Ma. Rosalinda Alcocer Cruz
Expediente 921/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Rosalinda Alcocer Cruz
- Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia En el Estado de Guerrero, Con Sede En Acapulco
- MA. ROSALINDA ALCOCER CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Finalmente, de autos se advierte que el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitió los autos originales de la causa penal 205/2012-I y del toca penal X-773/2017, de los que derivan los actos reclamados, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúen a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.
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TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA SENTENCIA...
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Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 921/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO...se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
CITATORIO Y AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSE GARCIA VELEZ, LINDA GARCIA ARNULFO, MARIA GALLARDO MARTINEZ, FILALFO NAVARRETE MARTINEZ, MIGUEL ANGEL GARCIA VALDEZ JUANA ZURITA, AGUEDA ZURITA MARTINEZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 921/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, por derecho propio, presento demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Residente en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "LA ILEGAL E IMPROCEDENTE RESOLUCIÓN DICTADA POR DICHA RESPONSABLE EN LA TOCA PENAL NÚMERO X-773/2015/ QUE CONFIRME EL AUTO QUE ALEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA A FAVOR DE LOS TERCEROS INTERESADOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO DE TERCEROS PERJUDICADOS, DEDUCIDOS DE LA CAUSA PENAL 205/2012-1, DEL JUZGADO SEPTIMO EN MATERIA PENAL EN ESTA CIUDAD, LA CUAL NO SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 16, DE NUESTRA LEY SUPREMA." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención formulada por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por acuerdo de veinticinco de octubre siguiente, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 921/2017; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Agente adscrito de la Sala Penal responsable la intervención legal que les compete; se ordenó notificar a los terceros interesados; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado, en la que la parte quejosa tiene el carácter de ofendida; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama por esta instancia: a) De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, la resolución de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal X-773/2015, por la que se confirmó el auto de veintiocho de febrero de dos mil trece, emitido por el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por la que se negó la orden de aprehensión solicitada dentro dentro de la causa penal 205/2012-I, instruida en contra de Agueda Zurita Martínez, Mario Guadalupe Manenchi González, José García Vélez, María Arnulfo Marcelo, Linda García Arnulfo, Mario García Arnulfo, Ernesto Vázquez Ramírez, María De Los Ángeles Salgado Medrano, Antonio Vázquez Salgado, Ernesto Vázquez Salgado, Jesús Vázquez Salgado, María Gallardo Martínez, Filadelfo Navarrete Martínez, Miguel Ángel García Valdez, Juana Zurita Martínez, Ma. Félix Hernández Meza, Edén Leyva Navarrete, Jovita Margarita Bernardino González, Ranulfo Navarrete Santos y Abelardo García Martínez, por el delito de despojo en agravio de la aquí quejosa Ma. Rosalinda Alcocer Cruz. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La quejosa fue notificada de la resolución reclamada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por tanto el término de quince días establecido en el numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, le transcurrió del dos al veinticuatro de octubre, descontándose los días siete, ocho, doce, trece, catorce, quince, veintiuno y veintidós del mismo mes, por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el diecisiete de octubre del año pasado, su interposición fue oportuna. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe justificado por conducto de su Magistrado Presidente, manifestación expresa que basta para tener la conducta que se le atribuye por plenamente evidenciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con los autos originales que integran la causa penal 205/2012-I y el toca penal X-773/2015 que como apoyo a su informe justificado remitió, que constituyen los tomos I, II, III, IV y V de pruebas, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causal de improcedencia del juicio de amparo invocada por las partes ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la quejosa. Luego, para estar en aptitud de dilucidar entorno al motivo de disenso planteado, se hace necesario precisar los siguientes antecedentes que se obtienen de las constancias allegadas a su informe justificado por la autoridad responsable, cuyo valor probatorio pleno quedó establecido en el considerando cuarto que antecede: 1. La quejosa Ma. Rosalinda Cruz Alcocer, mediante escrito de dos de mayo de dos mil cinco, presentó querella en contra de los aquí terceros interesados Agueda Zurita Martínez, Mario Guadalupe Manenchi González, José García Vélez, María Arnulfo Marcelo, Linda García Arnulfo, Mario García Arnulfo, Ernesto Vázquez Ramírez, María De Los Ángeles Salgado Medrano, Antonio Vázquez Salgado, Ernesto Vázquez Salgado, Jesús Vázquez Salgado, María Gallardo Martínez, Filadelfo Navarrete Martínez, Miguel Ángel García Valdez, Juana Zurita Martínez, Ma. Félix Hernández Meza, Edén Leyva Navarrete, Jovita Margarita Bernardino González, Ranulfo Navarrete Santos y Abelardo García Martínez, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Renacimiento, por el delito de robo y lo que resulte, cometido en su agravio, ordenándose la integración de la averiguación previa TAB/R/03/349/2005. 