservándose acción alguna que hacer valer en forma recíproca de ninguna índole ni civil, ni penal, ni laboral ni administrativa. Cuarta. Ambas partes solicitan se apruebe el presente convenio por no contener cláusula a contraria a derecho y se ordene el archivo definitivo del expediente como asunto concluido." Por lo que la junta acordó. "Se tiene a las partes comparecientes por celebrando convenio en el modo y forma que se encuentra descrito anteriormente y al no contener clausula contraria derecho la moral y las buenas costumbres se aprueba el presente convenio y se eleva a la categoría de laudo tal y como lo dispone el artículo 33 de ley federal del trabajo.". Ahora bien, el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. De los numerales trascritos se aprecia que si un Juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una resolución que ponga fin a un juicio y respecto del cual la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún la autoridad responsable ni el tercero interesado, si es que éste existe, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, del análisis del libelo constitucional y de la constancia exhibida por la quejosa, se advierte que: En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se tramitó el expediente laboral número 3312/2015/LI/CC/IND, y dentro de la audiencia celebrada el veintiséis de abril pasado, se llegó a un acuerdo conciliatorio, en el cual el actor **********, se desistió de las acciones ejercitadas, y la parte demandada -aquí quejosa- se obligó a realizar el pago de cinco mil quinientos pesos ($5,500.00), con el único fin de dar por terminado el juicio, primero la cantidad de tres mil pesos el nueve de mayo, y el resto el día treinta de mayo de dos mil dieciséis; estableciéndose una pena convencional de ciento cincuenta pesos ($150.00) diarios, por cada día que transcurra hasta el total cumplimiento; convenio que fue aprobado por la Junta responsable en términos del numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo. La quejosa reclama que la Junta responsable al realizar pronunciamiento sobre el convenio, debió excusarse ante la manifestación expresa -y así lo reconoció- de que no existió relación laboral, y abstenerse de seguir conociendo, por lo que no procedía que aprobara el convenio y menos por existir contravención a sus derechos fundamentales por haber autorizado una pena económica, sin límite ni tope a favor del tercero interesado. Del citado acto reclamado, se concluye que la resolución dictada por la autoridad responsable de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, puso fin al juicio de origen. Evidenciándose con ello que sólo es susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo o uniinstancial ante el tribunal colegiado de circuito correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 de la ley de amparo, por ende, se llega a la conclusión de que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en términos de lo que establecen los numerales 34, párrafo primero y 170, fracción I, de la ley de amparo, y 37 fracción I, inciso b), de la ley orgánica del poder judicial de la federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara incompetente de plano para conocer de la demanda promovida por Ma. **********; se ordena enviar dicho ocurso al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese a la Superioridad el acuse de recibo de estilo. Finalmente, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- no tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por no contar con el registro correspondiente, ni acreditar contar con autorización para ejercer la profesión de abogado, señalando domicilio para tales efectos el ubicado en Calle *********de esta ciudad.
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