Ma. Rafaela Ayón Espino
Expediente 1298/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/02/2022
Partes del expediente
- Ma. Rafaela Ayón Espino
- Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo CAUSA ESTADO para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto al incidente de suspensión toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y anexo que acompaña, mediante el cual informa que las autoridades responsables ya emitieron y entregaron el dictamen de pensión de la parte quejosa, por lo que se le dio respuesta congruente a su la solicitud formulada en tal sentido el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por lo que solicita se tenga por concluido el presente asunto. Ahora bien, de la documental que acompañó a su escrito de cuenta, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través de sus integrante expidió a Ma. Rafaela Ayón Espino, el Dictamen de Pensión por Jubilación, como se advierte de la constancia exhibida. Prueba documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable por disposición expresa de su artículo 2º de éste último ordenamiento legal. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la peticionaria de amparo Ma. Rafaela Ayón Espino, destacadamente reclamó de las autoridades responsables Director General y Comité de Vigilancia, ambas del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Director de Administración y Desarrollo Personal de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todas con residencia en Tepic, la omisión de dar trámite y proveer la solicitud que presentó el dieciséis de julio de dos mil diecinueve en el sentido de que se emitiera su dictamen de pensión. Luego, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho precepto legal y fracción invocadas, disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Efectivamente, en el presente caso opera la causal de improcedencia invocada en relación al acto reclamado a las citadas autoridades responsables, toda vez que la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través de sus integrantes, emitieron Dictamen de Pensión por Jubilación a favor de la quejosa Ayón Espino Ma. Rafaela; de lo que se colige que han cesados los efectos del acto reclamado a las mencionadas autoridades. En efecto, este juzgador federal considera que al haberse acreditado que uno de septiembre de dos mil veintiuno las autoridades responsables emitieron el dictamen de pensión por jubilación solicitado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve por la peticionaria de amparo; ello implica que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -once de diciembre de dos mil veinte? la omisión que agraviaba a la peticionaria de amparo quedó subsanada, por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y de esta forma, se encuentran las cosas como si se hubiera concedido el amparo. En mérito de lo expuesto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el atoramiento de la protección de la Justicia Federal". Y, la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, este Juzgado Federal procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Luego, en virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las catorce horas con dieciocho minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y anexo que acompaña, mediante el cual informa que las autoridades responsables ya emitieron y entregaron el dictamen de pensión de la parte quejosa, por lo que se le dio respuesta congruente a su la solicitud formulada en tal sentido el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por lo que solicita se tenga por concluido el presente asunto. Ahora bien, de la documental que acompañó a su escrito de cuenta, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través de sus integrante expidió a Ma. Rafaela Ayón Espino, el Dictamen de Pensión por Jubilación, como se advierte de la constancia exhibida. Prueba documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable por disposición expresa de su artículo 2º de éste último ordenamiento legal. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la peticionaria de amparo Ma. Rafaela Ayón Espino, destacadamente reclamó de las autoridades responsables Director General y Comité de Vigilancia, ambas del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Director de Administración y Desarrollo Personal de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todas con residencia en Tepic, la omisión de dar trámite y proveer la solicitud que presentó el dieciséis de julio de dos mil diecinueve en el sentido de que se emitiera su dictamen de pensión. Luego, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho precepto legal y fracción invocadas, disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Efectivamente, en el presente caso opera la causal de improcedencia invocada en relación al acto reclamado a las citadas autoridades responsables, toda vez que la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través de sus integrantes, emitieron Dictamen de Pensión por Jubilación a favor de la quejosa Ayón Espino Ma. Rafaela; de lo que se colige que han cesados los efectos del acto reclamado a las mencionadas autoridades. En efecto, este juzgador federal considera que al haberse acreditado que uno de septiembre de dos mil veintiuno las autoridades responsables emitieron el dictamen de pensión por jubilación solicitado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve por la peticionaria de amparo; ello implica que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -once de diciembre de dos mil veinte? la omisión que agraviaba a la peticionaria de amparo quedó subsanada, por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y de esta forma, se encuentran las cosas como si se hubiera concedido el amparo. En mérito de lo expuesto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el atoramiento de la protección de la Justicia Federal". Y, la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, este Juzgado Federal procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Luego, en virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las catorce horas con dieciocho minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja 175/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 1298/2020 del índice de este Juzgado. En consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, determinó: "ÚNICO. Se infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y toda vez que resultó infundado el referido recurso de queja, reanúdese el procedimiento del presente juicio de amparo y, para tal efecto se señalan las CATORCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Se reitera el exhorto a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Asimismo, y en el supuesto de que deseen hacerlo de forma verbal el día y hora de la audiencia constitucional, lo deberán informar a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones necesarias para que dicha audiencia sea diligenciada a través de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita, para lo cual deberán atenderse las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por último, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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