Ma. Prisciliana González Rivera

Expediente 680/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
680/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • Ma. Prisciliana González Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    VII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 39 a 42), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia acorde con su artículo 2°, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    VII.- Vista la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito para notificar personalmente a la quejosa Ma. Prisciliana González Rivera, el proveído de dieciocho de mayo del año en cita, por las manifestaciones ahí vertidas. glósese a los autos la que se provee para que surta los efectos legales procedentes y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el contenido de la presente determinación, la de dieciocho de mayo del año en cita y las subsecuentes notificaciones, aún las que tengan el carácter de personal por medio de lista que se fije en este órgano judicial; sin perjuicio de que con posterioridad designe un domicilio diverso donde oír y recibir notificaciones de índole personal en esta ciudad. COMO SE ORDENO SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Téngase por recibidos los oficios de cuenta, por medio de los cuales, el Presidente, por sí y en representación de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como actuarios de su adscripción rinden su informe justificado y remiten copia certificada del laudo de once de mayo, cédula de notificación a la parte actora y demandada de quince de mayo, todas de dos mil diecisiete; del expediente laboral 456/2013. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes rendidos, para que surtan los efectos legales correspondientes; asimismo, por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que anexó la responsable a su informe de ley, dada su propia y especial naturaleza. Ahora de la demanda de amparo advierte que la quejosa reclama la omisión por parte de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje para dictar el laudo correspondiente en el expediente J.29/456/2013; asimismo, del actuario adscrito a la referida Junta la omisión de notificar el laudo dictado en tal juicio laboral. En esa virtud, se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (ocho de mayo del año en curso), existía la omisión, dilación o abstención aducida por la quejosa -dictado del laudo y notificación-, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó el once y quince de mayo de los cursantes, con el dictado del laudo respectivo en el juicio laboral J.29/456/2013 y su respectiva notificación a las partes. Lo anterior pone de manifiesto la actualización la causal de improcedencia plasmada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para la peticionaria de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclaman actos de carácter omisivo (no hacer), relativo al dictado del laudo en el expediente laboral J.29/456/2013 y su notificación; luego, es inconcuso que en un momento histórico determinado, la peticionaria de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe justificado y de las constancias recibidas con el oficio de cuenta, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo segundo; se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía a la impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano, puesto que tanto al informe justificado como a las referidas constancias, acompaña copia certificada del laudo emitido el once de mayo del año en cita en el expediente J.29/456/2013, así como la notificación efectuada a las partes el quince de mayo siguiente. En ese sentido, si la responsable ya dictó el laudo respectivo y los notificó a las partes, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, dictando el laudo que en derecho hubiese correspondido y notificarlo. Así pues, se pone de manifiesto que se destruyeron todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de dictar el laudo en el expediente J.29/456/2013 y notificarlo a las partes; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición a la peticionaria para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, dictar el referido laudo y notificarlo. De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que pudrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, traducido en una omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J.29/456/2013 y su notificación, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al actuario de su adscripción. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el ocho de junio de dos mil diecisiete a las nueve horas con veinticinco minutos. Por otra parte, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en atención al requerimiento formulado en auto admisorio de diez de mayo del actual año (fojas 8 a 12), hace del conocimiento que si localizó asuntos relacionados con el presente juicio de amparo; por tanto téngase por cumplido el requerimiento formulado en tal sentido.

