Ma. Remedios Cárdenas Ortíz

Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
767/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Ma. Remedios Cárdenas Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...SE DEJAN A DISPOSICIÓN LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS...DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACUDA DENTRO DEL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS A RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIÓ...ÚNICAMENTE LOS MIÉRCOLES DE 09:30 A 11:30 HORAS....DEBERÁ GENERAR CITA A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL CJF, OBTENDRÁ CÓDIGO CON QUE LE SERÁ AUTORIZADO EL ACCESO AL EDIFICIO PARA LA DILIGENCIA CORRESPONDIENTE...

  2. Principal

    ...VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL...NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO...A LA QUEJOSA...EN CONSECUENCIA, SE ORDENA NOTIFICAR EL REFERIDO PROVEÍDO ASÍ COMO EL PRESENTE AUTO PORMEDIO DE LISTA...Y LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL...HASTA EN TANTO SEÑALE NUEVO DOMICILIO PROCESAL...QUERÉTARO, QUERÉTARO, VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS...Vista la demanda de garantías promovida por . por propio derecho; contra actos del Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 767/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que la parte quejosa señala como reclamado es:  La falta de emplazamiento al juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escritura número 295/2022, del índice Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y como consecuencia de lo actuado en el mismo, el que se le pretenda privar de la posesión y propiedad que dice tener del inmueble ubicado en . Asimismo, la peticionaria de amparo en su de demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, indica a este Juzgado Federal, que del anterior acto reclamado, tuvo conocimiento el veinte de mayo de dos mil veintidós, fecha en se presentó en su domicilio ubicado en ., una persona del sexo femenino, quien dijo ser Actuaria de la Central de Actuarios del Poder Judicial de Estado, buscando al Señor ., por lo que al no encontrarse el mismo, la persona del sexo femenino le hizo saber que su presencia se debía para notificar y emplazar mediante exhorto número 103/2022, del índice del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil de Querétaro, dirigido por el Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, respecto de una demanda de juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escrituras, respecto de la casa ubicada en la ., promovida a favor de ., en contra de .,siendo el expediente 295/2022, confesión expresa que se valora en términos de los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Una vez precisado lo anterior, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, como a continuación se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.- (.)" De igual manera, cabe destacar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el primer párrafo del ordinal referido en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la quejosa del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que la peticionaria de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que la impetrante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, los actos reclamados por la quejosa en esta instancia constitucional, no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata de un acto dictado en un procedimiento civil, relativo al otorgamiento y firma de escrituras, por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que la solicitante de amparo, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que los actos de autoridad que se refutan de inconstitucionales, como ya se dijo, no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que, no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco, se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las relatadas circunstancias, la solicitante de amparo contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual previene tres hipótesis a partir de las cuales inicia a transcurrir el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente en que: a) surta efectos la notificación que se haga al quejoso del acto reclamado; b) en que tenga conocimiento de éste o de su ejecución; c) en que se haga sabedor del mismo. Así, se estima que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b) del párrafo precedente, pues como se advierte del estudio de la demanda la promovente bajo protesta de decir verdad refieren que el veinte de mayo de dos mil veintidós, se presentó en su domicilio ubicado en ., una persona del sexo femenino, quien dijo ser Actuaria de la Central de Actuarios del Poder Judicial de Estado, buscando al Señor ., por lo que al no encontrarse el mismo, la persona del sexo femenino le hizo saber que su presencia se debía para notificar y emplazar mediante exhorto número 103/2022, del índice del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil de Querétaro, dirigido por el Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, respecto de una demanda de juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escrituras, respecto de la casa ubicada en la ., promovida a favor de ., en contra de ., siendo el número de expediente 295/2022. En tales condiciones, se expone tal aserto, pues según quedó asentado el juicio de amparo debe interponerse dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente al en que se tenga conocimiento del acto reclamado, como lo precisa el artículo 18 de la ley de la materia. En consecuencia, si la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veinte de mayo de dos mil veintidós, tomó conocimiento de la existencia del juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escrituras 295/2022 del índice del Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, respecto del bien inmueble que refiere de su propiedad ubicado .; es inconcuso que por lo menos desde el día veinte de mayo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto reclamado, por ende, es dable estimar que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintitrés de mayo al diez de junio de dos mil veintidós, sin contar los días veintiocho, veintinueve de mayo, cuatro y cinco de junio del presente año; por haber sido sábados y domingos, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así las cosas, al haberse presentado la demanda de amparo, hasta el veinte de junio de dos mil veintidós, como se desprende de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 18 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió del veintitrés de mayo al diez de junio de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en los