2. Por resolución de diecinueve de junio de dos mil siete, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Mesa de Trámite número cuatro de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Renacimiento, en esta ciudad, se declaró incompetente para conocer de la averiguación previa TAB/R/03/349/2005, dado que del análisis de las actuaciones, se advertía la configuración del delito de despojo cometido en agravio de la quejosa Ma. Rosalinda Cruz Alcocer, remitiéndola al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojos, mismo que la registró bajo el número TAB/V/159/07. 3. Seguida que fue la integración de la mencionada averiguación previa, mediante pedimento número 44, de siete de diciembre de dos mil doce, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojos determinó ejercer la acción penal en contra de Agueda Zurita Martínez, Mario Guadalupe Manenchi González, José García Vélez, María Arnulfo Marcelo, Linda García Arnulfo, Mario García Arnulfo, Ernesto Vázquez Ramírez, María De Los Ángeles Salgado Medrano, Antonio Vázquez Salgado, Ernesto Vázquez Salgado, Jesús Vázquez Salgado, María Gallardo Martínez, Filadelfo Navarrete Martínez, Miguel Ángel García Valdez, Juana Zurita Martínez, Ma. Félix Hernández Meza, Edén Leyva Navarrete, Jovita Margarita Bernardino González, Ranulfo Navarrete Santos y Abelardo García Martínez, por el delito de despojo en contra de Ma. Rosalinda Alcocer Cruz. 4. Por cuestión de turno, se le remitió el pliego de consignación de referencia al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, que en acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil doce lo radicó y le asignó el número de causa penal 205/2012-I; mientras que en resolución de veintiocho de febrero de dos mil trece se pronunció sobre el ejercicio de la acción penal y determinó negar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público consignador, al estimar que no se demostraron con los medios de prueba aportados, los elementos del cuerpo del delito de despojo; resolución que le fue notificada al Agente del Ministerio Público de la adscripción el once de marzo de dos mil trece y a la ofendida aquí quejosa el veintiuno de marzo siguiente. 5. A virtud de lo anterior, el representante social interpuso recurso de apelación en contra de la determinación de veintiocho de febrero de dos mil trece; medio de defensa que fue radicado por auto de veintiocho de mayo del mismo año por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, bajo el número de Toca Penal V-515/2013, en el que se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de agosto siguiente para que tuviera lugar la audiencia de vista, lo que fue notificado al Agente del Ministerio Público adscrito el veintiocho de mayo del año en cita. 6. En la aludida data la audiencia de vista fue diferida para las diez horas con cinco minutos del martes ocho de octubre de dos mil trece al no estar debidamente integrado el toca penal por no haberse notificado a la agraviada el auto de radicación correspondiente, y que le fue notificado el doce de septiembre posterior. 7. En la fecha señalada tuvo lugar la audiencia de vista en la que se dio cuenta con el escrito suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable, por el que formuló sus agravios en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil trece, mientras que por resolución de veintidós de octubre del citado año, se ordenó la reposición del procedimiento en dicha segunda instancia. 8. En cumplimiento a lo anterior, el ocho de noviembre de dos mil trece se dictó nuevamente auto de radicación y se señaló las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre siguiente para que tuviera lugar la audiencia de vista, lo que fue notificado al Agente del Ministerio Público adscrito el ocho de noviembre del año en cita y a la agraviada el catorce de noviembre posterior. 9. El veinticinco de noviembre de dos mil trece tuvo lugar la audiencia de vista en la que se dio cuenta con el escrito suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable, por el que formuló sus agravios en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil trece, asimismo se hizo constar la comparecencia de la agraviada, mientras que por resolución de siete de enero de dos mil catorce, la Sala responsable estimó que los agravios esgrimidos por el representante legal devenían inoperantes por lo que confirmó el auto sujeto a revisión; determinación en cuyo segundo punto resolutivo ordenó que fuera notificada a la ofendida, ahora quejosa. 