Ma. Rosa Jove Reyes

Expediente 256/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
256/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Ma. Rosa Jove Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho...Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el licenciado -, con el carácter que actúa; asimismo, en atención a su contenido se tiene a este indicando que el Municipio de Tiquicheo, Michoacán, pagó en favor de la quejosa lo reclamado dentro del juicio oral mercantil número 41/2017, motivo por el cual se presentó desistimiento de la ejecución de la sentencia ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán. Ahora, precisado lo anterior, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto lo fue: ".el conocimiento que como Juez ejecutor debe tener del cumplimiento o ejecución de la sentencia que debe dar el Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, o la interlocutoria de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, que aprobó el pago de la cantidad de $ 31, 770.30 (treinta y un mil setecientos setenta pesos con treinta centavos), por concepto de suerte principal e intereses moratorios vencidos y no pagados, y honorarios profesionales dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia, conexo al expediente número 41/2017 relativo al Juicio Oral Mercantil de la autoridad que señaló como responsable ejecutora .LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PAGO.". En atención a lo anterior, la suscrita estima que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista y contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, para lo cual, se estima hacer las siguientes consideraciones: Del análisis de las constancias de referencia que exhibe la quejosa, consistentes en copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio oral mercantil 41/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, particularmente del proveído de veintinueve de junio pasado donde dicha autoridad tuvo a la quejosa indicando que le fue cubierta la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS, por parte del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, así como desistiéndose de la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, por lo que dicha autoridad en la propia fecha, levantó el embargo trabado en el juicio oral mercantil de mérito. En atención a lo anterior, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó al Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, la ejecución de la interlocutoria de dos de febrero pasado, que aprobó el pago de la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS, en su favor, por parte del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, por concepto de suerte principal e intereses moratorios vencidos y no pagados, y honorarios profesionales dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia, conexo al expediente número 41/2017 relativo al Juicio Oral Mercantil, y si de las copias certificadas aportadas por la quejosa se desprende que ya le fue cubierta la cantidad en cita, por parte del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán y por ese motivo se desistió de la ejecución de la sentencia en comento, lo que así se tuvo en proveído de veintinueve de junio pasado emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el licenciado -, con el carácter que actúa; asimismo, en atención a su contenido se tiene a este indicando que el Municipio de Tiquicheo, Michoacán, pagó en favor de la quejosa lo reclamado dentro del juicio oral mercantil número 41/2017, motivo por el cual se presentó desistimiento de la ejecución de la sentencia ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán. Ahora, precisado lo anterior, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto lo fue: ".el conocimiento que como Juez ejecutor debe tener del cumplimiento o ejecución de la sentencia que debe dar el Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, o la interlocutoria de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, que aprobó el pago de la cantidad de $ 31, 770.30 (treinta y un mil setecientos setenta pesos con treinta centavos), por concepto de suerte principal e intereses moratorios vencidos y no pagados, y honorarios profesionales dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia, conexo al expediente número 41/2017 relativo al Juicio Oral Mercantil de la autoridad que señaló como responsable ejecutora .LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PAGO.". En atención a lo anterior, la suscrita estima que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista y contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, para lo cual, se estima hacer las siguientes consideraciones: Del análisis de las constancias de referencia que exhibe la quejosa, consistentes en copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio oral mercantil 41/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, particularmente del proveído de veintinueve de junio pasado donde dicha autoridad tuvo a la quejosa indicando que le fue cubierta la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS, por parte del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, así como desistiéndose de la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, por lo que dicha autoridad en la propia fecha, levantó el embargo trabado en el juicio oral mercantil de mérito. En atención a lo anterior, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó al Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, la ejecución de la interlocutoria de dos de febrero pasado, que aprobó el pago de la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS, en su favor, por parte del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, por concepto de suerte principal e intereses moratorios vencidos y no pagados, y honorarios profesionales dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia, conexo al expediente número 41/2017 relativo al Juicio Oral Mercantil, y si de las copias certificadas aportadas por la quejosa se desprende que ya le fue cubierta la cantidad en cita, por parte del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán y por ese motivo se desistió de la ejecución de la sentencia en comento, lo que así se tuvo en proveído de veintinueve de junio pasado emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, TENGASE AL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUETAMO, MICHOACAN, POR RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO, AL QUE ADJUNTA LAS CONSTANCIAS QUE LO SUSTENTAN; CON EL DESE VISTA A LAS PARTES POR EL TERMINO DE OCHO DIAS PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO Y MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERES CONVENGA.

  4. Principal

    Como del estado que guardan los presentes autos se advierte que hasta ahora no obran los informes justificados solicitados a las autoridades señaladas como responsables, ni constancia de que éstas se encuentran debidamente requeridas para ello, autoridades que tienen su sede en el Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, así como en Tiquicheo, Michoacán. En atención a lo anterior, para dar margen a que obren los informes justificados de mérito, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO PRÓXIMO, para que tenga verificativo.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano