Ma. Margarita Lopez Lopez

Expediente 481/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
481/2015
Año
2015
Actuaciones
41
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Ma. Margarita Lopez Lopez
  • Dirección Jurídica y Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de catorce de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el dieciocho de mayo pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 243, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Así las cosas, cabe precisar que en la sentencia dictada en el presente asunto el pasado catorce de septiembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a , en contra de los actos reclamados al Congreso y al Gobernador ambos del Estado de Jalisco, en relación a la inconstitucionalidad de los artículos 132 y 135 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y en contra de los actos reclamados al Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Director Jurídico y de Derechos Humanos de la citada comisaria, así como de los imputados a la Licenciada Norma Virginia López Zaragoza, por los motivos dados en la parte final del último considerando.- Cuarto. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar de manera destacada e independiente cada uno de los efectos de la concesión antes otorgada, los cuales son del tenor siguiente:1. Que el Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, deje insubsistente la resolución de dieciocho de febrero de dos mil quince y todo lo actuado en el procedimiento administrativo especial de separación -- instaurado en contra de la quejosa --, al no haber atendido las formalidades esenciales del citado procedimiento, conforme a lo aquí expuesto; y, 2. Sin reinstalarla ni pagarle la indemnización constitucional relativa ni demás prestaciones a que pudiera tener derecho, reponga dicho procedimiento desde las actuaciones cuya inconstitucionalidad aquí quedó evidenciada, en donde cumpla con lo siguiente: 1.- Se le corra traslado al momento de la notificación del auto de avocamiento, con el examen que según refiere la responsable, no acreditó la quejosa, así como para que le indique el parámetro de su medición, a fin de que sepa con precisión porqué reprobó la citada evaluación, así como cuáles fueron los métodos o mediciones que se utilizaron para determinar que no aprobó la misma. II.- Realizado lo anterior continúe las etapas conducentes en la que no deberá de aplicar a la quejosa en lo presente ni en lo futuro, los artículos 132 y 135 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, cuidando que en la parte relativa a la citación a la audiencia de pruebas y alegatos, medie un término de cinco días, acorde a lo dispuesto en el numeral 120, fracción c), de la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, a fin de que la impetrante de derechos fundamentales se encuentre en posibilidad legal y material de preparar su defensa. III.- Así mismo, deberá permitir a la solicitante de la protección de derechos humanos, ofertar pruebas diversas a la documental, para lo cual, habrá de aplicar lo estatuido en los artículos 120, fracción f), a partir del párrafo cuarto, 122, 123, 124 y 125 de la citada legislación, por regular dichos artículos el tema relativo al ofrecimiento y desahogo de pruebas, sin que ello implique el retardo en la substanciación y resolución del procedimiento, motivo por el cual, la autoridad responsable, en aras de un adecuado equilibrio procesal y por respeto al derecho fundamental de administración de justicia expedita, a los principios procesales de economía y celeridad, deberá establecer límites a la actividad probatoria, sin llegar al extremo de dejar sin defensa a la promovente del amparo." Por otra parte, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual devolvió los autos del juicio de amparo en que se actúa y remitió copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, de la que se observa que en sus puntos resolutivos del amparo en revisión 733/2015 la superioridad determinó: PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero en relación con la parte conducente de los considerandos quinto y séptimo de la sentencia recurrida, por no ser materia del recurso, conforme a lo expuesto en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MA. MARGARITA LÓPEZ LÓPEZ contra los actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme al considerando octavo de esta ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MA. MARGARITA LÓPEZ LÓPEZ contra los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 del Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en términos de los considerandos noveno y décimo de esta resolución. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MA. MARGARITA LÓPEZ LÓPEZ, contra los artículos 132 y 135 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, y su acto concreto de aplicación consistente en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el dieciséis y resolución definitiva de dieciocho de febrero de dos mil quince, en el procedimiento de separación 0- con la modificación a los efectos de la concesión del amparo en los términos que se indican en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.". Así las cosas, cabe precisar que la sentencia dictada en el presente asunto, fue modificada, para los siguientes efectos: "1. El Comisario y el Director Jurídico y de Derechos Humanos, ambos de la Policía Preventiva Municipal del San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, deberán dejar sin efecto la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el dieciséis y resolución de dieciocho de febrero de dos mil quince, en el procedimiento administrativo de separación 0.por tal motivo, deberán emplazar nuevamente a la quejosa --para la celebración de una audiencia en donde le sean respetadas las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de audiencia, en términos de lo expuesto en la sentencia de amparo, para lo cual habrán de informar a la denunciada la infracción que se le imputa y que cuenta con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera hecho la notificación de la apertura del procedimiento, para que la quejosa comparezca a la referida audiencia de pruebas y alegatos, y con ello cuente con un plazo razonable para proponer una defensa adecuada. 