Ma. Olga Velazquez Salas
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Olga Velazquez Salas
Actuaciones
- Principal
El veintiséis de enero de dos mil dieciocho el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diecinueve al veinticinco de enero del año en curso, con exclusión de los días veinte y veintiuno del presente mes y año, por corresponder a sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el nueve de enero anterior, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de nueve de enero anterior, en el que se desechó la demanda promovida por Ma. Olga Velázquez Salas, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. El once de enero de dos mil dieciocho, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Ma. Olga Velázquez Salas, registrada con el folio 463 y dos copias que se acompañan. La circunstancia de que el licenciado Arnulfo Rayas González, cuenta con cédula profesional número 1001565, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Erick Jonathan Contreras Ramírez y Diego Iván Magallanes Contreras. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Olga Velázquez Salas, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 21/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: "La resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la tercería excluyente de dominio, derivada del juicio ejecutivo mercantil 332/2013, del índice del Juzgado Segundo del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo indirecto únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley reglamentaria, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la anterior transcripción claramente se desprende que la causal de improcedencia invocada se actualiza cuando en contra del acto reclamado emitido por un órgano jurisdiccional, la Ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. De igual forma, se prevén diversas excepciones que no resultan aplicables en el caso concreto, pues el acto reclamado consistente en la resolución que declaró de improcedente la tercería excluyente de dominio dentro de un juicio mercantil ejecutivo, en el cual la parte quejosa tiene el carácter de accionante, según se precisó en la demanda de amparo. Por su parte, los artículos 1339 bis, 1341 y 1345, fracción III del Código de Comercio, disponen: "Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: . . "III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio;" (.)" Del anterior precepto legal, se aprecia, en lo que al caso concierne, que cualquier resolución en materia mercantil que ponga fin al juicio, es impugnable a través del recurso de apelación, aunado a que lo propio ocurre en tratándose de los asuntos de cuantía indeterminada, medio de impugnación que, atento a su finalidad, puede tener como efectos nulificar, revocar o modificar la resolución combatida. En este orden de ideas, las resoluciones emitidas dentro de las tercerías excluyentes de dominio son de cuantía indeterminada, aunado a que resultan impugnables mediante el recurso de apelación aquellas determinaciones que pongan fin a la misma. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2013, estableció que en materia mercantil la cuantía de un negocio se fija tomando únicamente como base la prestación principal reclamada en la demanda, sin que sea válido acudir a algún otro factor ajeno a ella, por ende, es evidente que aunque la tercería excluyente de dominio se encuentra vinculada al juicio al que está afectado el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, ello de ninguna manera autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería, pues aun cuando la tercería se encuentra vinculada al juicio preexistente por la afectación que éste provoca sobre los bienes que el tercerista asegura son de su dominio o propiedad, lo cierto es que la tercería excluyente de dominio, tanto formal como materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así que la tercería se ventila por cuerda separada precisamente porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. En esa virtud, si la tercería excluyente de dominio tiene una sustantividad propia y diversa a la del juicio preexistente, es evidente que la cuantía del negocio que se ventila en éste de ninguna manera puede tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería excluyente de dominio. Atendiendo a lo anterior, si en las tercerías excluyentes de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes involucrados en el juicio respecto del cual promueve la citada tercería, debe concluirse que las tercerías de referencia son de cuantía indeterminada, en tanto que a través de ellas el tercerista no persigue el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o dominio respecto del bien o bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería. En efecto, si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de las tercerías excluyentes de dominio, en este tipo de juicios no se reclama una cantidad líquida determinada o fácilmente determinable sin la ayuda de peritos, debe considerarse que dichas tercerías son de cuantía indeterminada. Máxime que en el caso concreto, en la tercería excluyente de dominio no se reclama una cantidad líquida determinada o fácilmente determinable sin auxilio de peritos, en tanto que el tercerista sólo persigue una declaración judicial en el sentido de tener el dominio o propiedad de los bienes afectados en el juicio preexistente. En efecto, aunque el juicio de tercería excluyente de dominio, al igual que otros juicios, puede llegar a ser susceptible de evaluarse pecuniariamente en la medida en que el valor de los bienes que se pretenden excluir inciden en el patrimonio del tercerista litigante, ello no implica que el valor de esos bienes deba tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería, pues no debe olvidarse que ésta debe ser susceptible de establecerse desde la presentación de la demanda, y para fijar el valor de esos bienes sería necesario hacer uso de una pericial a través de la cual se valuaran dichos bienes. De igual forma, en la ejecutoria que emanó de la contradicción de tesis 248/2013, determinó que si por la naturaleza de las prestaciones reclamadas en las tercerías excluyentes de dominio, éstas deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, sí es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el numeral 1339 Bis del Código de Comercio es terminante, al establecer que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro lado, el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla institucional del sistema procesal, que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo. Por tanto, si conforme a lo antes señalado, las tercerías excluyentes de dominio deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que, en términos de lo dispuesto en los artículos 1339 Bis y 1345, fracción III, del Código de Comercio, la sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicha tercería admite en su contra el recurso de apelación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 94/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emanó de la contradicción de tesis 248/2013, publicada en la página 498, del Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Por ende, toda vez que en el sumario de origen, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, no se interpuso por la aquí quejosa el recurso de apelación en contra de la determinación reclamada de trece de diciembre de dos mil diecisiete, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso precepto 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Ma. Olga Velázquez Salas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Arnulfo Rayas González, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por no reunir con este requisito a Erick Jonathan Contreras Ramírez y Diego Iván Magallanes Contreras, autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal fin, el ubicado en Avenida Hidalgo, número 771-2, Colonia Centro de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe. Ajc.