10. Inconforme con al anterior determinación la quejosa Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, interpuso demanda de amparo indirecto, tocando por conocer por turno a este juzgado de Distrito, quedando registrado con el número 205/2014, seguido que fue el procedimiento el veintisiete de enero de dos mil quince, se dictó sentencia en la cual se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 11. En cumplimiento a la anterior ejecutoria, la Sala Penal responsable, en resolución de veintiséis de febrero de dos mil quince, emitida en el toca penal V-515/2013, dejó sin efectos la resolución de siete de enero de dos mil catorce, y ordenó reponer el procedimiento para que el Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, para que le notificara a la agraviada Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, la negativa de la orden de aprehensión de veintiocho de febrero de dos mil trece y le hiciera saber expresamente la oportunidad de inconformarse en apelación contra esa negativa de orden de aprehensión e indicándole el término que tenía para hacerlo. 12. En cumplimiento a la anterior, el juez de la causa en auto de nueve de marzo de dos mil quince, ordenó se notificara a la agraviada Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, el auto que negó la orden de aprehensión de veintiocho de febrero de dos mil trece y le hicieran saber expresamente la oportunidad de inconformarse en apelación contra esa negativa de orden de aprehensión e indicándole el término que tenía para hacerlo. 13. A virtud de lo anterior, el representante social y la quejosa interpusieron recurso de apelación en contra de la determinación de veintiocho de febrero de dos mil trece; medio de defensa que fue radicado por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, bajo el número de Toca Penal X-773/2015, en el que se fijaron las once horas con cincuenta minutos del uno de diciembre de dos mil quince para que tuviera lugar la audiencia de vista. 14. Mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, la Sala responsable estimó que los agravios esgrimidos por el representante legal devenían infundados por lo que confirmó el auto sujeto a revisión; determinación en cuyo segundo punto resolutivo ordenó que fuera notificada a la ofendida, ahora quejosa. 15. Inconforme con dicha resolución la quejosa Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, promovió juicio de amparo, el cual por cuestión de turno le toco conocer a este Juzgado Octavo de Distrito, registrándose bajo el número 598/2016 y mediante sentencia de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo para efecto de que la Sala responsable dictara una nueva resolución, en la que prescindiera de considerar que precluyo el derecho para ejercer la acción penal, y consecutivamente que por ello prescribió la misma. 16. Finalmente, por resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero confirmó el auto de veintiocho de febrero de dos mil trece emitido por el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por la que se negó la orden de aprehensión solicitada dentro dentro de la causa penal 205/2012-I, instruida en contra de Agueda Zurita Martínez, Mario Guadalupe Manenchi González, José García Vélez, María Arnulfo Marcelo, Linda García Arnulfo, Mario García Arnulfo, Ernesto Vázquez Ramírez, María De Los Ángeles Salgado Medrano, Antonio Vázquez Salgado, Ernesto Vázquez Salgado, Jesús Vázquez Salgado, María Gallardo Martínez, Filadelfo Navarrete Martínez, Miguel Ángel García Valdez, Juana Zurita Martínez, Ma. Félix Hernández Meza, Edén Leyva Navarrete, Jovita Margarita Bernardino González, Ranulfo Navarrete Santos y Abelardo García Martínez, por el delito de despojo en agravio de la aquí quejosa Ma. Rosalinda Alcocer Cruz (la cual constituye el acto reclamado). En efecto, al resolver el recurso de apelación, la Sala responsable expuso: Que del contenido de la determinación del ejercicio de la acción penal de la averiguación previa TAB/DES/01/01459/2007, si bien el Ministerio Público hizo alusión a los elementos del cuerpo del delito de despojo, enlistando enseguida los medios de prueba, omitió especificar los hechos y la conducta relacionada por cada sujeto activo, con el ilícito en comento, lo cual no puede subsanarse oficiosamente, dado que de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que son parte integrante del derecho humano a un debido proceso, el órgano jurisdiccional se encuentra impedido a realizar un análisis que implique integrar el contenido de la determinación con la averiguación previa, a fin de derivar cuales son los hechos y la conducta relacionada con el delito atribuido en el particular a los inculpados Agueda Zurita Martínez, Mario Guadalupe Manenchi González, José García Vélez, María Arnulfo Marcelo, Linda García Arnulfo, Mario García Arnulfo, Ernesto Vázquez Ramírez, María De Los Ángeles Salgado Medrano, Antonio Vázquez Salgado, Ernesto Vázquez Salgado, Jesús Vázquez Salgado, María Gallardo Martínez, Filadelfo Navarrete Martínez, Miguel Ángel García Valdez, Juana Zurita Martínez, Ma. Félix Hernández Meza, Edén Leyva Navarrete, Jovita Margarita Bernardino González, Ranulfo Navarrete Santos y Abelardo García Martínez, con el antijurídico de despojo. En ese sentido, la parte quejosa sólo se limitó a sostener que la Sala responsable viola en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, ya que se pretende dejar impunes los actos delictivos desarrollados por los terceros interesados y sin que se cubra a la suscrita la reparación del daño. Así, para estar en aptitud de analizar la decisión de la autoridad responsable, en primer término es necesario destacar que los artículos 14 y 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" En ellos se encuentran consagradas los derechos de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, el primero de ellos se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En primer lugar, es necesario establecer que el delito despojo, que se atribuye a los aquí terceros interesados, se encuentra previsto en la fracción I, del artículo 176 del Código Penal del Estado de Guerrero, aplicable a la época en que sucedieron los hechos, que a la letra señala lo siguiente: "Artículo 176.