Ma. Ofelia Campero Galindo
Expediente 1049/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ma. Ofelia Campero Galindo
Actuaciones
- Principal
Durango, Durango, a veinte de enero de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de queja en contra de la resolución mediante la cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.
- Principal
Durango, Durango, a diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por ******* anexos y copias que acompaña, contra un acto del Juez Primero Auxiliar Civil de esta ciudad de Durango, que considera violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por ******************, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El dispositivo 61, fracción XVIII, de la propia Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del propio dispositivo legal, aunque la última parte del inciso b) exceptúa las sentencias definitivas en el proceso penal. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la actual legislación de amparo existe la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". El dispositivo 1339 Bis, del Código de Comercio, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 1339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables". Conforme a este ordinal, son apelables los asuntos de cuantía indeterminada en los juicios mercantiles. Sirve de apoyo la tesis I.2º.C.43 C, consultable en la página 2792, del Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE EN ASUNTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA. Los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio prevén que sólo son recurribles las sentencias que resuelvan los negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición del recurso; que los autos y las interlocutorias o las resoluciones que resuelvan un incidente sólo son apelables, cuando lo disponga el Código de Comercio, y la sentencia definitiva sea apelable y, que no procede el recurso de apelación en los juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz, o de cuantía menor, o cuando el monto de lo relacionado sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal. De los citados preceptos legales se advierte, que el legislador prevé la improcedencia del recurso de apelación en asuntos de naturaleza mercantil, de cuantía determinada o determinable en los que la suerte principal reclamada sea inferior a doscientos mil pesos, restricción que atiende sólo al monto de los asuntos de cuantía determinada, a fin de evitar que los tribunales de apelación conozcan de asuntos de cuantía menor; por tanto, como dichos preceptos en forma alguna incluyen a los asuntos de cuantía indeterminada, debe concluirse que éstos sí resultan apelables al no existir prohibición alguna al respecto en los dispositivos legales en comento". Ahora bien, Ma. Ofelia Campero Galindo reclama del Juez Primero Auxiliar Civil de esta ciudad de Durango, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. Se demanda la ilegalidad del acuerdo emitido por la autoridad responsable con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte en el cual se niega dicha autoridad a dar trámite a la TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, que la suscrita presentara ante dicha autoridad, dentro del expediente número 963/2020 del índice administrativo de dicho tribunal auxiliar civil, derivada del ilegal embargo trabado en mi domicilio sobre bienes muebles de mi propiedad, ello a pesar de que se les indicó al funcionario judicial y a los abogados que lo acompañaban, que en mi domicilio no vivía la persona demandada que buscaban, no importándoles dicha situación; ya que la suscrita soy Tercera Ajena, extraña a dicho procedimiento mercantil en el cual se me pretende privar de mis bienes muebles". En el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías la promovente expresó lo siguiente: ".PRIMERO. Como lo acredito con la copia de acuse de recibido que acompaño al presente escrito, con fecha 23 de noviembre de 2020, presente ante la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, la Tercería Excluyente de Dominio, por haberse señalado para embargo en el mi domicilio bienes de mi propiedad. SEGUNDO.- Con fecha 30 de Noviembre de 2020, la suscrita acudí al Juzgado Primero Auxiliar Civil, para efecto de notificarme del acuerdo que había recaído a la tercería que la suscrita promoviera ante dicha autoridad. TERCERO.- Ante la negativa de dar trámite a mi tercería excluyente de dominio, la Juez Primera Auxiliar Civil, me dice que no ha lugar a admitirla y con violación a mis derechos fundamentales, resuelve NO ADMITIRLA y determinar que los documentos que acompaño no son suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados en el juicio del cual me duelo". De la anterior reseña se puede obtener que Ma. Ofelia Campero Galindo reclama del Juez Primero Auxiliar Civil de esta ciudad de Durango, el acuerdo que dictó el treinta de noviembre de dos mil veinte en los autos de la tercería excluyente de dominio relativa al Juicio Ejecutivo Mercantil 963/2020, mediante la cual no admitió a trámite dicha tercería. Empero contra esa determinación procede el recurso de apelación que prevé el invocado precepto 1339 bis del Código de Comercio, dado que se trata de una interlocutoria dictada en una tercería excluyente de dominio, que es de cuantía indeterminada, de tal suerte que si dicha inconforme no agotó ese medio defensivo previo al ejercicio de esta acción constitucional de amparo, es por demás claro que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de garantías, de ahí que se hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), publicada en la página 498, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en el escrito de demanda. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***************** contra el acto que reclama del Juez Primero Auxiliar Civil de esta ciudad de Durango. Notifíquese personalmente.
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