Ma Patricia Vega Puente

Expediente 1530/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1530/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Ma Patricia Vega Puente

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d, de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Notifíquese; personalmente al quejoso y asesor jurídico; mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Se notifica a la quejosa, el auto. Agréguese a sus antecedentes, con vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y actuarios de su adscripción, con residencia en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 1/956/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "III. ACTOS RECLAMADOS: A la autoridad señalada como Responsable Ordenadora le Reclamo, la omisión a pronunciarse en el Juicio Laboral número 1/956/2015, mediante los acuerdos por escrito y mandar hacerlo conocer en breve a la suscrita peticionaria, respecto a mis transcritas instancias de fechas 17 de Octubre y 05 de Noviembre del año 2018. Así como le reclamo SU CONSECUENTE NEGATIVA A PROSEGUIR con el procedimiento legal de notificaciones del Laudo de fecha 21 de Septiembre del año 2017, (esto es desde hace trece meses, veinte días a la fecha), con flagrante violación a mis Derechos humanos según mis conceptos de Violación que enseguida hago valer. A la autoridad Ejecutora CC. Actuarios adscritos a la Ordenadora, en su caso la omisión de la debida notificación personal, de los proveídos que deben recaer a mis anteriores peticiones, por vicios propios en su cumplimentación y al hallarse vinculados sus Actos con los de la Autoridad Responsable Ordenadora ello en términos de los Artículos 1°, 8°,14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; ello, porque de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, obran los proveídos de veintinueve de octubre y cinco de noviembre del año en curso, mediante los cuales se proveyó lo conducente respecto a los escritos presentados por la parte quejosa el diecisiete de octubre y cinco de noviembre de esta anualidad, lo anterior en los autos del expediente laboral 1/956/2015. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión por parte de la autoridad responsable de proveer respecto a los escritos de diecisiete de octubre y cinco de noviembre del año en curso, por tanto, esa inactividad ha cesado, lo anterior, en virtud de que la responsable dictó los proveídos de veintinueve de octubre y cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del expediente laboral 1/956/2015, documentales a las cuales se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Es indudable que resulta dable determinar que han cesado sus efectos, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de emitir resolución; de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por Ma. Patricia Vega Puente, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, aclarando la demanda de amparo, en los términos en que le fue solicitado. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115, 117, 125, 142 y 147 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve Ma. Patricia Vega Puente, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 1530/2018-X, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requiérase a las responsables rindan su informe justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedoras a una multa equivalente a ..., esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, con la prevención de que en caso de ser omisas al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 115 de la ley en la materia, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Respecto al emplazamiento de los terceros interesados Engordadora Granja la Amistad Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada y Servicios Administrativos Pilgrim's Pride Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, este juzgado se reserva su emplazamiento hasta en tanto obren en autos las constancias de las que deriven los actos reclamados. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordenan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Dése al agente del Ministerio Público de la adscripción la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda que se provee en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la propia ley. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

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