- Se aplicará de cinco a nueve años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañándolo o contra su voluntad, empleando violencia, furtividad o amenazas: I.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro (.)." Del precepto legal transcrito, se deduce que los elementos del cuerpo del ilícito en comento, son esencialmente los siguientes: El agente activo del delito ocupe un inmueble, o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca o impida materialmente el disfrute de uno u otro. El inmueble sea ajeno, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañándolo o contra su voluntad empleando violencia, o furtividad. Primeramente, se destaca el contenido de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 70/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Penal, Novena Época, página 83, cuyo rubro y texto son: "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria." Ahora, aunque el criterio jurisprudencial transcrito establece los elementos del delito de despojo en diversa Entidad Federativa (Veracruz), por su similitud con los que se comprenden en la legislación sustantiva del Estado de Guerrero, se abordan en la presente resolución. Dentro de las consideraciones que se encuentran en la contradicción de tesis 106/2010, de la estadística del máximo tribunal, que dio origen a la anterior tesis, se encuentran: " [.] En efecto, del análisis dogmático previamente realizado, podría considerarse, prima facie, que cuando alguien ocupa un bien inmueble respecto del cual detenta un título de propiedad, no es factible estimar actualizado el delito de despojo previsto en el artículo 191, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, abrogado, y el diverso numeral 222, fracción I, del código punitivo vigente en la referida entidad federativa, en tanto que el sujeto únicamente estaría ejerciendo un derecho inherente a la propiedad del inmueble, entendida ésta como el derecho que tiene un particular, persona física o moral de usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en la ley de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y de modo que no perjudique a la colectividad, por lo que el inmueble objeto de ocupación no le resultaría ajeno. Dentro de la dinámica social, lo normal es que el propietario de un bien sea al mismo tiempo su poseedor, pero puede no suceder así, sino que el propietario no tenga la posesión, al mismo tiempo que el poseedor no sea el dueño, o bien que, como en el caso analizado, que dos personas estimen ser propietarios del inmueble, y con apoyo en los títulos de propiedad respectivos, pretendan realizar actos de dominio sobre el bien. Sin embargo, en la última hipótesis aludida, relativa a cuando dos personas estiman ser propietarias de un inmueble y con apoyo en sus títulos de propiedad pretenden realizar al mismo tiempo actos de dominio sobre el bien a fin de determinar si la conducta realizada tiene relevancia para el derecho penal, es necesario determinar si al momento de los hechos denunciados la parte que se dice ofendida detentaba la posesión del inmueble en los términos referidos, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el delito de despojo tutela de manera relevante la posesión inmediata de los inmuebles,(9) es decir, la que se detenta en el momento de los hechos, independientemente del título con que se ejerza y que no obstante ello el activo dolosamente la desconoce al ocupar el inmueble. Así, debe estimarse que en aquellos casos que se demuestre el hecho posesorio de la persona que se dice ofendida -el cual ejerce a virtud de un título de propiedad-, el agente procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble motivo del conflicto, con independencia de que se ostente también como propietario, lo cual habrá de aquilatar el juzgador en cada caso a resolver, con base en las pruebas que arroje el sumario que, analizadas en su conjunto y concatenadamente, lleven a la convicción en forma indiciaria o directa que el quejoso sabía que el lugar estaba en posesión de otra persona, ya que de no probarse habría ausencia de dolo; pues en todo caso, el conflicto en el que deba dirimirse la cuestión relacionada con la propiedad (y el derecho a poseer) corresponderá a un tribunal de materia diversa a la penal. Es por ello que, con independencia de la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito de despojo, ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y propietaria del bien, se comete el delito de despojo previsto en los artículos 191, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, abrogado, y el 222, fracción I, del código punitivo vigente en la referida entidad federativa, en tanto que en el primer párrafo del artículo 192 del código citado en primer término, así como en el último párrafo del numeral 222 del código punitivo vigente en la referida entidad federativa, coincidentemente disponen que: "... Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa",(10) lo que incluso así ha sido reconocido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis siguientes: [.] En conclusión, si se demuestra que en la fecha del hecho el sujeto pasivo estaba en posesión del inmueble y que sin su consentimiento el activo dolosamente ejecutó sobre éste actos de ocupación, aduciendo ser el propietario del bien exhibiendo para tal efecto también un título de propiedad, no puede considerarse que se trate de un asunto que deba ser dirimido por los tribunales civiles y no penales, pues al atentar contra la posesión legítima de la ofendida, su conducta se torna delictiva, pues ello implica hacerse justicia con propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 constitucional, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria." Como se desprende de lo anterior, el análisis que debe realizar el juzgador debe ser con independencia de la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito de despojo, ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y propietaria del bien, y únicamente debe demostrarse que en la fecha del hecho el sujeto pasivo estaba en posesión del inmueble y que sin su consentimiento el activo dolosamente ejecutó sobre éste actos de ocupación. Asimismo, debe mencionarse que el recurso de apelación previsto en el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales del Estado, prevé lo siguiente: "Artículo 131. La apelación tiene como efecto confirmar, revocar o modificar la resolución recurridos del juzgador de primera instancia. En aquélla se examina si la resolución impugnada se fundó y motivó correctamente, y si en ella se aplicó exactamente la ley correspondiente, se observaron las normas sobre admisión, eficacia y valoración de la prueba, y se apreciaron fielmente los hechos. La apelación se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de esta, o dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, por escrito o en comparecencia. Podrá promoverla la parte a la que se cause agravio, precisamente para la consideración de éste, pero el juzgador deberá suplir en todo caso la deficiencia de la queja por el inculpado y su defensa, inclusive la falta de expresión de agravios. Estos se harán valer al apelar o en la vista del asunto. Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias. Lo son en efecto devolutivo las demás resoluciones". Del precepto antes transcrito se advierte, en lo que interesa, que el tribunal de alzada examinará si la resolución impugnada se fundó y motivó correctamente, y si en ella se aplicó exactamente la ley correspondiente, si se observaron las normas sobre admisión, eficacia y valoración de la prueba, y que se haya apreciado fielmente los hechos. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 478/2011 estableció lo siguiente: a) La problemática jurídica que se planteó consistió en determinar que si el artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales facultaba a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión tomando en cuenta sólo los hechos materia de la consignación, o bien, si puede tomar en consideración las actuaciones de la averiguación previa y los hechos que de ellas se deriven, aun cuando no los hubiera precisado el Ministerio Público en el pliego de consignación, o se trate de hechos distintos. b) Esta Primera Sala sostuvo que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. El ejercicio de la acción penal exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la averiguación previa. c) Por tal motivo, una vez que el Ministerio Público verifica la existencia del hecho delictuoso, inicia el ejercicio de la acción penal con la correspondiente consignación por escrito ante la autoridad jurisdiccional. La consignación representa el primer sometimiento de los hechos al conocimiento de la autoridad judicial y a través de ella el Ministerio Público solicita al juzgador el inicio del proceso, ofreciendo las pruebas con las que cuente hasta ese momento para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; concomitantemente, puede solicitar el libramiento de las órdenes de comparecencia y las de aprehensión que procedan, el aseguramiento precautorio de bienes, entre otras cosas. En síntesis, el ejercicio de la acción penal se expresa a través de la consignación. d) Ahora bien, una vez ejercida la acción penal inicia el periodo de preinstrucción del proceso, durante el cual la autoridad judicial define la situación jurídica del indiciado, y ello se expresa, entre otros, en el auto de formal prisión. Dicha actuación encuentra su fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de junio de dos mil ocho. e) Consideraciones jurídicas que se robustecieron con los criterios emitidos por esta Primera Sala, al resolver los amparos directos 8/2008 y 9/2008, en el sentido de que el Juez no puede adicionar hechos al pliego de consignación y, con base en ellos, dictar el auto de formal prisión. f) Lo anterior, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distribuye