Ma. Olimpia González Lizarde

Expediente 991/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 96 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2020
Año
2020
Actuaciones
96
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Ma. Olimpia González Lizarde
  • Magistrados de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 96.

  1. Principal

    Se ordenó la formación de once cuadernos de pruebas, se ordena devolverlas...

  2. Principal

    *Se estima que la autoridad acato el mandato constitucional. Archívese el expediente como asunto concluido. El presente asunto es susceptible de conservación. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. El original del incidente de suspensión, es conservable, por el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto; y, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión, se destruirá transcurridos seis meses...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso B) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte TERCERO INTERESADO NOTARIO PUBLICO NUMERO 69 DE GUADALAJARA VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ, el contenido del acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, mismo que en síntesis dice: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados con las constancias aportadas por la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo les fue notificado a la quejosa en catorce de septiembre siguiente, terceros interesados Sandra Rodríguez Llamas y Notario Público número 69 de Guadalajara, Jalisco, en veinte de septiembre del año en curso y sucesión intestamentaria a bienes de Elías Limón Limón, por conducto de su albacea Magdalena Sofía Limón González en catorce de septiembre de dos mil veintitrés; por lo que el término de tres días que se les otorgó para que desahogara esa vista, transcurrió para el último de los notificados del veintidós al veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, lo que se aprecia de las constancias de notificación correspondientes, sin que hubieran evacuado la vista otorgada. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.].el Juez Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: -"Deje insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil cinco, en el que se admitió la demanda promovida por la aquí tercera interesada Sandra Rodríguez Llamas, en el juicio ordinario civil 832/2005 y ordene dar intervención a la aquí quejosa Ma. Olimpia González Lizarde, por conducto del albacea de su sucesión designado en el juicio sucesorio 1623/2021, tramitado ante el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. -Asimismo, por lo anterior, en vía de consecuencia, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, deje insubsistente todo lo actuado en el toca civil 611/2007; y, en vía de consecuencia: -El Director de Catastro del Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco y el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, delegación Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dejen insubsistentes las inscripciones realizadas respecto del inmueble denominado La Cantera y ubicado en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, el cual cuenta con una superficie aproximada de 1-30-00 (una hectárea, treinta áreas), derivados de la tramitación del juicio civil 832/2005." Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las autoridades por el cumplimiento al fallo protector. Luego, por autos de uno, cinco y doce, todos de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Presidente y la Secretaria, ambos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado de Jalisco, Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco y Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la propiedad y de Comercio, con residencia en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por medio de los cuales informaron respectivamente, que en fecha de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado dentro del toca de apelación 611/2007; que ordenó dejar insubsistente lo actuado a partir del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil cinco y ordenó nuevamente emplazar a la sucesión a bienes de Ma. Olimpia González Lizarde en el juicio 832/2005 y que realizó la cancelación del folio número 5017404, que ampara el predio rustico denominado "LA CANTERA", acatando así los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la autoridad acato el mandato constitucional; cumpliendo así con lo exigido en la ejecutoria. Archívese el expediente como asunto concluido, en términos del cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Ahora bien, en atención al artículo 15 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, vigente a partir del ocho de junio siguiente, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y gestión ambiental, no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o bien, relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, no trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no se generó por el Pleno de Circuito, no versa sobre materia agraria y no integró jurisprudencia o tesis aislada. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el diverso artículo 17, fracción III inciso a), del Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede, el presente asunto es susceptible de conservación, en virtud de que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, el órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Por otro lado, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se considera que el original del incidente de suspensión, es conservable, por el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto; y, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión, se destruirá transcurridos seis meses, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General, se previene a las partes quejosa y terceros interesados, para que acudan a este Juzgado Federal, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución de los documentos originales que hubieran exhibido en este expediente, apercibidos que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 263, fracciones I y II, así como el sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforman, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, omítase la impresión y glose al expediente físico de este acuerdo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA MA OLIMPIA GONZALEZ LIZARDE, el contenido del acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, mismo que en síntesis dice: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados con las constancias aportadas por la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo les fue notificado a la quejosa en catorce de septiembre siguiente, terceros interesados Sandra Rodríguez Llamas y Notario Público número 69 de Guadalajara, Jalisco, en veinte de septiembre del año en curso y sucesión intestamentaria a bienes de Elías Limón Limón, por conducto de su albacea Magdalena Sofía Limón González en catorce de septiembre de dos mil veintitrés; por lo que el término de tres días que se les otorgó para que desahogara esa vista, transcurrió para el último de los notificados del veintidós al veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, lo que se aprecia de las constancias de notificación correspondientes, sin que hubieran evacuado la vista otorgada. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "el Juez Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: -"Deje insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil cinco, en el que se admitió la demanda promovida por la aquí tercera interesada Sandra Rodríguez Llamas, en el juicio ordinario civil 832/2005 y ordene dar intervención a la aquí quejosa Ma. Olimpia González Lizarde, por conducto del albacea de su sucesión designado en el juicio sucesorio 1623/2021, tramitado ante el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. -Asimismo, por lo anterior, en vía de consecuencia, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, deje insubsistente todo lo actuado en el toca civil 611/2007; y, en vía de consecuencia: -El Director de Catastro del Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco y el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, delegación Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dejen insubsistentes las inscripciones realizadas respecto del inmueble denominado La Cantera y ubicado en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, el cual cuenta con una superficie aproximada de 1-30-00 (una hectárea, treinta áreas), derivados de la tramitación del juicio civil 832/2005." Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las autoridades por el cumplimiento al fallo protector. Luego, por autos de uno, cinco y doce, todos de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Presidente y la Secretaria, ambos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado de Jalisco, Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco y Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la propiedad y de Comercio, con residencia en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por medio de los cuales informaron respectivamente, que en fecha de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado dentro del toca de apelación 611/2007; que ordenó dejar insubsistente lo actuado a partir del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil cinco y ordenó nuevamente emplazar a la sucesión a bienes de Ma. Olimpia González Lizarde en el juicio 832/2005 y que realizó la cancelación del folio número 5017404, que ampara el predio rustico denominado "LA CANTERA", acatando así los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la autoridad acato el mandato constitucional; cumpliendo así con lo exigido en la ejecutoria. Archívese el expediente como asunto concluido, en términos del cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Ahora bien, en atención al artículo 15 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, vigente a partir del ocho de junio siguiente, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y gestión ambiental, no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o bien, relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, no trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no se generó por el Pleno de Circuito, no versa sobre materia agraria y no integró jurisprudencia o tesis aislada. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el diverso artículo 17, fracción III inciso a), del Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede, el presente asunto es susceptible de conservación, en virtud de que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, el órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Por otro lado, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se considera que el original del incidente de suspensión, es conservable, por el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto; y, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión, se destruirá transcurridos seis meses, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General, se previene a las partes quejosa y terceros interesados, para que acudan a este Juzgado Federal, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución de los documentos originales que hubieran exhibido en este expediente, apercibidos que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 263, fracciones I y II, así como el sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforman, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, omítase la impresión y glose al expediente físico de este acuerdo.

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