Ma. Rocio Herrera

Expediente 720/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
720/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Ma. Rocio Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por **********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a en cita se declara que la ley reglamentaria se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que allegó al presente juicio, con apercibimiento de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, en contra de actos de los jueces menores del Poder Judicial del Estado de Guanajuato con residencia en esta ciudad y otra; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 720/2018-III. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. **********señala expresamente como actos reclamados: A) De las autoridades ordenadoras, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el tercero perjudicado endosatario en procuración en contra del C. Rafael Mendoza Reynosa, y a la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre el embargo de bienes. B) De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial la desposesión que se llegara a dar en mi perjuicio sobre mis bienes, aparentemente por efecto de un embargo indebidamente trabado y que se deriva de un juicio en el que no fui ni soy parte, ni resulta obligación a mi cargo Ahora, el propio quejoso manifiesta en sus antecedentes de manera medular los siguientes: Que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, se presentaron en su domicilio ubicado en calle Circuito ****de esta ciudad tres personas, una identificándose como como actuaria del poder judicial, para llevar a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra de **********, persona a la que iba dirigida la orden de embargo. Ante esto, la quejosa refiere que les manifestó que ese no era el domicilio de *************, por lo que no podía llevarse a cabo la diligencia que ahora reclama, razón por la cual e actuarios se retiró. Asimismo informa que Rafael Méndez Reynoso, le renta dicho domicilio por lo que solo vive ella y su familia. De lo anterior se desprende, como premisa fundamental que el acto del que se duele la quejosa en esta instancia no va dirigido a ésta. De este modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Ahora bien, como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte demandada es una persona diversa a la aquí quejosa; que a aquél es a quien se dirigió la orden de embargo y su ejecución, y por esa razón no sé lesionan sus intereses jurídicos. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo IV, Parte TCC, página 336, que a la letra dice: AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional. Asimismo, resulta aplicable la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Abril de 1992, página 520, que a la letra reza: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es la peticionaria, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable Es cierto que su queja versa en torno al eventual acto de molestia o privativo en el domicilio que aduce es suyo y no del demandado; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, podrá demostrarla en la diligencia que eventualmente pudiera ocurrir, lo que torna al acto reclamado como futuro e incierto, en contra de las cuales es improcedente el juicio de amparo, ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables Asimismo, orienta la tesis V.2º.36 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, página 642, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de rubro: EMBARGO SOBRE BIENES AJENOS, PROBABLE EJECUCION DE. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO. AMPARO IMPROCEDENTE Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio y autorizados. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***zona centro de esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que ************tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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