Ma. Paz Olivia Rivera

Expediente 499/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Ma. Paz Olivia Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 161 y 162), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 171 y 172). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós, este órgano colegiado concedió a Ma. Paz Olivia Rivera, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el laudo impugnado. 2. Emita otro en el que: a) Reitere las siguientes determinaciones: i. La absolución decretada en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Sección Sindical 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; ii. La existencia de la relación laboral entre la trabajadora y el Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala"; iii. El puesto de la actora como auxiliar administrativo: iv. Las actividades realizadas al ejercer dicho cargo; v. La jornada de trabajo en que se desempeñó; y vi. El salario percibido de tres mil ciento veinticuatro pesos ($3,124.00), quincenales. Lo anterior pues no existió controversia sobre tales determinaciones, ni se advierte queja alguna que suplir en favor de la quejosa principal. b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine de manera fundada y motivada si la actora se desempeñó o no en un cargo de confianza, debiendo explicar por qué para llevar a cabo sus funciones, la trabajadora debía manejar fondos o valores, con vista en las pruebas aportadas. En caso de que concluya que la misma no laboró en un puesto de esa categoría, entonces deberá resolver si procede o no la reinstalación, el pago de salarios caídos, así como las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, despensa anual, vales de despensa anual, estímulo anual, asistencia perfecta, estímulo trimestral, vales de productividad anual, bono estatal, bono sexenal, día de la madre, día del trabajador y fondo nacional del ahorro capitalizable, que se reclamaron por el tiempo que durara el juicio de origen. c) Se pronuncie respecto de la prestación consistente en el pago de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos en que fue reclamada en la demanda laboral." (foja 104). Del examen de las constancias que remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el uno de diciembre de dos mil veintidós, dictó un nuevo laudo, en el que dejó insubsistente el diverso de treinta de junio anterior, y: a) Reiteró las siguientes determinaciones: i. La absolución decretada en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Sección Sindical 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (fojas 142 vuelta a 147). ii. La existencia de la relación laboral entre la trabajadora y el Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala". iii. El puesto de la actora como auxiliar administrativo. iv. Las actividades realizadas al ejercer dicho cargo: -controlar los vales de gasolina, realizar inventarios del mobiliario y del equipo médico; y, registrar el material que se daba como apoyo a los programas solicitados-. v. La jornada de trabajo en que se desempeñó: -comprendida de las nueve a las quince horas con treinta minutos de lunes a viernes de cada semana, descansando los días sábados y domingos- (fojas 141 vuelta y 142). vi. El salario percibido de tres mil ciento veinticuatro pesos ($3,124.00), quincenales (fojas 147 vuelta y 148). b) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, de manera fundada y motivada analizó si la actora se desempeñó o no en un cargo de confianza, determinando: "Ahora bien, como se ha señalado para determinar si la actora desempeñó funciones de las consideradas como de confianza, en primer término, debe de atenderse a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el cual, el legislador domestico (sic) estableció el parámetro para clasificar a los servidores públicos de confianza. Así, de dicho precepto destaca que, serán considerados servidores públicos de confianza quienes desempeñen funciones que impliquen; "el manejo de fondos y valores" debiéndose entender dicha concepción legal como: el resguardo y administración del conjunto de bienes que posee una dependencia pública. En ese sentido, como ya se mencionó, la; confesión expresa por parte de la actora, nos permite establecer que una de las funciones desempeñadas por la servidora pública fue la consistente en: "controlar los vales de gasolina". Como conclusión, debe apuntarse que, si la actora era la encargada de controlar los vales de gasolina de la entidad demandada, es evidente que la misma encuadra en la porción legal que se ha mencionado; pues dichos bonos son parte del patrimonio con el que cuenta la entidad enjuiciada, por lo tanto, no existe duda de que la actora era la encargada de manejar dichos fondos y valores. Además de las funciones relatadas la actora confesó expresamente que realizaba: "Inventarios del mobiliario y del equipo médico"; función que al igual que la anterior implica el manejo de fondos, pues el mobiliario y equipo, médico forman parte de los bienes patrimoniales de la entidad pública enjuiciada. Los argumentos recién plasmados ponen en evidencia que, para desempeñar sus funciones era necesario que el responsable de la relación de trabajo depositara su confianza en la actora, pues ésta tenía a su cargo el correcto manejo de los vales de gasolina, del equipo y del inmobiliario médico, función que no puede recaer sobre cualquier servidor público puesto que, de ser así, se encontraría en riesgo el patrimonio de la entidad demandada. En ese sentido resulta claro que la-actora del presente juicio, al desempeñar una de las funciones establecidas en la legislación burócrata, debe de ser considerada como servidora pública de confianza. La determinación recién establecida encuentra sustento en la Jurisprudencia I.9o.T., ,J/2 (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Laboral página: 2122 Registro: 2013642; la cual, en su rubro y texto señala: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. BASTA QUE DESARROLLEN ALGUNA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 5º., FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, PARA SER CONSIDERADOS; CON ESE CARÁCTER." (se transcribe). En otro orden de ideas al ser servidora pública de confianza no le resultaría aplicable la Ley. Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en términos del artículo 5 citado, por lo que no hay que pasar por alto que la legislación ordinaria debe interpretarse de manera amónica con la Carta Magna; esto es, entre varios sentidos posibles de una norma secundaria se optará por aquel que más coincida con el texto constitucional; sobre este principio al respecto se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a, XCII/2007, de rubro y texto; "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN." (se transcribe). Por otro lado, los artículos de la legislación burocrática en estudio deben ser interpretados a la luz del numeral 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé una serie de prerrogativas fundamentales de las que gozaran los trabajadores del Estado, así pues se hará referencia del contenido de esta disposición fundamental, para arribar a la interpretación correcta que corresponde a los artículos 1 y 5 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el dispositivo legal 128, apartado B, de la Carta Magna, de los cuales enuncia los derechos de los trabajadores al servicio del Estado considerados de confianza. Según su texto, se desprende que en las primeras doce fracciones serán aplicables a los empleados de base, y en cambio, la fracción XIV, dispone que los de confianza sólo disfrutaran de las medidas de protección al salario y de seguridad social; es decir, se limitan exclusivamente a los derechos de estos últimos, en virtud de que únicamente contarán con dichos beneficios. De lo anterior tiene aplicación la tesis P.LXXIII, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA "FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123"CONSTITUCIONAL. (se transcribe). Así como la Jurisprudencia, Novena Época, Registro: 170891, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, noviembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis: 2a./J, 205/2007, página: 206. "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123 APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." (se transcribe). Bajo ese contexto debe decirse que los servidores públicos de confianza aI servicio del Estado no gozan constitucionalmente del derecho de estabilidad en el empleo y por ende, no pueden reclamar las prestaciones que deriven directamente de dicha prerrogativa, tales como la reinstalación o la indemnización constitucional; empero, no se ignora el hecho de que en determinadas normatividades burocráticas estatales, se pudiera conferir el destacado derecho; las legislaturas locales son las facultadas para legislar en el marco de los derechos fundamentales, incluso ampliándolos en beneficio del trabajador; sin embargo, el que la ley burocrática omita establecer dicha prerrogativa, ello no implica que los servidores públicos de confianza carezcan de derecho alguno, ya que si bien es cierto no gozan de la estabilidad en el empleo, sí cuentan con el derecho de la protección al salario y de seguridad social, al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia 2ª./J204/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PRGTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL." (se transcribe). Por lo que se concluye que, el juzgador tiene la obligación de verificar la existencia de las normas complementarias que prevean o de las cuales deriven las funciones enunciadas en el referido diverso 5, y esto se determina si es o no trabajador de confianza, asimismo y toda vez que solicitó como prestación principal la indemnización constitucional, por haber sido despedida injustificadamente, sin embargo, en el caso de los trabajadores de confianza constitucionalmente no les corresponde ese derecho, por ser contrario a lo establecido en la fracción III del apartado B del artículo 123 constitucional. Por tanto se concluye que el tribunal laboral tiene la obligación en todo momento de examinar los hechos a conciencia para determinar si el actor probó su acción ejercitada, por lo que con fundamento en términos del Artículo 146 de la ley laboral burocrática, en la cual se establece que los laudos que emita este tribunal deberán ser dictados a verdad sabida, buena fe guardada y precisando los hechos en conciencia y partiendo de una interpretación sistemática de las normas que regulan a trabajadores de confianza; Se establece que Ma. Paz Olivia Rivera se desempeñó y realizó funciones de servidora pública de confianza, por tal motivo no goza de la estabilidad en el empleo. En conclusión, debe apuntarse que, si bien es cierto en el considerando anterior del presente laudo se estableció que un punto de estudio sería dilucidar la procedencia de la acción (reinstalación) reclamada por la actora, cierto también resulta que, dado el resultado del estudio realizado en el presente considerando, en el que se ha determinado que la actora del presente juicio carece de estabilidad en el empleo sería ocioso e innecesario avocarse a determinar dicho punto, pues como ya se dejó en claro, la servidora pública carece de derecho para reclamar la reinstalación y el pago de salarios caídos. En ese sentido, es de