Ma. Petra Velazquez Aleman
Expediente 1513/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Petra Velazquez Aleman
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo que presuntamente promueve ********************, con una copia y cinco anexos que acompaña; contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial con residencia en Cerritos, San Luis Potosí; por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1513/2022-IV. Ahora bien, analizada la demanda de que se trata, se advierte que el escrito que se presenta como original, en virtud de tener éste los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, en el Estado de San Luis Potosí, y el diverso sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, se advierte que no obra la firma autógrafa de la quejosa ********************, sino únicamente su huella dactilar, y ninguna firma a su ruego de persona diversa, que patentice la voluntad del quejoso, de instar a esta instancia federal. En esa virtud, cabe decir que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento al invocado precepto legal, debe decirse que en la especie se surte una causa notoria que hace improcedente el juicio de garantías de que se trata. En esa medida, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia Legislación, y que por su orden señalan: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Así, de conformidad con los preceptos legales de referencia, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Por tanto, atendiendo a que del escrito que se presenta como original de demanda, carece de firma autógrafa de la impetrante, contando únicamente con su huella dactilar, y ninguna firma a su ruego de persona diversa; no se patentiza la voluntad de dicha persona de instar a la acción constitucional de que se trata. En esa medida, cabe resaltar que ambos requisitos en tratándose de la carencia de la firma autógrafa, esto es, la impresión de la huella dactilar y la firma a ruego de la agraviada, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o bien, si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; por lo que ante la ausencia de la firma a ruego, no hay forma de saber si es voluntad de la mencionada persona, promover el juicio que nos ocupa. Al respecto, importa señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, señaló a propósito de la validez de la huella dactilar, en conjunción con la firma a ruego, lo siguiente: "QUINTO. Para resolver la contradicción de criterios, es conveniente señalar: El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como "el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión."(6) De esta definición, se debe resaltar que la demanda es el primer acto dentro de un proceso; situación que coincide con el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se señala que: "La demanda expresará: ... III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa; ...", de lo que se colige que la demanda no sólo es el primer acto dentro del juicio, sino que es el acto esencial que marca el inicio de un proceso. En consecuencia, se aprecia que con la demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, pues en caso de no ejercer una acción, se estaría frente a una jurisdicción voluntaria o acto prejudicial; o bien, si se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuera judicial, se estaría ante una interpelación extrajudicial. Además, del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se aprecia otro elemento de la relación jurídica procesal, iniciada con la demanda, el cual es el demandado; por tanto, no basta que una reclamación se formule ante una autoridad jurisdiccional con la intención de ejercer una acción, ya que ésta debe estar dirigida a una persona física o jurídica. De lo anterior, podemos concluir que la demanda es el acto procesal en virtud del cual, una persona física o jurídica, que se constituye como actora, inicia el ejercicio de una acción contra otra, la cual se constituye como parte demandada y a quien se le exige, ante una autoridad judicial, el cumplimiento de ciertas prestaciones. Ahora bien, el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto es hacer reales, eficaces y prácticas las garantías establecidas en la Constitución, con lo que se busca proteger a los individuos de los actos de las autoridades, sin distinción de rango, cuando violenten sus derechos fundamentales. El juicio de amparo o de garantías está regulado por la Carta Magna y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. Es así que el juicio de garantías es un medio de control constitucional jurisdiccional del sistema jurídico mexicano, en adición a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional; pero a diferencia de estas dos, el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad. Por tanto, el juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contienda entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que ha afectado los derechos del promovente, garantizados en la Constitución. De lo anterior, se infiere que el agraviado o quejoso asume el papel de actor en la controversia y la autoridad designada como responsable interviene como demandada; la materia de la controversia es el acto concreto u omisión de la autoridad, que el interesado considera lesivo de sus garantías individuales. Así, se puede concluir que el juicio de amparo, en concreto, el indirecto, por su forma y contenido, es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un Juez de Distrito con una demanda, que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trate, por lo que se debe precisar el nombre del particular que impugna el acto, a quien se le denominará quejoso, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren dicha violación, lo que se conoce como conceptos de violación. Con la presentación de la demanda, se entiende que quien la promovió tiene interés en que el órgano jurisdiccional dicte una resolución favorable a su pretensión; por tanto, acorde a lo señalado en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que no opera de manera oficiosa, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales lo permita. En estas condiciones, se colige que sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de garantías, y la firma o huella digital es lo que da expresión a la voluntad del interesado para realizar cualquier promoción o acto y es lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, un escrito sin firma o huella digital es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, por lo que, en consecuencia, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca del fondo o contienda. Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. De lo precisado deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que sería tenerla por no presentada. Ahora bien, el requisito indispensable de la firma de quien formula una promoción o demanda, tiene dos excepciones: una, cuando el promovente no sabe firmar y otra, cuando no puede firmar. Un camino para solventar tal solución es la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona. Para mejor comprensión, debe señalarse que la firma cumple dos funciones diferenciables: a) Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. b) Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad, esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento. En consecuencia, al realizar la suscripción de un documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también el suscriptor o signante que quiere efectuar una declaración de voluntad. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su respectivo rubro dicen lo siguiente: "FIRMA, PROMOCIONES SIN."(7) y "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE."(8) Por otra parte, nos debemos cuestionar lo siguiente: ¿puede la impresión de la huella digital cumplir la doble función que se asigna a la firma? a) Función individualizadora. En este aspecto, se puede sostener que la impresión de la huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas permiten afirmar que no hay dos personas que posean idénticas huellas dactilares; en cambio, los caracteres de la letra pueden ser imitados y, en algunos casos, podrá resultar difícil al perito, decidir sobre la autenticidad de una firma. Por lo anterior, se podría afirmar que la impresión de la huella digital puede cumplir, mejor que la firma, la función individualizadora; sin embargo, eso no es suficiente para reemplazarla, pues para ello sería menester que también sirviera para expresar la voluntad del sujeto. (Este resaltado fue agregado) Efectivamente, la impresión de la huella digital no puede suplir la falta de firma del interesado, pues si bien es señal insuperable de identificación e implica absoluta seguridad respecto a la persona de quien emana, no sirve como prueba de voluntad, que es la misión fundamental de la firma, puesto que quien pone su impresión digital es persona que -por regla general- no sabe firmar y, por tanto, no sabe leer. Ahora bien, ¿cómo se podría asegurar que la persona ha querido realmente expresar o aceptar las declaraciones que contiene un documento? b) Expresión de voluntad. Como se dijo en el inciso anterior, respecto de la exteriorización de la voluntad, es donde falla la pretendida asimilación de la impresión de la huella digital. La causa más frecuente de que una persona se encuentre impedida de colocar su firma en un documento, como ya se precisó, es que no sabe leer ni escribir y, por lógica consecuencia, ignora el contenido de un documento. Si el sujeto desconoce la declaración de voluntad del documento, haría mal en hacerla suya por el solo hecho de colocar una de sus huellas dactilares en el documento, ya que eso sólo servirá para demostrar que ha tenido contacto físico inmediato con la hoja en que se encuentra la manifestación de voluntad, pero de ninguna manera probará que ese contenido es expresión de la propia. De lo señalado, se infiere que la impresión de la huella digital es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad; por tanto, en ningún caso puede suplir a la firma. Hecho referencia a lo anterior, ¿qué opción tiene el sujeto analfabeto o impedido de firmar, para documentar una declaración de voluntad? Diversas disposiciones han previsto una solución, ya que admiten que si una persona no sabe o no puede firmar, debe imprimir su huella digital y solicitar a otra que lo haga en su lugar; esto es lo que se conoce como firma a ruego, que consiste en la posibilidad de que otra persona, distinta de la interesada, suscriba el documento a petición o instancia de aquel que no sabe o no puede firmar un documento. En específico, la fracción I del artículo 1055, así como la IX del diverso 1390 Bis 11, ambos del Código de Comercio, refieren: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas: "I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en idioma español; fácilmente legibles a simple vista, y deberán estar firmados por los que intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando éstas circunstancias; ..." "Artículo 1390 Bis 11. La demanda deberá presentarse por escrito y reunirá los requisitos siguientes:... "IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias." Por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su numeral 114, señala: "Artículo 114. Las declaraciones serán asentadas literalmente, a medida que se vayan produciendo, y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por la Secretaría, en caso contrario. "Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni lo otro, firmará sólo el tribunal y hará constar esta circunstancia." También, en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se destaca: "Artículo 15. La administración pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. "Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. "El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos." Circunstancia similar se precisa en el numeral 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Artículo 4o. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego. "Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el Magistrado instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados, al admitir la demanda." Como se puede ver, estas disposiciones han incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no puede firmar, añadida al imperativo de colocar su impresión dactilar en el documento, lo que permite su individualización. (Este resultado fue agregado). Además, debe precisarse que de la misma manera, diversas legislaciones del fuero común, también contemplan la impresión de la huella digital, en caso de que alguna de las partes no sepa o no pueda firmar. Tal exigencia tiende a cumplir las dos funciones que tiene la firma expresa del interesado, esto es, la individualización y la expresión de voluntad, con lo cual se establece la identificación de quien imprime su huella digital y la prueba de su voluntad que, como se precisó, es la misión fundamental de la firma. En los dispositivos señalados en los párrafos anteriores, el legislador equiparó el supuesto relativo a la exigencia de la firma con los requisitos de huella digital y firma a ruego para quien no sabe o no puede firmar. En esos casos, no cabe la prevención ni la cita o requerimiento a quien formule la promoción, por tratarse la firma de un requisito o condición esencial para la existencia de la demanda; por tanto, también debe concluirse que cuando se imprime la huella digital y alguien firma a ruego de quien no sabe o no puede hacerlo, se está cumpliendo con el requisito esencial de existencia de la demanda. Efectivamente, cuando se cumple el requisito de la