Ma. Mercedes Chavez Cervantes

Expediente 1302/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1302/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Ma. Mercedes Chavez Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con dos anexos que acompaña; en atención a su contenido, se provee: Ténganse recibido el testimonio de la ejecutoria de nueve de febrero del año actual, dictada en el recurso de queja 557/2022. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, cuyo punto resolutivo dice lo siguiente: "ÚNICO: Es infundado el presente recurso de queja". Por otra parte, destrúyase el anexo que devuelve el tribunal federal oficiante, toda vez que el mismo es copia certificada de las constancias que integran el presente juicio constitucional. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Se informa Secretario en funciones de Juez de Distrito. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 557/2022. Notifíquese

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa, con nueve copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta que suscribe Ma. Mercedes Chávez Cervantes, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente por acreditando la personalidad con la que comparece al presente juicio de amparo, esto es, por propio derecho y como de Albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Ygnacio Cháves Escalante; lo anterior, al tenor de la copia certificada que acompaña. Sin que haya lugar a tenerla con el carácter de representante común de María Ysabel Cervantes Tovías, Antonia Chávez Cervantes, Jesús Chávez Cervantes, Amparo Chávez Cervantes, Lino Chávez Cervantes, Rene Chávez Cervantes, Ma. Mercedes Chávez Cervantes y María del Rocío Chávez Cervantes, toda vez que si bien, exhibe copia certificada del acuerdo de catorce de octubre del año en curso, dictado dentro del expediente 136/2022 del índice del Juez señalado como responsable; no obstante la data de dicho acuerdo es posterior a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa reclama la resolución emitida el treinta de agosto del año en curso, por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el recurso de apelación relativo al toca civil 350/2022, por la cual desestima la improcedencia de la vía que planteada y, confirma el auto de admisión pronunciado por el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad dentro de los autos del expediente 136/2022, relativo al juicio extraordinario civil por otorgamiento y firma de escrituras, promovido por Manuel González Carrillo y Suzanna Márquez Varela en contra de los aquí promoventes. Precisado lo anterior, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De la intelección de los numerales transcritos, se advierte que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo anterior, debe puntualizarse que los "derechos sustantivos" son aquellos esenciales de la persona para su existencia y pleno desarrollo; por ello, al ocurrir una violación de éstos, se causa un perjuicio de imposible reparación, pues aún y cuando se obtenga sentencia favorable, el afectado no podrá ser restituido de esa oportunidad de disfrute; de ahí la procedencia del amparo indirecto contra estos actos. Por otro lado, los "derechos adjetivos" se refieren a los pasos que deben seguirse para hacer efectivos los derechos sustantivos, pero cuando se transgreden, sólo se violan normas procesales, en tanto que al ocurrir esto, la violación no afecta derechos sustantivos de manera inmediata. Respecto a este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó, sustancialmente, que, para ser calificados como actos de imposible reparación, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, concluyó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, de modo que se lesionaran bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, con registro digital 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora bien, como se dijo, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la resolución emitida el treinta de agosto del año en curso, por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el recurso de apelación relativo al toca civil 350/2022, por la cual desestima la improcedencia de la vía que planteada y, confirma el auto de admisión pronunciado por el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad dentro de los autos del expediente 136/2022, relativo al juicio extraordinario civil por otorgamiento y firma de escrituras, promovido por Manuel González Carrillo y Suzanna Márquez Varela en contra de los aquí promoventes. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior, como lo es con la sentencia definitiva que se emita en el juicio de origen. De ahí que, las consecuencias de los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, que objetivamente analizados ameriten sujetarlos al control constitucional sin esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, pues sólo surten efectos intraprocesales, - a saber, la continuación del procedimiento de origen en la vía interpuesta -, lo cual no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve en su contra, toda vez que en caso de que el juicio de donde deriva el acto reclamado se resuelva de manera favorable a los intereses de los demandantes de la tutela federal, la violación de la que ahora se duelen desaparecería y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa que se interponga en contra del fallo respectivo, e incluso, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva emitida en el mismo, razón por la cual, no puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos de los solicitantes de amparo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En estas condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese; hágase personalmente a la promovente.

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