2. La concesión del amparo respecto del diverso artículo 135 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, el cual dispone que no serán admisibles más pruebas que la documental, implica que la autoridad responsable previo a informar a la imputada de la infracción que se le atribuye deberá prescindir de considerar que no serán admitidas más pruebas que la documental, y que por el contrario, está en posibilidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes para su adecuada defensa, para lo cual, en su caso, la autoridad administrativa debe acudir al marco regulatorio de las pruebas en particular previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, supletorio del procedimiento de separación en estudio y, hecho lo anterior, con libertad en el ejercicio de sus facultades resuelva conforme a derecho proceda y, en su caso, tome en consideración que el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco ha sido considerado constitucional en la porción normativa relacionada con que no procede el pago de salarios caídos. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un Conviene agregar que los efectos considerados en la presente sentencia son acordes con lo fallado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de ocho de junio de dos mil dieciséis el amparo en revisión 1451/2015, ejecutoria en la que abandonó parcialmente el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CXXXII/2015 de rubro: "SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 132, 134, PRIMER PÁRRAFO, 135, 136, FRACCIONES I A IV, 138 Y 139 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO SOBRE LA BASE DE LA UNICIDAD DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VULNERAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA", en cuanto a que la inconstitucionalidad del artículo 135 de dicha legislación no invalida en automático el resto de las disposiciones que conforman el procedimiento de separación, las cuales este Tribunal Colegiado de Circuito hace suyas para la resolución de este asunto.". Por consiguiente, mediante oficio número 170/2016, de fecha *de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, para lo cual exhibió las siguientes documentales: 1.-Copia certificada del oficio número CESP/CEECC/4799/2016, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. 2.- Fechas de evaluación psicología aplicación dieciséis de febrero de dos mil trece, piscología entrevista cinco de marzo de dos mil trece, poligrafía veinte de mayo de dos mil trece, veinticuatro de julio de dos mil catorce, examen médico doce de enero de dos mil doce, toxicológico quince de enero de dos mil once, entrevista social formatos siete de marzo de dos mil doce, verificación domiciliaria N/A, motivo de aplicación permanencia número de folio 16786, fecha de resultado único doce de junio de dos mil trece, así como los resultados de dichos informes 3).- Acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, del que se advierte que se ordenó reponer el procedimiento administrativo especial número 0---, a partir de las pruebas y alegatos, asimismo se ordenó correr traslado con los exámenes de control y confianza a la parte aquí quejosa. 4).- Se ordenó emplazar a la parte quejosa Margarita López López. 5).- Acta circunstanciada de fecha --de noviembre de dos mil dieciséis. Constancias con las que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, mediante auto de fecha Asimismo, la parte quejosa el pasado veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, interpuso el recurso de inconformidad en contra del auto de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, que declaró sin materia la ejecutoria dictada en autos. Por auto de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informó que se tuvo por admitido el recurso de inconformidad interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, formándose para tal efecto la inconformidad 10/2017. Por consiguiente, el QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, en el toca de inconformidad número 10/2017, resolvió de lo siguiente manera: "PRIMERO.- Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito carece de competencia legal para conocer del recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete emitida por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el juicio de amparo por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencias.- SEGUNDO.- Remítase los autos y sus anexos y demás constancias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación previa elaboración del cuaderno de antecedentes.". Por ende, el pasado veintiuno de julio de dos mil diecisiete, fue recibido el oficio signado por el Actuario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atreves del cual hizo del conocimiento de éste órgano de control constitucional el acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en autos del recurso de inconformidad 1055/2017, de su índice, del cual se advierte que admitió a trámite el mismo. Así pues, la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, devolvió el juicio de amparo a éste órgano jurisdiccional a efecto de proveer lo que en derecho correspondiera con relación a la inconformidad planteada por la parte quejosa, misma que fue resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete determinando lo siguiente: "PRIMERO.- Es procedente y fundado el recurso de inconformidad.-SEGUNDO.