competencias específicas según se trate del Juez o del Ministerio Público, de manera que las mismas no concurran. En este aspecto, el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos. Es, por tanto, el órgano que conserva para sí el monopolio del ejercicio de la acción penal, el cual se refiere a la exclusiva participación del Ministerio Público en la acusación o imputación delictiva por tratarse del único órgano del Estado facultado para ello. Es decir, la persecución e investigación de los delitos es una labor de carácter administrativo que, por definición, excluye a la judicial. g) Es decir, que la división competencial es clara en el sentido de que el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora en un proceso penal es el Ministerio Público, en su carácter de representante social. h) Razón por la cual la autoridad judicial debe dictar el auto de formal prisión tomando como base los hechos y argumentos aportados y vertidos por el Ministerio Público al solicitar el ejercicio de la acción penal. Esto significa que el Juez debe ceñirse a tales hechos y argumentos, pudiendo sólo rectificar (a nivel de técnica jurídica) el estudio de tipicidad realizado por el Ministerio Público, o bien, el que verse sobre la probable responsabilidad. Esto, en virtud de que el Juez es quien cuenta con la facultad de calificar jurídicamente el delito de que se trate, en términos del primer párrafo del artículo 19 constitucional. i) Por tal motivo, si el órgano acusador fuera deficiente en su actuación, no cabe suponer que el Juez está autorizado para suplir esa deficiencia. Misma que lógicamente puede producirse no sólo a nivel de exposición de hechos, sino también de argumentos. Esto es así, toda vez que el principio de presunción de inocencia implica que el Ministerio Público (como contraparte en el proceso) es el único órgano del Estado que tiene la carga de probar la culpabilidad de la persona sujeta a proceso. j) Por tanto, si el Juez considera que la actuación del Ministerio Público fue incorrecta, al no lograr acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, entonces debe considerar que no hay una causa que seguir en contra de la persona en cuestión. k) Lo anterior significa que la autoridad judicial, al dictar el auto de formal prisión, tan sólo se encarga de revisar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación. Así, su labor se ciñe a fijar la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación hecha por el Ministerio Público. Con ello, el Juez depura la acusación, lo que bajo ninguna circunstancia puede significar que ante la deficiencia de la misma, aquél deba suplir ya sea la argumentación y, en especial, la fijación de los hechos con base en las probanzas que obren en la averiguación previa, pues como ya se dijo, ésa es labor exclusiva del órgano acusador. l) Esto es así, porque la calificación jurídica de los delitos, desde un aspecto técnico, debe distinguirse de aquella que no sólo modifica sino agrega elementos fácticos diversos a los señalados por la única autoridad competente para hacerlo. m) Adicionalmente, esta Primera Sala precisó que la función del Juez es la de vigilar que el proceso penal se siga en una contienda entre iguales; en el cual, el órgano acusador tiene la carga argumentativa dirigida a probar que la presunción de inocencia ha de desvirtuarse. Por ello, si el Ministerio Público no logra tal cometido, el Juez no puede acudir a su auxilio. Toda decisión jurisdiccional tiene como base los principios de equidad procesal e imparcialidad, los que le exigen ser ajeno a cualquiera de los intereses de las partes. n) Esto es así porque es una exigencia constitucional que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Así, una posición que incidiera en la actividad que es propia de una de las partes, como por ejemplo, respaldar o reforzar la posición acusatoria del Ministerio Público, con base en hechos y pruebas que no fueron materia de la consignación, sería abiertamente contraria a los principios constitucionales que rigen al proceso penal, enunciados con antelación y convertiría a nuestro actual sistema procesal penal en un proceso inquisitivo, porque permitiría la concentración de funciones en el juzgador, facultándolo para investigar, obtener pruebas y juzgar. o) Por tanto, se concluyó que el Juez no debe asumir el carácter de órgano acusador, tener un interés coadyuvante en la persecución del delito, ni debe convertirse en asesor del Ministerio Público, pues su función es la de aplicar la ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas. p) Ello, porque en términos del artículo 19 constitucional, el Juez debe fijar el proceso en el auto de formal prisión en aras de dar seguridad jurídica al inculpado respecto de la causa que habrá de seguirse en su contra. No obstante, como ya se ha dicho, su facultad no llega al extremo de incluir más delitos de los señalados por el Ministerio Público. La anterior contradicción de tesis dio lugar a la jurisprudencia 1ª./J.64/2012, décima época, Libro XI, Tomo I, página 212, Agosto de 2012, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, faculta a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión por el delito que realmente aparezca comprobado, siempre que tome en cuenta sólo los hechos materia