Ma.San Juana Crisogena Martínez Cerda
Expediente 2290/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2290/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ma.San Juana Crisogena Martínez Cerda y Otros.
- Ma.San Juana Crisogena Martínez Cerda
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 5498/2022, signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos y el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informan que el catorce de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la quejosa Ma. San Juana Crisogena Martínez Cerda, quedando registrado bajo el número de expediente 197/2022, de su índice estadístico; al efecto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martinez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito firmado por la parte quejosa Ma. San Juan Crisogena Martínez Cerda, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el ocursante. Por tanto, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, el informe materia de la queja, el original del escrito de expresión de agravios, y las constancias respectivas, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Ma. San Juana Crisogena Martínez Cerda, contra actos de la Jueza Primero de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas y otras autoridades, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 2290/2022-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. En mérito de lo anterior, se provee sobre la procedencia de la demanda de trato, para lo cual debe destacarse en primer término, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, el numeral invocado impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.3ºA J/6 (materia común) sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". En ese sentido, el suscrito juzgador de oficio advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y este último aplicado en sentido contrario, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador de manera clara estableció una regla general para definir la procedencia del juicio de amparo indirecto, al redactar el párrafo segundo de la indicada fracción, la cual consiste en que el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En este orden de ideas, como "última resolución" debe entenderse aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplimentarla, tal como lo ha sustentado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 32/2001, publicada en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." A mayor abundamiento, la intención del legislador para crear el segundo párrafo, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que con el juicio de garantías no se entorpezca el cumplimiento de las resoluciones que gocen de la categoría de cosa juzgada, es decir, que no sea interpuesto en contra de actos que sólo son consecuencia de la condena. No obstante lo anterior, existe la posibilidad de que aquellos actos dictados dentro del procedimiento de ejecución sean combatidos en amparo indirecto, empero, como actos procesales dictados en ejecución de sentencia, es decir, deben combatirse como una violación que se haga valer en el amparo que se interponga en contra de la "última resolución" que se dicte en el periodo de ejecución. Así también, existe una excepción a la indicada regla, que deja abierta la posibilidad de que el amparo indirecto se interponga en contra de actos dictados dentro del periodo de ejecución de sentencia, atendiendo a su naturaleza, es decir, cuándo sean actos distintos al remate, sea por la afectación que se pueda dar a la libertad en caso de arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada. En efecto, en el periodo de ejecución existen actos de distinta naturaleza que se distinguen de la siguiente manera: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto; de ahí que contra algunos actos sí se pueda hacer valer el amparo indirecto, ya sea por porque son de naturaleza distinta al remate, ya sea por la afectación a la libertad que pueda darse en caso de arresto, o que tengan autonomía o sean preparatorias, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada. Lo anteriormente dicho, se apoya en la tesis I.3o.C.94 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultada en la Red Jurídica de la Nación, donde aparecen como datos de publicación la página 1941, del Tomo XXXII, relativo a Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA CIVIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA RESOLUCIONES AUTÓNOMAS, MEDIDAS DE APREMIO Y ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESA ETAPA. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el incidente sobre liquidación de la sociedad conyugal, derivado del juicio 824/2018, en el que desecha por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se requiere a la quejosa, para que de manera voluntaria, entregue el bien inmueble ubicado en calle Cruz Azul, número mil quinientos cinco, de la colonia Delicias, en esta ciudad. Ahora, para que exista en trámite un incidente de liquidación conyugal, debe de existir sentencia en el juicio principal. Ante esas circunstancias, es claro que el presente juicio biinstancial es improcedente, pues lo que se reclama es un acto dictado dentro de un incidente derivado de la sentencia firme, esto es, una incidencia equiparada al juicio [por su formalidad], pero instruido después de concluido el juicio principal, y que ya se encuentra en el período de ejecución [intermedia en la ejecución], tomando en consideración que el Alto Tribunal, ha establecido criterio en el sentido de que lo determinante para identificar si se trata de actos dictados en dicho período, es establecer si existe cosa juzgada. A lo que debe agregarse que el criterio aquí sostenido obedece precisamente en que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 70/99-PS, determinó que era incuestionable que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal, se debe considerar como una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, en la medida en que dicho fallo tiende de manera directa e inmediata a hacer efectiva la ejecutoria de que se trate. Expuesto lo anterior, debe decirse que el auto reclamado, en su caso, podría entrañar una violación procesal, pero que en el caso no podría admitirse la procedencia del juicio de amparo indirecto, aplicando por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues ello deberá entonces reclamarse hasta en tanto se emita la resolución definitiva en ese procedimiento, pues se trata de un acto dictado dentro de un incidente que constituye un acto intermedio en la etapa de ejecución, por tanto, las violaciones que se cometan dentro de dicha incidencia, deben invocarse en la demanda que se proponga contra la última resolución en dicho procedimiento. La anterior determinación, encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o.C.J/6 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515, registro 2001059, que dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. [Énfasis propio] De igual manera cobra aplicación la diversa jurisprudencia IX.1o.J/22, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 2859, registro 163233, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." [Énfasis propio] En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y este último aplicado en sentido contrario, lo procedente es desecha la demanda de amparo de trato. DOMICILIO Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alfredo Castro Olguín, quien tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a J. Dolores Belmares Cepeda, por así solicitarlo. Asimismo, se autoriza la consulta del presente expediente de manera electrónica, lo cual se podrá efectuar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a través de los usuarios "JACOLITIGANTEFEDERAL", registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo.
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