- Se revoca la resolución recurrida.". Por ello, la autoridad responsable remitió el oficio número 020/2018, al que adjunto siete copias de las fotografías relativas al oficio número 223/2018, dirigido a la Jefa de Recursos Humanos de la Comisaria de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco; para que publicara mediante los estrados de dicha dependencia la notificación y emplazamiento a la parte quejosa dentro del procedimiento administrativo especial número con las siguientes documentales: 1.- Fechas de evaluación psicología aplicación dieciséis de febrero de dos mil trece, piscología entrevista cinco de marzo de dos mil trece, poligrafía veinte de mayo de dos mil trece, veinticuatro de julio de dos mil catorce, examen médico doce de enero de dos mil doce, toxicológico quince de enero de dos mil once, entrevista social formatos siete de marzo de dos mil doce, verificación domiciliaria N/A, motivo de aplicación permanencia número de folio 16786, fecha de resultado único doce de junio de dos mil trece, así como los resultados de cada uno de los exámenes que le fueron practicados. 2.- Acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, del que se advierte que se ordenó reponer el procedimiento administrativo especial número a partir de las pruebas y alegatos, asimismo se ordenó correr traslado con los exámenes de control y confianza a la parte aquí quejosa. 3.- Se ordenó emplazar a la parte quejosa Margarita López López. Ahora, respecto de la documental consistente en las placas fotográficas, documentales señaladas, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que son copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, orienta lo anterior, la tesis sustentada por el Tercero Tribunal del Segundo Circuito, publicada en la página 284, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación siguiente: Por tal causa, el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; remitió copia certificada del acuerdo de fecha ********************, dictado dentro de los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa número 0********************, del que se advierte que fenecieron los quince días para la parte quejosa para ofrecer pruebas y hacer las alegaciones correspondientes, sin que lo hubiera hecho. De ahí que, el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el pasado ********************del año en curso, informa que se señalaron las ********************del día ********************de junio de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia en los términos del artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Se concluye que el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el pasado ********************de junio de dos mil dieciocho, desahogo la audiencia de pruebas y alegatos sin la asistencia de la parte quejosa por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento y se le tuvo por no ofrecida ninguna documental para desvirtuar las acusaciones en su procedimiento de responsabilidad 011/2015, emitiéndose la resolución correspondiente el día de dos mil dieciocho, resolviendo el cese en definitiva, por haberse acreditado una causa grave en el procedimiento administrativo especial como consecuencia de no haber acreditado los exámenes de control y confianza como NO APROBADA. Documentales señaladas, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que son copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de este País, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena." Inconforme con dicha determinación el autorizado de la parte quejosa, el pasado veinte de agosto de dos mil dieciocho, interpuso de nueva cuenta recurso de inconformidad a quien por razón de turno le correspondió conocer del mismo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número 35/2018, quien resolvió de la siguiente manera: "ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de inconformidad.". Por lo que, la superioridad determino lo siguiente: ". Así pues, lo que sucede en el caso que se analiza es que las autoridades responsables no exhibieron el acta de notificación en la que se hizo constar el emplazamiento de la quejosa ******************** al procedimiento administrativo especial 0********************, lo que constituye un defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que no existe certeza del día, hora, lugar y medio por el cual se practicó. No pasa por alto que en el oficio 004/2018, el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, señaló lo siguiente: "Por lo que para no entrar en desacato a lo ordenado en los oficios ********************, ********************del acuerdo de fecha ********************; estas autoridades en vía de cumplimiento a lo ordenado por Usted, ajustándonos y restituyendo al quejoso en el pleno goce de los derechos violados, en vía de cumplimiento a la sentencia y su ejecutoria dictada dentro del presente Juicio de Amparo ********************, cuenta con las copias simples de las constancias siguientes: 1. Oficio número ********************de fecha ********************, suscrito por el entonces Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, junto con el acta administrativa de la misma fecha que anexa. 2. Oficio ********************, de fecha ********************, suscrito por el entonces Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 3. Oficio ******************** de fecha ********************, suscrito por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, con su anexo consistente en el reporte integral. 4. Acuerdo inicial de fecha ********************, suscrito por el entonces Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 5. ********************de fecha ********************, suscrito por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza con su anexo consistente en el reporte integral ampliado y 134 ciento treinta y cuatro fojas útiles de las cuales 17 diecisiete en sobre cerrado; que integran el expediente completo que se formó por motivo de la aplicación del proceso de evaluación de Control de Confianza a la C. ********************. 