Ma. Natividad Alvarez Vasquez
Expediente 796/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Natividad Alvarez Vasquez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado de la solicitante del amparo en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita la devolución de las copias certificadas que se adjuntaron a la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa (no originales como lo refiere en el escrito de cuenta) y señala autorizados para recibir dichos documentos; al respecto, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, en el que, entre otros aspectos, se dejaron a disposición los documentos que se adjuntaron a la demanda de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza para recibir dichos documentos a cualquiera de las personas que se señalaron en el proemio de la demanda.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado de la solicitante del amparo en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita la devolución de los documentos que refiere en el escrito de cuenta y señala autorizados para recibir dichos documentos; al respecto, dígasele que una vez que transcurra el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; esto es, cause estado el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (f. 29-33), que desechó la demanda promovida, se acordará lo que en derecho proceda. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, dígasele que si le es de utilidad, se autoriza, a su costa, en un tanto, copia cotejada de los mencionados documentos, previa toma de su razón que de su recibo se agregue al sumario, autorizando para recibirla a cualquiera de las personas que se señalaron en el proemio de la demanda.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como albacea de la sucesión a bienes de ***; carácter que se le reconoce en términos de la copia certificada de la resolución de declaratoria de herederos de seis de abril de dos mil dieciséis y copia certificada de la junta de herederos de siete septiembre del dos mil dieciocho, emitidos dentro del juicio sucesorio intestamentario **/2015, de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, de Comonfort, Guanajuato, de las que se desprende que, en la primera fue reconocida como heredera en su carácter de cónyuge supérstite; y en la segunda, se designó, aceptó y protestó el cargo *** de albacea de la sucesión a bienes de ***; lo anterior con fundamento en el artículo 10 segundo párrafo, de la Ley de Amparo; contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Comonfort, Guanajuato y otra autoridad; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 796/2018-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que denominó como Juez de Partido Único Civil y Central de Actuarios del mismo Partido Judicial, ambos con residencia en Comonfort, Guanajuato; actos que describió de la forma siguiente: IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la ordenadora reclamo expedición así como la aprobación de la ilegal diligencia de emplazamiento realizada al parecer a la sucesión del señor ***. De la ejecutora central de actuarios de este Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato, reclamo la realización de la diligencia de emplazamiento del juicio C**/2018 radicado en el Juzgado de Partido Único Civil del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato, promovido por la tercera interesada *** en contra de la sucesión de *** de la que soy heredera. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo que aquí interesa, que a fin de aceptar el cargo de albacea en diverso expediente, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, la promovente acudió a las instalaciones del Juzgado responsable y por casualidad, se percató que en la lista del Juzgado se hizo una notificación el cuatro de septiembre de dicho año, en el expediente C**/2018, de ese mismo Juzgado, publicación en la que se indicaba, que se concede prórroga al perito. Así también, en la demanda de cuenta se encuentra integrada copia del listado de acuerdos y determinaciones emitidas en el expediente C 119/2018, promovido por *** en su carácter de apoderado de ***, en contra de ***, por conducto de su interventora, licenciada ***; publicaciones en las que se aprecia, en lo que aquí interesa, que el doce de junio de dos mil dieciocho, ser revisó y aprobó diligencia y se ordenó realizar cómputo. El veinticinco de junio de ese mismo año, se tuvo a la demandada contestando la demanda, se ordenó abrir el juicio a prueba, se ordenó levantar cómputo y se señaló fecha para la audiencia final. Y el trece de septiembre de la citada anualidad se ordenó agregar el dictamen pericial exhibido. De igual forma, de la demanda de cuenta se desprende que la promovente acude a solicitar el amparo con el carácter indicado a impugnar el emplazamiento realizado en el expediente C**/2018, con el argumento de que cuando se realizó ese emplazamiento no existía albacea de la sucesión intestamentaria y en todo caso, es el albacea el único que tiene la representación para defender las acciones en contra de la masa hereditaria. De lo hasta ahora anotado, se obtiene que el juicio de origen (expediente C **/2018) se encuentra en trámite; es decir, no se ha emitido la sentencia correspondiente que resuelva el fondo del asunto. Bajo este escenario, en relación con los actos reclamados consistentes en el emplazamiento practicado dentro del expediente C-**/2018 de la estadística del Juzgado Civil de Partido, de Comonfort, Guanajuato, así como la aprobación de dicho emplazamiento, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la Ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la promovente, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debió agotar el medio de defensa que al respecto establece la Ley que rige el acto, pues es claro que con su promoción pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En la especie, el emplazamiento reclamado y su aprobación, carecen de definitividad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que, tomando en consideración que en el expediente natural no se ha emitido sentencia definitiva, en su contra, procede el incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere el artículo 328 primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; precepto legal que a la letra dice: Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. En efecto, la demandante del amparo debió promover el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del Juicio de Amparo, pues éste tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del Juicio de Amparo el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, en el caso no se actualiza ninguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; puesto que los actos reclamados no se encuentran vinculados con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (inciso a). De igual forma, los actos reclamados no lo constituyen la orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (inciso b). Además de que la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen (es la parte demandada), y para la procedencia del recurso o medio de defensa que establece la Ley que rige el acto no se requiere de interpretación adicional y tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarlo (inciso c). Así, el emplazamiento reclamado y su aprobación, que por esta vía se combaten, carecen de definitividad para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no debe perderse de vista que si la quejosa ***, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *** reclama su emplazamiento al juicio de origen, bien pudo impugnar dicho emplazamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere el artículo 328 primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; medio de defensa por virtud del cual, pudo lograr su modificación o revocación, y con ello lograr de igual forma, la insubsistencia del emplazamiento reclamado; y que la parte quejosa estaba obligada a agotar antes de acudir a la promoción del Juicio de Amparo; por lo que al no hacerlo, no observó el principio de definitividad y por consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo sustancial la Jurisprudencia siguiente: Séptima Época Registro: 394942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 986 Página: 678 RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por analogía, la Tesis de Jurisprudencia que dice:Octava Época Registro: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Página: 361 IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se observó el principio de definitividad que impera para la procedencia del juicio de amparo, puesto que, en contra del emplazamiento reclamado, procede el incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere el artículo 328 primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ***, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley. No es óbice para arribar a la anterior determinación lo que manifiesta la promovente en relación a que aceptó el cargo de albacea hasta el siete de septiembre de dos mil dieciocho, y que en todo caso, no puede existir un emplazamiento correctamente realizado si este se practicó con antelación a aquella fecha en que aceptó dicho cargo. Y se afirma que no es obstáculo porque no debe perderse de vista que la parte demandada en el juicio de origen no es la aquí promovente sino *** por conducto de su interventora licenciada ***; a lo que debe agregarse que de acuerdo con el contenido de la demanda de cuenta, la parte demandada en el juicio natural contestó la demanda instaurada en su contra; y como ya se ha dicho el expediente civil C **/2018, se encuentra en trámite; esto es, no se ha emitido la sentencia definitiva en la que se resuelva el fondo del asunto, por lo que la aquí promovente con el carácter con que se ostenta puede, si así lo estima pertinente, integrarse a la relación procesal en ese expediente civil, y en su caso, promover el incidente de nulidad mencionado. Apoya lo expuesto, las Tesis de rubro y texto que dicen: Octava Época Registro: 206781 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 58, Octubre de 1992 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 17/92 Página: 15 EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: EMPLAZAMIENTO, FALTA DE, sustentó el criterio siguiente: Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo (Lo destacado es nuestro). Contradicción de tesis 6/92. Entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de dicho Circuito, Primer Tribunal Colegiado (entonces único) del Sexto Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Octava Época Registro: 209640 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 84, Diciembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o. J/343 Página: 55 EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos, a la licenciada ***, por no acreditar dicho requisito, y para estos últimos efectos, se autoriza a los licenciados ***, así como a los estudiantes de derecho ***, por así haberse solicitado; y como domicilio para tal fin el ubicado en ***, de Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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