de la consignación. La interpretación literal y genético-teleológica de esta norma permite afirmar que el juzgador no puede variar los hechos materia de la consignación y considerar las actuaciones de la averiguación previa y los hechos que de ellas se deriven, cuando no los hubiera señalado el Ministerio Público en el pliego de consignación, a fin de determinar la situación jurídica del inculpado. Esta afirmación encuentra su justificación en las funciones que desempeñan el Ministerio Público, como órgano acusador, y el Juez, como rector del proceso, las cuales no pueden concurrir. La función del Juez es determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por el Ministerio Público, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo. Toda decisión jurisdiccional tiene como base los principios de equidad procesal e imparcialidad, los que exigen que el Juez sea ajeno a cualquiera de los intereses de las partes, en términos del artículo 17 constitucional, y si bien es cierto que el Juez tiene la facultad de reclasificar los delitos, dicha rectificación sólo se realiza a nivel de tipicidad, por lo que debe distinguirse de aquella actuación que modifica o agrega elementos fácticos diversos a los señalados por la única autoridad competente para ejercitar la acción penal, en términos del artículo 21 constitucional. Si se autoriza que el Juez incluya nuevos hechos en la acusación y que con base en ellos dicte un auto de formal prisión, entonces no se emitirá una actuación justa para el indiciado, porque lo dejará en estado de indefensión al negarle la posibilidad efectiva y equitativa de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer pruebas, ya que los hechos por los que finalmente se dicta el auto, escapan de la materia de la acusación." De lo anterior, se puede concluir que es indispensable que el Ministerio Público únicamente podrá ejercer la acción penal solicitando la aprehensión o comparecencia de los inculpados, según proceda, cuando se haya comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; debiendo precisar los hechos y las pruebas que los acrediten; exigencia que se encuentra sustentada en los artículos 19, párrafo primero, 20, apartado A, fracción III y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.) III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)." De ahí que, si el Ministerio Público cumple con su obligación correctamente, a los inculpados se les otorga seguridad jurídica sobre la causa por los cuales se libró una orden de aprehensión en su contra, amén de que estarán en condiciones de ejercer de manera idónea y efectiva su derecho a la defensa, ya que estarán en condiciones de saber cual es el nombre de su acusador, así como la naturaleza del delito que se les imputa, para estar en condiciones de ofrecer los medios de prueba que consideren pertinentes a fin de demostrar su inocencia. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/2014, destaco que: "El escrito de consignación, se constituye en la base sobre la cual la autoridad judicial deberá resolver la situación jurídica del inculpado en el auto de plazo constitucional. Es aquí donde aplica la regla procesal que permite al juzgador que a partir de los hechos materia del ejercicio de la acción penal determine su calificación jurídica, con independencia a que sea distinta a la establecida por el Ministerio Público en el escrito de consignación. Esta clasificación legal corresponde a la precisión de la norma penal a la que se adecúa la conducta atribuida al inculpado, que se determina a partir de los hechos fácticos de los que deriva la imputación, los que de ninguna manera podrán ser alterados o variados por el juzgador. En este orden de ideas, de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que son parte integrante del derecho humano a un debido proceso, se concluye que el juzgador no puede realizar un análisis que implique integrar el contenido del escrito de consignación con la averiguación previa, a fin de derivar cuáles son los hechos y la conducta relacionada con el delito atribuido al inculpado. Para de esta forma subsanar la omisión en que incurrió el Ministerio Público de precisar estas circunstancias en el escrito de consignación. Aceptar como válida que el Juez pueda realizar un análisis integral del pliego de consignación y la averiguación previa, para delimitar el delito, los hechos y las circunstancias y la conducta objeto de reproche penal, con independencia de que sea contraria a los parámetros legales referidos, también coloca al juzgador en una condición de revisor de la actuación del Ministerio Público, a fin de determinar la materia de lo que será la litis en el proceso penal. Lo cual no es aceptable, precisamente porque trastoca la imparcialidad del juzgador, pero además, porque aun cuando se estimara que la extracción de los hechos y la conducta imputada puede realizarse de la averiguación previa, esto no excluye que la concepción que tenga el juzgador derive de una inferencia aparentemente lógica, que tal vez no parezca compleja cuando se trate de una sola conducta constitutiva de un delito; sin embargo, ésta no es una función que le corresponda a la autoridad judicial. Y en caso de que en la averiguación previa existan datos sobre la comisión de diversas conductas que podrían ser constitutivas de