  3. Principal

    5 Toluca, México; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual Antonio Sotelo Becerra en su calidad de perito oficial en materia financiera en el juicio en el que se actúa, solicita a este Juzgado de Distrito, se le expidan copias simples de diversas constancias que obran en autos, así como, que el plazo para emitir el dictamen correspondiente se comience a computar una vez que cuente con las documentales solicitadas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes; y se provee: Como lo peticiona el promovente, con fundamento en los artículos 278 y 279 de la codificación procesal civil citada, mediante oficio que se expida para tal efecto, remítansele las copias que solicita en el comunicado que se atiende. Por lo que hace a su petición en el sentido de que el plazo para emitir el dictamen correspondiente se comience a computar una vez que cuente con las documentales solicitadas, con fundamento en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, se le concede el plazo de diez días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, a efecto de que emita el dictamen en materia de contabilidad requerido en autos. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo establecido; o bien, de no manifestar la imposibilidad que tenga, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Reyna Robles Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    i.- La certificación de cuenta evidencia que la quejosa y la empresa tercero interesada no desahogaron la vista que se les formuló en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (foja 110), a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviene en relación con la forma en que la Jueza Séptimo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa procede a examinar si el fallo protector está cumplido o no. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida al quejoso ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Mediante escrito la quejosa Josefina Feria Rodríguez, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. B) COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA. Ejecutor Adscrito al Juzgado Mixto de Cuantía Menor de El Oro, Estado de México. IV. ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. A) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA. Reclamo la orden de ejecución embargo y de poner en posesión al depositario, de 31 de agosto de 2016, emitida dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 778/2016, respecto del vehículo de mi propiedad consistente en una camioneta de la marca Ford, Tipo Escape, con Serie número WF0CP6A77G1B82842, con placas de circulación NAA-70-84 del Estado de México, Modelo 2016, transmisión automática, motor sin número. B) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA. Se reclama el embargo trabado sobre el vehículo de mi propiedad consistente en una camioneta de la marca Ford, Tipo Escape, con Serie número WF0CP6A77G1B82842, con placas de circulación NAA-70-84 del Estado de México, Modelo 2016, transmisión automática, motor sin número, llevado a cabo el 28 de noviembre de 2016, en el exhorto número 50/2016 diligenciado por el Ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Cuantía Menor de El Oro, Estado de México, derivado del juicio ejecutivo mercantil 778/2016, tramitado ante la Responsable Ordenadora, así como de que se ponga en posesión al depositario nombrado el vehículo de mi propiedad descrito". 2. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 76 a la 85), el suscrito emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a Josefina Feria Rodríguez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo y tercero, en términos del considerando quinto de esta sentencia". 3. Por auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 101 a la 103), causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió al Juez responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a ésta. 4. Ahora, los efectos de la concesión de amparo medularmente son los siguientes: Que en el juicio ejecutivo mercantil de origen (778/2016), el Juez primigenio deje sin efectos el embargo trabado sobre el bien mueble propiedad de la quejosa, consistente en un vehículo de la marca Ford, línea Escape, modelo 2016, color negro, con número de serie WF0CP6A77G1B82842 y así, se respeten sus derechos derivados de la factura NA000000028, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, expedida por GIMSA Automotriz (sucursal Atlacomulco). Ahora, en acatamiento al citado fallo protector, la Jueza Séptimo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante oficio registrado con número de promisión 8571 (fojas 107 a la 109), informó la manera en que dio cumplimiento al fallo protector y para acreditar su dicho, remitió copia certificada del proveído que emitió el veinte de abril de dos mil diecisiete, en autos del expediente 778/2016, de su estadística. De dicha constancia, la cual por ser documento público alcanza pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, se advierte que la Juez responsable mediante proveído de veinte de abril del año en curso (foja 108), realizó lo siguiente: Dejó sin efectos el embargo trabado sobre el bien mueble propiedad de la quejosa, consistente en una camioneta marca Ford, tipo Escape, con número de serie WF0CP6A77G1B82842, placas de circulación NAA-70-84, del Estado de México, color negro y modelo 2016. En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la Juez responsable dejara sin efectos el embargo trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil 778/2016, sobre el bien mueble propiedad de la quejosa, consistente en un vehículo de la marca Ford, línea Escape, modelo 2016, color negro, con número de serie WF0CP6A77G1B82842; y, toda vez que de la constancia de mérito se advierte que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de marras ha quedado cumplimentada en sus términos. Lo anterior, habida cuenta que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, pues se dejó sin efectos el embargo trabado sobre el vehículo de su propiedad respetando con ello sus derechos derivados de la factura NA000000028, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, expedida por GIMSA Automotriz (sucursal Atlacomulco), restituyendo así las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

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