Ma. Margarita Viñas Meza

Expediente 659/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
659/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Ma. Margarita Viñas Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado actual de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días hábiles que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d), del ordenamiento en cita, en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que tuvo por decretado el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, se hace la indicación que le presente asunto carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva solicitadas, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de gobierno correspondiente, notifíquese a la parte quejosa, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD REMITE DOCUMENTAL PÚBLICA Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por quien se ostenta en su calidad de delegado autorizado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual atiende el requerimiento formulado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, y al efecto acompaña copia certificada de la constancia identificada como "relación de firmas correspondiente a la nómina de magisterio periodo del 01/07/19 al 37/07/2019". Sin embargo, no pasa desapercibido que no está acreditada en autos la calidad de delegado, empero, esa circunstancia no punga para atender el contenido y alcance probatorio de la referida documental pública, ya que es posible adminicularse a las expresiones realizadas por el autorizado de la parte agraviada en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo a través del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (véase foja 18 de autos). Máxime, que es obligación para este órgano jurisdiccional recabar los medios de convicción que sean necesarios para acreditar indicios de que se acredite una causal de improcedencia en el juicio de amparo, tal como se prevé en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Consecuentemente, valorado el contenido de dicha documental, y de la ponderación del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo cual impide la prosecución del presente juicio de amparo; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia, tal como se dispone en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En efecto, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de que las autoridades responsables le pagaran su pensión por jubilación ******************** del mes de julio de dos mil diecinueve, que tiene derecho en su calidad de pensionada, y en atención al contenido de la disposición normativa invocada, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, únicamente se actualiza cuando se reúnen los siguientes supuestos: a) Cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional; b) Lo anterior debe dar lugar a que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En efecto, se considera que se actualiza la causa de inejercibilidad en comento, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera le causa perjuicio o cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo, y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al promovente. Ahora bien, de la lectura de las constancias de cuenta, la cual obra en copia certificada, se acredita que pagaron a la peticionaria de amparo los conceptos que se aqueja omitieron realizar; por ende, la actuación de la autoridad produce el resultado que un fallo protector asignaría, conforme al artículo 77, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es incontrovertible que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida, en atención a que la prueba documental pública de cuenta, revela que se le pagó su pensión por jubilación que se identifica por el ******************** del mes de julio de dos mil diecinueve, a las que es posible conferirles valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, aunado a que así lo ha conceptualizado Nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 226, identificada con el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por consiguiente, si la quejosa ********************, reclamó la omisión de cubrirle su pensión por jubilación del mes de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, es claro que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada desapareció con el pago del referido concepto, de manera que la abstención impugnada dejó de producir sus efectos, y no se muestra vestigio de afectación en la esfera jurídica del particular que amerite ser suprimida. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precepto 63 fracción V de la propia ley, máxime que en el caso no se está en algún supuesto de excepción previsto por alguna de las fracciones del numeral 17 de la ley de la materia. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las catorce horas del treinta de septiembre de dos mil diecinueve. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se cuenta con los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Director General, Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Junta Directiva, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta localidad, no obstante de haber sido requeridas para ello, con la debida oportunidad, lo que se acredita con las constancias de notificación que obran en autos. Por otra parte, tomando en consideración que mediante acuerdo de treinta de agosto del año en curso, se agregó a los autos el escrito del licenciado Mirell Iván Partida Martínez, autorizado de la parte quejosa, en el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos, y expresa entre otros puntos, que las autoridades responsables dieron cumplimiento al pago reclamado. En mérito de lo anterior, requiérase al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, se sirva remite a este Juzgado Federal, copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Apercibida la autoridad antes referida, que en caso de no hacerlo en el plazo señalado para tal efecto o, bien de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable en términos de lo que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, como nueva fecha para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito del licenciado Mirell Iván Partida Martínez, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Respecto a la causal de sobreseimiento que se invoca, una vez que las autoridades responsables rindan su informe justificado y remitan las constancias relativas como complemento del mismo, se acordará lo conducente.

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