párrafos precedentes. Es aplicable al caso, en lo conducente el criterio contenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página setenta y uno, Primera Parte, Volumen 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 218, del tomo VII, Abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, EFECTOS DE LA. La circunstancia de que el promovente relate los hechos de su demanda bajo protesta de decir verdad, no es suficiente, para tenerlos por acreditados, si es que tales hechos sólo pueden ser apreciados objetivamente, esto es, demostrarse por cualquiera de los medios a que alude el artículo 150 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número 14, visible en la página once, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". De igual forma, es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, visible en la página 235, tomo XI-Junio, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Independientemente de lo anterior, respecto del acto reclamado, se advierte que de igual forma se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal; 5 y 6 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa"; "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Por su parte, el diverso artículo 5º fracción I, de la Ley de la materia señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Ahora bien, como ya se indicó en la especie la quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escritura número 295/2022, del índice Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y como consecuencia de lo actuado en el mismo, el que se le pretenda privar de la posesión y propiedad que dice tener del inmueble ubicado en ., pues refiere ser copropietaria del citado inmueble, a razón de la liquidación de la sociedad conyugal formada con . (demandado en el juicio de origen), dentro del juicio ordinario civil por divorcio incausado . del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar con sede en esta Ciudad. Luego, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. A lo expuesto, son aplicables las tesis números LXVII y LXIII, que respectivamente, establecen: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase. Por tanto, no basta el reconocimiento por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." (Quinta Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVII. Página 320). "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo." (Quinta Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIII. Página 3770). Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el tercero extraño a juicio puede promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. Ahora bien, en la especie la quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escritura número ., del índice Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, respecto del inmueble ubicado en ., respecto del cual la peticionaria de garantías alega tener derechos de propiedad y posesión, a razón de una liquidación de sociedad conyugal de los que se le pretende privar sin haber sido oída ni vencida en el referido juicio. Luego, si de conformidad con el precepto constitucional y de la Ley de Amparo citados en líneas precedentes para la procedencia de la acción de garantías, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y, en la especie, el acto reclamado se hace derivar de lo actuado en el juicio extraordinario por otorgamiento y firma de escritura número ., del índice Juez Tercero de lo Civil de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, señalando la quejosa que hasta el momento dentro de dicho juicio los actos que se han dictado y ejecutado resultan la admisión de la demanda y el emplazamiento al demandado, es evidente que dichos actos no le ocasionan perjuicio a quien se ostenta como tercero extraña a ese procedimiento judicial. Ello es así, porque los actos reclamados consistente en lo actuado hasta el momento dentro del juicio de origen, no causan una afectación real y personal en la esfera jurídica de la quejosa, como es la propiedad y posesión del bien raíz ubicado en ., pues si bien tal bien es materia de la acción proforma intentada, lo cierto es que los actos que dice la quejosa se han dictado y ejecutado en el juicio (admisión y emplazamiento del reo) hasta el momento no afectan tales derechos sustantivos, por tanto no se le ocasiona una afectación real y actual a su esfera jurídica, que exige el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal; 5 y 6 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad pueda promover una nueva demanda de amparo contra algún acto dictado en el juicio natural, que efectivamente afecte la propiedad o posesión que refiere tener la quejosa respecto del bien raíz que defiende en esta instancia constitucional, ya sea un acto dictado dentro del juicio, la propia sentencia definitiva, o bien, la ejecución de sentencia; además de que en el caso a estudio la acción intentada en el juicio natural es una acción personal (acción pro forma). Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV en relación con el diverso 107, de Ley de Amparo, así como la diversa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de la materia; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ., por propio derecho, por notoriamente improcedente. Por otra parte, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene como autorizado de la parte quejosa a ., en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que ve a ., únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerle la totalidad de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo una vez que acredite ante este Juzgado estar autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho). Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en el proemio de su demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, dado el estado de emergencia sanitaria en que se encuentra el País, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual deberán informar su usuario. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico listas de acuerdos a su disposición en la página www.cif.qob.mx para lo cual, dígase, que para la continuación del presente asunto, tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, y al efecto deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo, a fin de habilitar el acceso respectivo; y en caso de que lo solicite también se practiquen las notificaciones en forma electrónica. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Juri Madrigal Paniagua, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido del licenciado Orlando Feregrino Feregrino, Secretario que da fe.

  3. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

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