Ma. Mayela Trueba Hernández
Expediente 267/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/08/2023
Partes del expediente
- Rodolfo Gerardo González Guzmán
- Olga Díaz Padilla
- Ma. Mayela Trueba Hernández
- José René Romero Rodríguez
- Rodolfo Gerardo González Guzmán y Otros.
- Enrique Hernández Olivarez
- Mario Martínez Déctor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que transcurrió el plazo otorgado al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que diera cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en la resolución dictada en el amparo en revisión 491/2022 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, no obstante los requerimientos formulados en autos, sin que a la fecha lo haya realizado. En ese sentido, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.]. IV. ESTUDIO [.]. 31. En cambio, a juicio de esta Segunda Sala resulta fundado el primero de los agravios de la parte quejosa en la que básicamente, argumenta que el A quo federal indebidamente limitó los efectos de la concesión de| amparo, al periodo de los seis años (vigentes) de los nombramientos de los quejosos, como representantes propietarios por el sector obrero ante el Consejo Técnico del IMSS ante algún Consejo Consultivo Delegacional o Regional o ante la Junta de Gobierno de alguna Unidad Médica de Alta Especialidad; sin considerar su derecho a la reelección o a que sean designados para periodos subsecuentes. 32. Se afirma lo anterior, porque como bien lo aducen los quejosos, en la especie, no resulta correcto limitar los efectos, en los términos en los que lo hizo el Juez de Distrito, si se toma en consideración que, al igual que el derecho a la remuneración por la función que desempeñan los quejosos en cada uno de los órganos tripartitos a los que pertenecen (respecto del cual gozaban antes de la entrada en vigor de la norma combatida), conforme a lo establecido en los artículos 263 de la Ley del Seguro Social, 90 y 117 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, también gozan del derecho a ser reelectos o a que sean designados para periodos subsecuentes. 33. Lo que significa que, en aras de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, tal como lo mandata el artículo 78 de la Ley de Amparo, los efectos de |a concesión del amparo no debieron limitarse al periodo de vigencia de los nombramientos que ostentan los aquí recurrentes ante la posibilidad de que puedan continuar en el ejercicio de su encargo. 34. Así las cosas, ante lo fundado del agravio en estudio y en términos de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí, a través de quien legalmente lo represente y por conducto de las autoridades administrativas que en el ámbito de su respectiva competencia corresponda, en su carácter de autoridades vinculadas, realicen lo siguiente: Desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción IV del artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, respecto a la designación de representante propietario por el sector obrero ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le asiste a ***** [1] y designaciones de representantes propietarios de alguna fórmula del sector obrero ante algún Consejo Consultivo de la Delegación Regional o ante una Junta de Gobierno de alguna Unidad Médica de Alta Especialidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, de los diversos quejosos ***** [2], ***** [3], ***** [4], ***** [5], ***** [6], ***** [7], ***** [8], ***** [9], ***** [10], ***** [11], ***** [12], ***** [13], ***** [14] y ***** [15]. Lo anterior se traduce en que no le sea aplicada a la parte quejosa, tanto en el presente como en lo futuro, la disposición declarada inconstitucional, en términos del artículo 78 de la Ley de amparo, en relación con la jurisprudencia p./J.112/99 del Tribunal Pleno de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". 35. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Ausente la Ministra Loretta Ortiz Ahlf. V. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** [1] ***** [2], ***** [3], ***** [4], ***** [5], ***** [6], ***** [7], ***** [8], ***** [9], ***** [10],***** [11], ***** [12], ***** [13], ***** [14] y ***** [15], contra el artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, para los efectos precisados en la presente sentencia. [.]" Tomando en consideración lo anterior, el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos el artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, respecto a la designación de representante propietario por el sector obrero ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le asiste a ***** y designaciones de representantes propietarios de alguna fórmula del sector obrero ante algún Consejo Consultivo de la Delegación Regional o ante una Junta de Gobierno de alguna Unidad Médica de Alta Especialidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, de los diversos quejosos en este asunto, así como su aplicación en lo presente y en lo futuro. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia la jefa de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los oficios registrados con folios 10117 y 12018, exhibió diversos oficios con los cuales solicitó a distintas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejaran insubsistente la aplicación del artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, sin que acompañara algún documento del cual se advirtiera la inaplicación por parte del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Consejo Consultivo Delegacional o Regional o de la Junta de Gobierno de alguna Unidad Médica de Alta Especialidad. No pasa inadvertido para esta juzgadora que de los anexos que se acompañan al primero de los oficios mencionados, se advierte que respecto a ***** y *****, manifiestan que están imposibilitados para dar cumplimiento a la sentencia debido a que ya no ocupan los cargos que ostentaban al promover el juicio de amparo, y respecto de los restantes quejosos, esto es, ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** acreditan las gestiones que se han realizado para cumplir con la ejecutoria. Al respecto debe decirse que el hecho de que a ********************y ******************** ya no sean representantes propietarios de alguna fórmula del sector obrero ante algún Consejo Consultivo de la Delegación Regional o ante una Junta de Gobierno de alguna Unidad Médica de Alta Especialidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, ello no es impedimento para cumplir con la sentencia de amparo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 491/2022, determinó que los quejosos gozan del derecho a ser reelectos o a que sean designados para periodos subsecuentes, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos el artículo declarado inconstitucional. En efecto, de la resolución dictada en el amparo en revisión 491/2022 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, se observa que la concesión del amparo se traduce en la inaplicación en lo presente y en lo futuro del artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, lo cual, a su vez, implica por una parte, el derecho a la remuneración por la función que desempeñan los quejosos en cada uno de los órganos tripartitos a los que pertenecen (el cual gozaban antes de la entrada en vigor de la norma combatida) y, por otra, conforme a lo establecido en los artículos 263 de la Ley del Seguro Social, 90 y 117 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, también gozan del derecho a ser reelectos, o a ser designados para períodos subsecuentes, como representantes propietarios por el sector obrero ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, o ante algún Consejo Consultivo Delegacional o Regional o ante la Junta de Gobierno de alguna Unidad Médica de Alta Especialidad; por tanto, contrario a lo aducido por la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no es obstáculo el hecho de que ***** y ***** ya no ocupen los cargos que ostentaban al promover el juicio de amparo. En tales condiciones, al no acreditar los extremos referidos en el párrafo que antecede, se determina que no se ha cumplido con la sentencia de amparo. Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. Así, en atención a lo determinado por la superioridad con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiere nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos de la sentencia y remita copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. A efecto de que la autoridad de cumplimiento a lo solicitado en este auto, remítasele copia del testimonio dictado en el amparo en revisión 491/2022 de la estadística de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que desahoga el requerimiento formulado en autos, e informa respecto del cumplimiento de la sentencia, atento a ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de los oficios registrados con los folios 10117 y 12018, dese vista a los quejosos para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que, una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, se realizará el estudio correspondiente y se hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese y personalmente a los quejosos con copia de los oficios registrados con folios 10117 y 12018.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que no obra agregada la constancia de notificación dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social del acuerdo de veintisiete de junio de este año, por tanto, reexpídase el oficio a efecto de que dicha autoridad este en aptitud de conocer su contenido y se encuentre integrado el juicio. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual informa las gestiones realizadas con el fin que las autoridades vinculadas den cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto, para lo que adjunta diversos oficios, asimismo, solicita prórroga a efecto de estar en condiciones de cumplir con lo requerido por este juzgado Federal. En consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días, contada a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, a fin de que esté en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remita copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de abril pasado, y una vez trascurrido dicho término, acuérdese lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
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