delito, asumir que el Juez puede hacer esta deducción, con base en el señalamiento formal del delito, contenido en el escrito de consignación, lo coloca como un juzgador que asume las características propias de un sistema procesal penal inquisitivo, en el que están difuminadas o fusionadas las funciones del órgano acusador y del juzgador." La anterior contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia 1ª./J.66/2014, décima época, Libro 13, Tomo I, página 87, Diciembre de 2014, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación considera que, a partir de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que configuran el derecho humano a un debido proceso, siempre que el Ministerio Público no especifique en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado, la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación previa, para el efecto de resolver la situación jurídica del inculpado mediante el auto de plazo constitucional. Por tanto, cuando se actualice esta deficiencia, el juzgador deberá limitarse a analizar las circunstancias precisadas en el pliego de consignación; destacar que la omisión en que incurrió el acusador constituye un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad, que son presupuestos jurídicos para el dictado de la formal prisión o sujeción a proceso del inculpado, y resolver que no procede decretar la sujeción a proceso de aquél; además, de ser el caso, ordenar su libertad, ante la falta de elementos para aperturar la instrucción del proceso penal. Sin que ello impida que con posterioridad el órgano acusador pueda insistir en el ejercicio de la acción penal. La definición del anterior parámetro de actuación deriva de la interpretación sistemática de los artículos 19, párrafo primero, 20, apartado A, fracción III, y 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, en relación con los numerales 306, párrafo primero, 310, párrafo primero, fracción I, 320, 322, 327 y 328 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche." En ese orden, se asume correcto el proceder de la sala responsable, de negar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojos, en contra de los inculpados aquí terceros interesados, Agueda Zurita Martínez, Mario Guadalupe Manenchi González, José García Vélez, María Arnulfo Marcelo, Linda García Arnulfo, Mario García Arnulfo, Ernesto Vázquez Ramírez, María De Los Ángeles Salgado Medrano, Antonio Vázquez Salgado, Ernesto Vázquez Salgado, Jesús Vázquez Salgado, María Gallardo Martínez, Filadelfo Navarrete Martínez, Miguel Ángel García Valdez, Juana Zurita Martínez, Ma. Félix Hernández Meza, Edén Leyva Navarrete, Jovita Margarita Bernardino González, Ranulfo Navarrete Santos y Abelardo García Martínez, por la falta de elementos para resolver sobre la petición de la orden de aprehensión, dado que basta imponerse del pliego de consignación de siete de diciembre de dos mil doce, para darse que el Agente del Ministerio Público consignador omitió precisar de manera concreta la conducta que cada uno de los sujetos activo desarrollo, así como el grado de participación o forma de intervención en el delito que se les atribuye. Esta distinción es importante porque únicamente se limitó a señalar que el delito se realizó de forma conjunta dado que los activos se presentaron en el domicilio de la pasivo portando martillos, barretas, hachas y machetes, queriendo derrumbar el candado que resguardaba la puerta principal, y como no pudieron romperlo, procedieron a derribar la puerta, introdujendose al interior del mismo, para sacar todos sus muebles y pertenencias a la calle, lo que indicó se justificaba con la denuncia interpuesta, así como de las declaraciones de los testigos; por lo que, se insiste era indispensable que el Agente del Ministerio Público, precisara en qué modo participaron los terceros interesados, pues sólo de esta forma se puede comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual les permitirá conocer con amplitud los motivos por los que se ejercitó acción penal en su contra, para así estar en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa; de ahí, la necesidad de precisar en la probable responsabilidad aquellas circunstancias. Lo anterior, no implica dejar a la parte agraviada en estado de indefensión, en razón de que el auto que niega la orden de aprehensión, no constituye una resolución irrevocable que ponga fin al proceso penal que se instruya por el delito atribuido, porque permite al Ministerio Público con posterioridad, de ser el caso, solicitar nuevamente el ejercicio de la acción penal. Bajo ese contexto, ante la desestimación del motivo de inconformidad esgrimido por la parte quejosa y, al no advertirse diverso motivo de queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se impone negar la protección constitucional solicitada Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Además, aunque las jurisprudencias 1ª./J.64/2012 y 1ª./J.66/2014 se refieren al auto de plazo constitucional, lo cierto es que por las razones que las informan, resultan aplicables cuando la autoridad jurisdiccional resuelve sobre la petición de orden de aprehensión. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a Ma. Rosalinda Alcocer Cruz, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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