Ma. Refugio Gaytán Delgado

Expediente 434/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
434/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/05/2018

Partes del expediente

  • Ma. Refugio Gaytán Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio, que suscribe ***** representante legal de la moral quejosa, a través del cual comparece en atención a la prevención formulada por este Juzgado mediante proveído de ****; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso de cuenta, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al respecto conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. Como se aprecia de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es menester que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que precede, se evidencia que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ".el indebido cobro del impuesto predial así como el de Educación y Obras Públicas Municipales, el cual se pretende cobrar de manera inconstitucional en contra de la parte quejosa a través de procedimiento económico coactivo correspondiente." De lo antes narrado se aprecia que la posible instauración del procedimiento económico coactivo, así como su eventual sanción y ejecución es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. En efecto, la accionante del amparo promueve el presente controvertido para evitar la posible sanción y su ejecución, derivada del procedimiento económico coactivo que posiblemente se instaure en su contra; sin embargo, como ya se dijo, tal acto es de naturaleza incierta, toda vez que el hecho de que le hayan notificado que ha omitido el pago del impuesto predial y con motivo de ello tiene que realizar el pago correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se iniciará el procedimiento económico coactivo para su debido cobro, no implica que ello pueda realizarse, pues tal evento se encuentra supeditada a una conducta de la parte quejosa consistente en un hacer o no hacer. Máxime que la peticionaria del amparo, no tiene la certeza de que los actos por los cuales promueve el amparo efectivamente se ejecutarán en su contra, pues únicamente, tiene el temor y lo funda en la notificación que le realizaron a efecto de que acuda ante las oficinas de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, a través de la Dirección de Ingresos de San Juan del Río, Querétaro, a realizar el pago de los impuestos predial y el Educación y Obras Públicas Municipales. De ahí que se considere dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado exista o pueda llegar a existir. Además, no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En ese sentido, se reitera que la promovente del amparo, no tiene la certeza de que los actos que reclama efectivamente se ejecutarán, pues únicamente, tiene el temor y lo funda en el hecho de la notificación que le realizaron a efecto de que acuda ante las oficinas de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, a través de la Dirección de Ingresos de San Juan del Río, Querétaro, a realizar el pago de los impuestos predial y el Educación y Obras Públicas Municipales, con el apercibimiento que de no hacerlo se iniciará el procedimiento económico coactivo para el cobro de dichos impuestos. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Refugio Gaytán Delgado, por su propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 434/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PREVENCIÓN. Ahora bien, derivado del análisis de la satisfacción de los requisitos que prevé el artículo 108, fracciones I, III, y V, así como el numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y con siete copias de traslado, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Aclare el acto reclamado, es decir, precise si lo que desea combatir en esta instancia con motivo de la aplicación de los artículos que tacha de inconstitucionales, lo es; La recepción por parte de la autoridad exactora Municipal de los numerarios por concepto del impuesto predial. O bien, si únicamente reclama el cobro del Impuesto Predial y el de Educación y Obras Públicas Municipales que se pretenden llevar a cabo en su contra, a través de Procedimiento Económico Coactivo correspondiente. APERCIBIMIENTO. Apercibida la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención antes descrita, se tendrá por no presentada la demanda de garantías Al respecto ilustra la tesis perteneciente a la Quinta Época, que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LXII, página 1044, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA. La obscuridad o imprecisión de la demanda de amparo, antes de admitirla, es causa fundada para mandarla aclarar y para desecharla por improcedente si el quejoso no aclara; pero una vez admitida, ese defecto no puede servir de fundamento para sobreseer en el juicio." En relación a lo expuesto cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS." Haciéndole notar al ocursante que deberá acatar en todo momento la protesta de decir verdad, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. En la inteligencia de que deberá ser la directamente la parte quejosa quien cumpla con dicha prevención, dada la responsabilidad penal que pudiera derivar de cuestiones que involucren dicha protesta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauricio Sinecio Flores, Héctor Eduardo García Segura y Dulce Mariana Talavera Rábago, ello en virtud a que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, no así a Claudia María Gutiérrez Urquiza, toda vez que no cumple con los requisitos señalados anteriormente, y como en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a las demás personas que refiere por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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