absolver y se absuelve al demandado Organismo Público Descentralizado "O.P.D. Salud Tlaxcala" de reinstalar a Ma. Paz Olivia Rivera, así como, de pagar cantidad alguna por concepto de salarios caídos." (fojas 152 a 155). c) Respecto de la prestación consistente en el pago de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos en que fue reclamada en la demanda laboral, determinó: "Ahora bien, respecto a las aportaciones retroactivas patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo de Ahorro Capitalizable; es importante señalar lo siguiente: En primer término, es importante acudir a lo establecido en el artículo 123, apartado "B", fracción XI; el cual, en su contenido literal señala: (se transcribe). Como puede advertirse, el ánimo del constituyente estribó en otorgar los beneficios de la seguridad social a los servidores públicos, estableciendo para ello, las bases mínimas que las entidades gubernamentales tendrán que atender a efecto de que sus trabajadores puedan gozar de dichas prerrogativas de índole médico, social y cultural. Para robustecer lo anterior, es conveniente traer a colación el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual en su texto establece: (se transcribe). Evidenciado que ha sido lo anterior, es importante establecer que para el efecto de que los servidores públicos puedan gozar de los beneficios que otorga la seguridad social, es menester que los responsables de las relaciones laborales, además de realizar los trámites administrativos concernientes a la inscripción de sus empleados a la institución que brinda la seguridad social, realicen el pago de las aportaciones correspondientes. Lo anterior, se corrobora con el contenido del diverso 46, fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual para su debido entendimiento en seguida se inserta: (se transcribe). Luego, al estar establecido en el precepto recién citado que las aportaciones de seguridad social se harán en términos que fijen las leyes, es necesario traer a colación el contenido de los artículos 1, 18, 28 y 29 de la vigente Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Como puede advertirse del articulado recién expuesto, una parte del patrimonio de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, se integra con las aportaciones que realicen las entidades públicas, así como el descuento que éstas hagan al salario de sus servidores públicos, es decir, dicha integración es de forma bipartita. Por lo tanto, a efecto de que la servidora pública pueda gozar los beneficios que otorga el referido organismo público descentralizado, el responsable de la relación laboral deberá realizar las aportaciones correspondientes al 18% del salario base del actor; de la misma forma, la actora deberá aportar el 12% de dichos estipendios. En la inteligencia que las aportaciones deberán ser cubiertas únicamente por el periodo en el que la actora se desempeñó como servidora pública, esto es del uno de marzo de dos mil once al dos de junio de dos mil catorce. Asimismo, es importante precisar que una vez que se realicen los trámites administrativos necesarios para la inscripción de la actora, y se realicen las aportaciones a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, deberá, en el ámbito de sus facultades, inscribir y reconocer las aportaciones del actor del presente juicio. Con lo anterior, queda en evidencia la improcedencia del reclamo realizado por la actora, pues como se ha expuesto el organismo encargado de brindar seguridad social a los y las servidoras públicas lo es Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no así el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;-además en su artículo 1, fracción VIII, se estableció lo que enseguida se cita: (se transcribe). Así, queda en evidencia que es el Instituto de Seguridad y Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado puede brindar seguridad social a los servidores públicos de las entidades federativas, siempre y cuando exista un convenio, del cual no existe constancia en autos. Conforme con lo anterior, es de absolver y se absuelve al Organismo Público Descentralizado "O.P.D. Salud Tlaxcala" de realizar en favor de Ma. Paz Olivia Rivera, las aportaciones retroactivas patronales al Instituto de Seguridad y Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de Ahorro Capitalizable." Misma suerte corren las prestaciones denominadas: vacaciones, prima vacacional, despensa anual, aguinaldo, vales de despensa anual, estimulo anual, asistencia perfecta, estimulo trimestral, vales de productividad anual, bono sexenal, día de la madre, día del trabajador; y, fondo nacional del ahorro capitalizable (FONAC), puesto que tal y como se advierte del escrito de demanda, la actora reclamó el pago de las mismas por todo el tiempo que duró el presente juicio, sin embargo, para declarar la procedencia por el periodo indicado, era menester declarar en un primer momento la procedencia de la acción de reinstalación ejercida, pues como es bien es sabido, dicha acción tiene como finalidad la continuación de la relación de trabajo, como si ésta nunca se hubiera interrumpido, incluyendo, por supuesto, el goce y disfrute de todas y cada una de las prestaciones laborales que percibía la actora antes del despido, por tal motivo al declararse la improcedencia del reclamo principal debe absolverse y se absuelve al Organismo Público Descentralizado "QPD Salud de Tlaxcala." (fojas 156 a 158). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de cinco del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada del laudo de uno del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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