Ma. Olga González Ruvalcaba

Expediente 1433/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1433/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. Olga González Ruvalcaba
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el doce de noviembre del año en curso (fojas 79-81), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintinueve de noviembre del año en curso (foja 92), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el seis de diciembre en curso (foja 95), sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 33-48), se determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: "En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el pago del traspaso del permiso de venta de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en la constancia de pago exhibida por la autoridad de referencia en su informe justificado, cuyo pago fue realizado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; como lo es la comisión bancaria y la multa por pago extemporáneo que no fue materia del acto reclamado; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Así, a través del oficio y anexo presentados el doce de noviembre del año en curso (fojas 79-81) en este Juzgado de Distrito, la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el uno de noviembre del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $10,492.95 (diez mil cuatrocientos noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), cantidad que resulta de restar los conceptos de comisión bancaria y multa por pago extemporáneo de $12,340.66 (doce mil trescientos cuarenta pesos 66/100), cantidad total que erogo la quejosa en favor de la autoridad responsable, suma derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y el uno de noviembre de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo a noviembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de septiembre 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0093. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), cantidad que resulta del pago realizado por la parte quejosa, se obtiene la cantidad de $10,576.33 (diez mil quinientos setenta y seis pesos 33/100 moneda nacional); por ende, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $97.45 (noventa y siete pesos 45/100, moneda nacional). Ante ello, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $10,492.95 (diez mil cuatrocientos noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se pone en evidencia que no se pagó el faltante de $83.38 (ochenta y tres pesos 38/100, moneda nacional) a la parte quejosa. En consecuencia, en términos del numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS devuelva a la parte quejosa, la cantidad faltante de $83.38 (ochenta y tres pesos 38/100, moneda nacional), en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio, supuesto en el que deberá allegar a esta instancia constitucional las constancias que así lo acrediten. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción LI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En ese orden ideas, de conformidad con el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Secretario de Administración y Finanzas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En la inteligencia de que, deberán emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que comunique que requirió a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables que este Órgano de Control Constitucional, considera suficiente el término otorgado con antelación para la realizar los trámites administrativos que se requieran, pues es de interés público el pronto cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el doce de noviembre del año en curso (fojas 79-81), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintinueve de noviembre del año en curso (foja 92), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el seis de diciembre en curso (foja 95), sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 33-48), se determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: "En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el pago del traspaso del permiso de venta de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en la constancia de pago exhibida por la autoridad de referencia en su informe justificado, cuyo pago fue realizado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; como lo es la comisión bancaria y la multa por pago extemporáneo que no fue materia del acto reclamado; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Así, a través del oficio y anexo presentados el doce de noviembre del año en curso (fojas 79-81) en este Juzgado de Distrito, la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el uno de noviembre del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $10,492.95 (diez mil cuatrocientos noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), cantidad que resulta de restar los conceptos de comisión bancaria y multa por pago extemporáneo de $12,340.66 (doce mil trescientos cuarenta pesos 66/100), cantidad total que erogo la quejosa en favor de la autoridad responsable, suma derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y el uno de noviembre de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo a noviembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de septiembre 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0093. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), cantidad que resulta del pago realizado por la parte quejosa, se obtiene la cantidad de $10,576.33 (diez mil quinientos setenta y seis pesos 33/100 moneda nacional); por ende, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $97.45 (noventa y siete pesos 45/100, moneda nacional). Ante ello, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $10,492.95 (diez mil cuatrocientos noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se pone en evidencia que no se pagó el faltante de $83.38 (ochenta y tres pesos 38/100, moneda nacional) a la parte quejosa. En consecuencia, en términos del numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS devuelva a la parte quejosa, la cantidad faltante de $83.38 (ochenta y tres pesos 38/100, moneda nacional), en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio, supuesto en el que deberá allegar a esta instancia constitucional las constancias que así lo acrediten. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción LI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En ese orden ideas, de conformidad con el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Secretario de Administración y Finanzas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En la inteligencia de que, deberán emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que comunique que requirió a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables que este Órgano de Control Constitucional, considera suficiente el término otorgado con antelación para la realizar los trámites administrativos que se requieran, pues es de interés público el pronto cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de trece de noviembre del año en curso (foja 82), remite la documental solicitada, a saber, constancia con que acredita que la clave interbancaria 072573008861798144 corresponde a la cuenta de la parte quejosa y, por lo tanto, la transferencia fue entregada a la ahora quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de trece de noviembre del año en curso (foja 82), remite la documental solicitada, a saber, constancia con que acredita que la clave interbancaria 072573008861798144 corresponde a la cuenta de la parte quejosa y, por lo tanto, la transferencia fue entregada a la ahora quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE.

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