huella digital, queda acreditada la presencia de la persona interesada y, con la firma a ruego, se demuestra que quiso hacer suyo el contenido del documento respectivo. En tal supuesto, no cabe la prevención o requerimiento al interesado "a reconocer la firma", que no ha otorgado, ni tampoco "a reconocer la impresión de la huella digital", pues normalmente ninguna persona está capacitada para determinar si las huellas dactilares le pertenecen o no. En este sentido, es de concluir que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del quejoso o promovente que no sabe o no puede firmar. En abundancia, debe precisarse que el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, señala: "En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles..." De lo anterior, se puede apreciar que para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que contra el mismo se interponga, se debe atender a la relación que guardan tales leyes con dicho acto. Es decir, las leyes que rigen al acto son aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, ya sea porque establecen su instauración o determinan su creación, lo desarrollan, precisando sus efectos y terminación, así como también los medios o instrumentos que se tienen al alcance de los gobernados para impugnarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Por tanto, si existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, entonces, de acuerdo a lo precisado por el numeral 12 de la Ley de Amparo supra citado, también se deberá ser acorde con las leyes de las que emanó el acto reclamado. Esto es, si no se señalan mayores requisitos cuando una de las partes, al no saber leer ni escribir, imprime su huella digital y alguien firma a su ruego, entonces la propia Ley de Amparo no puede establecer exigencias mayores a las señaladas en las leyes de las que emana el acto reclamado, de lo que se sigue que se debe admitir la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales de los establecidos en éstas. Además, debe precisarse que del análisis sistemático del contenido del artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, claramente se desprende que las condiciones impuestas por el numeral para desechar la demanda de garantías, son: a) que haya una irregularidad en su contenido, b) omisión de alguno de los requisitos que se señalan en el artículo 116 de la Ley de Amparo, c) que no se indique con precisión el acto de autoridad reclamado y d) que no se exhiban las copias necesarias. Entonces, si no se encuentra previsto el requerimiento de ratificación de la huella digital, cuando viene acompañada de firma a ruego, en alguno de los supuestos supra indicados, resulta evidente que esto contraviene las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional. Cabe agregar que las exigencias establecidas en el artículo 146 son de carácter limitativo, no ejemplificativo y, por tanto, no es jurídicamente posible, en ninguna circunstancia, exigir a los peticionarios de garantías mayores requisitos para la admisión de su demanda, que aquéllos establecidos en la misma Ley de Amparo. En síntesis, de lo precisado en los párrafos precedentes se puede concluir lo que a continuación se señala: a) La firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene. b) La huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pero no es suficiente para reemplazar la firma, ya que no sirve como prueba de voluntad. c) La firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar. d) Existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, por lo que si la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 12, señala que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la Ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, entonces la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no puede establecer exigencias mayores a las señaladas en dichas leyes, por lo que se debe admitir la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales. e) Del análisis sistemático de las exigencias establecidas para la admisión de la demanda en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se desprende que no se encuentra previsto el requerimiento de ratificación de la huella digital, cuando viene acompañada de firma a ruego, por lo que resulta evidente que su exigencia contraviene las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional. Las anteriores consideraciones dieron paso a la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 2333 del libro IV, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2012, Décima Época, con registro digital 2000079, que indica: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y deperfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial. Por ende, si acorde a lo fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que se transcribió y que este órgano hace suya; si la firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene, y que la huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pero no es suficiente para reemplazar la firma, ya que no sirve como prueba de voluntad, siendo que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar; cabe concluir que la falta de firma a ruego del promovente, permite considerar que en el caso, no existe prueba de voluntad de las personas antes mencionadas, para instar a este órgano de control constitucional. Por su parte, debe decirse que el Código Civil del Estado, en su artículo 19.8 dispone lo siguiente: Artículo 19.8.- La persona que no sepa o no pueda firmar o escribir, estampará cuando menos como medio de identificación, su huella digital, debiendo hacerlo ante dos testigos o ante fedatario público. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, únicamente contiene una huella dactilar y carece del signo autógrafo del testigo que firma a ruego que exteriorice la voluntad del promovente a que se ha hecho referencia; y dado que por disposición de artículo 5°, fracción I, y 6º de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Finalmente, tal y como se advierte del contenido íntegro de su ocurso de cuenta, la parte promovente reclama el emplazamiento llevado a cabo en el expediente ********************, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, promovidas por ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial con residencia en Cerritos, San Luis Potosí; por lo cual, hágasele saber que se dejan a salvo los derechos de parte legitima, para que se haga valer lo que en derecho corresponda. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia legislación; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que con los datos proporcionados no se advierte registro alguno de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente a la parte promovente en el domicilio señalado para tal efecto.
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