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El once de enero de dos mil dieciocho, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Ma. Olga Velázquez Salas, registrada con el folio 463 y dos copias que se acompañan. La circunstancia de que el licenciado Arnulfo Rayas González, cuenta con cédula profesional número 1001565, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Erick Jonathan Contreras Ramírez y Diego Iván Magallanes Contreras. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Olga Velázquez Salas, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 21/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: "La resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la tercería excluyente de dominio, derivada del juicio ejecutivo mercantil 332/2013, del índice del Juzgado Segundo del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo indirecto únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley reglamentaria, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la anterior transcripción claramente se desprende que la causal de improcedencia invocada se actualiza cuando en contra del acto reclamado emitido por un órgano jurisdiccional, la Ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. De igual forma, se prevén diversas excepciones que no resultan aplicables en el caso concreto, pues el acto reclamado consistente en la resolución que declaró de improcedente la tercería excluyente de dominio dentro de un juicio mercantil ejecutivo, en el cual la parte quejosa tiene el carácter de accionante, según se precisó en la demanda de amparo. Por su parte, los artículos 1339 bis, 1341 y 1345, fracción III del Código de Comercio, disponen: "Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: . . "III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio;" (.)" Del anterior precepto legal, se aprecia, en lo que al caso concierne, que cualquier resolución en materia mercantil que ponga fin al juicio, es impugnable a través del recurso de apelación, aunado a que lo propio ocurre en tratándose de los asuntos de cuantía indeterminada, medio de impugnación que, atento a su finalidad, puede tener como efectos nulificar, revocar o modificar la resolución combatida. En este orden de ideas, las resoluciones emitidas dentro de las tercerías excluyentes de dominio son de cuantía indeterminada, aunado a que resultan impugnables mediante el recurso de apelación aquellas determinaciones que pongan fin a la misma. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2013, estableció que en materia mercantil la cuantía de un negocio se fija tomando únicamente como base la prestación principal reclamada en la demanda, sin que sea válido acudir a algún otro factor ajeno a ella, por ende, es evidente que aunque la tercería excluyente de dominio se encuentra vinculada al juicio al que está afectado el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, ello de ninguna manera autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería, pues aun cuando la tercería se encuentra vinculada al juicio preexistente por la afectación que éste provoca sobre los bienes que el tercerista asegura son de su dominio o propiedad, lo cierto es que la tercería excluyente de dominio, tanto formal como materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así que la tercería se ventila por cuerda separada precisamente porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. En esa virtud, si la tercería excluyente de dominio tiene una sustantividad propia y diversa a la del juicio preexistente, es evidente que la cuantía del negocio que se ventila en éste de ninguna manera puede tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería excluyente de dominio. Atendiendo a lo anterior, si en las tercerías excluyentes de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes involucrados en el juicio respecto del cual promueve la citada tercería, debe concluirse que las tercerías de referencia son de cuantía indeterminada, en tanto que a través de ellas el tercerista no persigue el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o dominio respecto del bien o bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería. En efecto, si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de las tercerías excluyentes de dominio, en este tipo de juicios no se reclama una cantidad líquida determinada o fácilmente determinable sin la ayuda de peritos, debe considerarse que dichas tercerías son de cuantía indeterminada. Máxime que en el caso concreto, en la tercería excluyente de dominio no se reclama una cantidad líquida determinada o fácilmente determinable sin auxilio de peritos, en tanto que el tercerista sólo persigue una declaración judicial en el sentido de tener el dominio o propiedad de los bienes afectados en el juicio preexistente. En efecto, aunque el juicio de tercería excluyente de dominio, al igual que otros juicios, puede llegar a ser susceptible de evaluarse pecuniariamente en la medida en que el valor de los bienes que se pretenden excluir inciden en el patrimonio del tercerista litigante, ello no implica que el valor de esos bienes deba tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería, pues no debe olvidarse que ésta debe ser susceptible de establecerse desde la presentación de la demanda, y para fijar el valor de esos bienes sería necesario hacer uso de una pericial a través de la cual se valuaran dichos bienes. De igual forma, en la ejecutoria que emanó de la contradicción de tesis 248/2013, determinó que si por la naturaleza de las prestaciones reclamadas en las tercerías excluyentes de dominio, éstas deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, sí es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el numeral 1339 Bis del Código de Comercio es terminante, al establecer que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro lado, el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla institucional del sistema procesal, que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo. Por tanto, si conforme a lo antes señalado, las tercerías excluyentes de dominio deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que, en términos de lo dispuesto en los artículos 1339 Bis y 1345, fracción III, del Código de Comercio, la sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicha tercería admite en su contra el recurso de apelación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 94/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emanó de la contradicción de tesis 248/2013, publicada en la página 498, del Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Por ende, toda vez que en el sumario de origen, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, no se interpuso por la aquí quejosa el recurso de apelación en contra de la determinación reclamada de trece de diciembre de dos mil diecisiete, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso precepto 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Ma. Olga Velázquez Salas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Arnulfo Rayas González, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por no reunir con este requisito a Erick Jonathan Contreras Ramírez y Diego Iván Magallanes Contreras, autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal fin, el ubicado en Avenida Hidalgo, número 771-2, Colonia Centro de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe. Ajc.
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