Ma.Reyes Loredo López

Expediente 454/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
454/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Ma.Reyes Loredo López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de diecinueve de abril de este año, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la quejosa haya interpuesto el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara firme dicho proveído; por tanto, archívese como asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el contenido de la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad del fedatario adscrito para notificar personalmente a la quejosa ***, el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, notifíquese dicha determinación, así como las subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento a lo ordenado, el citado acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, es del tenor siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por ***, por propio derecho, contra los actos reclamados del Secretario de Hacienda y Crédito Púbico, y otras autoridades; regístrese bajo el número 454/2023. Desechamiento. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, se destaca que contra el acto reclamado consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente LOLR650106G16, del índice de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria No. 13 en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos b) y c); y fracciones IV, VII, y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la transcripción anterior se advierte que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de garantías el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia, las cuales son de estricta aplicación como se precisa a continuación: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo y fracción en cita, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. Lo anterior se desprende de la tesis 2a. LVI/2000, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII (Julio de 2000), de la Novena Época, de título y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Así, conviene citar los artículos 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, que establecen: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: - I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 10 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada." "Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda." Asimismo, la ley de la materia prevé en los artículos 125 a 139 lo relativo a la suspensión, por lo que del análisis de los artículos de referencia, se observa que la interposición del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, no exige mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Por tanto, la quejosa, previo acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo local regulado por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, dada la procedencia del mismo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad, lo cual en la especie no acontece, como ya se precisó en párrafos precedentes. En las relatadas condiciones, la quejosa Ma. Reyes Loredo López, se encontraba obligada a cumplir con el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, contra la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós reclamada, previo a acudir a esta instancia constitucional. Sin que pase inadvertido que la quejosa refiere que se ostenta como tercero extraño al procedimiento del que se duele en la presente vía constitucional, sin embargo, toda vez que de sus documentales que adjuntó a su demanda se advierte que presentó escrito de trece de enero de dos mil veintitrés, además impugnó el resultado del análisis oficial practicado por el laboratorio autorizado y habilitado, en relación a la visita y/o inspección número 22-PL-1513-03399-AG, de treinta de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, lo anterior le resta la calidad de tercero con la que se ostenta. Por tanto, este juzgado no advierte motivo por el que la quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa que, como ya se dijo, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el cual constituye un medio ordinario de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 156 del tomo XII correspondiente al mes de julio del 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XX, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por Ma. Reyes Loredo López, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en la demanda que se provee. Por su parte, téngase a las personas que señala únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Transparencia. Con fundamento en los artículos 1, 3, 68, 71 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. "

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta mediante el cual la quejosa Mercedes Reyes Aguilar, solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona el usuario ***; asimismo, autoriza a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la oficial judicial C, encargada del SISE, autorice la consulta electrónica del expediente en que se actúa, así como las promociones en línea al usuario ***. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, se tienen por autorizadas a las personas que señala, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula profesional en el referido sistema.

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