6. Acuerdo de fecha ********************, suscrito por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 7. Original del Acta de notificación y emplazamiento de fecha ********************, suscrita por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco" (lo subrayado es de este tribunal). Empero, el referido oficio 004/2018 se recibió sin anexos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito ahora en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado y en el Juzgado Segundo de Distrito en las mismas materias y entidad federativa, como se aprecia en los respectivos acuses que obran en la foja 1773 del tomo II del expediente de origen, siendo que el acta de notificación de emplazamiento de ********************que la responsable describió en la relación de constancias transcrita no fue exhibida ni obra en el expediente del juicio de amparo y, por esa razón, se estima que no está demostrado en forma fehaciente el cumplimiento dado al fallo protector. ". En atención a lo solicitado por la superioridad la responsable mediante oficio de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, remitió un legajo de copias certificadas de todas las constancias relativas al procedimiento administrativo 0********************, a nombre de la parte quejosa, de las que destacan el ACTA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO, de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, misma que fue notificada al autorizado de la parte quejosa, de manera personal el pasado cinco de junio de dos mil diecinueve, anotando la leyenda: ". recibí copia del acuerdo así como copia simple de la constancia de emplazamiento al procedimiento de origen". Asimismo, la parte quejosa el pasado doce de julio del año dos mil diecinueve, interpuso el recurso de inconformidad en contra del auto de fecha ********************, que declaró cumplida la sentencia dictada en autos. Por auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informó que admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, formándose para tal efecto la inconformidad 25/2019. Por consiguiente, el QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, remitió la resolución dictada por el pleno del citado tribunal colegiado de circuito, en el toca de inconformidad número 25/2019, quien resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de inconformidad.". En esas consideraciones, en cumplimiento a lo ordenado se dejó sin efectos el auto dictado el ********************, mediante el cual, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Atendiendo a lo ordenado por la superioridad en los siguientes términos: ". Así pues, de las constancias descritas se desprende que el emplazamiento de la quejosa ******************** al procedimiento administrativo de separación 0******************** se pretendió llevar a cabo a través de la "publicación por estrados" del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al no haber sido localizada en su domicilio. Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que las responsables incurrieron en un defecto en el cumplimiento del fallo protector, pues con las referidas constancias no está demostrado en el juicio de amparo que formalmente se practicó esa diligencia por alguno de los medios legales que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Es así, en virtud de que la "publicación por estrados" no está prevista en el citado código adjetivo civil como una forma legal de practicar el emplazamiento al indicado procedimiento administrativo de separación, ni siquiera ante la circunstancia de no localizar a la servidora pública imputada en su domicilio ni por desconocer el lugar en el que pueda ser encontrada, puesto que conforme a los invocados preceptos legales el emplazamiento debe practicarse: a) personalmente en su domicilio; b) en el sitio donde habitualmente trabaja; o, c) en el lugar donde se encuentre; y, d) por edictos, en el supuesto de que se ignore su domicilio, previa investigación de su domicilio. Entonces, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que el emplazamiento es la diligencia procesal de vital importancia que en el procedimiento administrativo de separación sirve para otorgar al denunciado la oportunidad de comparecer a contestar la infracción que se le imputa, con el que se garantiza el cumplimiento de los derechos de audiencia y defensa consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es evitar el consecuente estado de indefensión, se concluye que el emplazamiento de la quejosa ordenado en la ejecutoria constitucional debe practicarse a través de cualquiera de los medios legales previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicable supletoriamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, esto es, personalmente en su domicilio, en el sitio en el que habitualmente trabaja o en el lugar donde se encuentre, o bien, por edictos, previa investigación de su domicilio; lo cual significa que las actuaciones procesales o diligencias que se lleven a cabo en forma distinta a la prevista en dicha legislación, como la "publicación por estrados" que se analiza en este caso, resultan ineficaces para demostrar el cumplimiento dado al fallo protector, pues no garantizan que efectivamente se hizo de su conocimiento el procedimiento instaurado en su contra con los elementos que establece la ley para que pueda ejercer una adecuada y oportuna defensa. No pasa por alto para este órgano colegiado que en el acuerdo de ******************** dictado en el procedimiento administrativo especial 0******************** se estableció que feneció el término probatorio de quince días, con la precisión de que la servidora pública imputada no presentó prueba alguna; el ********************siguiente se señaló el ********************del mismo mes y año para celebrar la audiencia de pruebas y alegatos; a las ********************de esta última fecha se llevó a cabo la referida audiencia, sin la asistencia de la quejosa; y, el ********************de la anualidad citada se dictó la resolución final en el indicado procedimiento en la que se decretó la remoción, destitución o cese de ******************** en el cargo que desempeñaba como elemento operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por no haber aprobado los exámenes de control de confianza; empero, al no quedar demostrado que se llevó a cabo el emplazamiento a dicho procedimiento de la peticionaria como fue ordenado en el fallo protector, las mismas deberán declararse insubsistentes por derivar de un acto viciado de origen, a efecto de que se cumpla la ejecutoria en los términos precisados, sin que con ello se incumpla la prohibición constitucional contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, puesto que son actuaciones posteriores a los actos con los que las responsables han pretendido acatar la sentencia constitucional. Sin que represente obstáculo lo considerado por el juzgador federal en el acuerdo que se revisa respecto a que, en la notificación personal de cinco de junio de dos mil diecinueve practicada en el juicio de amparo, el autorizado de la quejosa recibió copia del acta de notificación y emplazamiento de diez de enero de dos mil dieciocho, ya que con ello no se convalida el vicio advertido en esta resolución, debido a que la peticionaria ya no tenía la oportunidad de comparecer al procedimiento administrativo de separación a ejercer sus derechos de audiencia y defensa, pues para esa fecha ya se había emitido la resolución definitiva en la que se determinó la destitución del servicio público, con base en una notificación por estrados que no está prevista como un medio legal para practicar el emplazamiento en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicable supletoriamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, esto es, de una actuación que no cumple con las formalidades exigidas en la ejecutoria de amparo y, por ende, aquella otra circunstancia destacada por el a quo resulta irrelevante para calificar el acatamiento al fallo constitucional. En conclusión, se obtiene que las autoridades responsables no demostraron que llevaron a cabo el emplazamiento de la promovente al procedimiento administrativo especial en los términos ordenados en la ejecutoria de amparo, esto es, conforme a los medios legales que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dado que la "publicación por estrados" no es una forma de notificación que se encuentre prevista para esa clase de diligencias, lo que, se insiste, constituye un defecto en el cumplimiento del fallo protector. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 55/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 406 del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR. Conforme a la regulación del recurso de inconformidad en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, si se concede el amparo para determinados efectos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito deben analizar exhaustiva y oficiosamente la sentencia dictada en cumplimiento a dicho fallo, pues si de los autos se advierte que los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito dieron por cumplida una ejecutoria de amparo y la autoridad responsable no la acató en sus términos, resulta evidente que el fallo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad interpuesto debe declararse fundado. Lo anterior es así, aun cuando el tribunal de amparo haya otorgado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ya que ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal". Por consiguiente, al resultar fundado el presente recurso de inconformidad, lo procedente es revocar el acuerdo de -, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo y devolver los autos al juez de distrito, a efecto de que requiera su cumplimiento en los términos previstos en el artículo 193 de la Ley de Amparo, atendiendo a los lineamientos contenidos en esta resolución. ". Consecuentemente, por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado federal, ordenó requerir a las autoridades responsables por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos antes precisados. Por ello, la autoridad responsable mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el --de noviembre pasado, informo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al efecto remitió el oficio número 200/2019, al que adjunto tres anexos con firmas originales y un disco compacto el cual previa certificación que se realizó en acta por separado el secretario procedió a certificar que sí es posible la reproducción del contenido del mismo y del cual se observan que contienen las siguientes Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido Fotografías relativas a la notificación y emplazamiento a la parte quejosa dentro del procedimiento administrativo especial número mismas que fueron remitidas para acreditar la realización de la notificación, cedula de citación y acta de notificación y emplazamiento realizado a la parte quejosa. Documentales señaladas, mismas que al ser documentales públicas hacen prueba plena de la existencia del proceder combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil en cita, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del segundo párrafo de su artículo 2. Apoya lo considerado la tesis: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal. De igual guisa se invoca la tesis de jurisprudencia: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por otra parte, el pasado seis de febrero de dos mil veinte, el quejoso interpuso el recurso de inconformidad en contra del auto de fecha que declaró cumplida la sentencia dictada en autos. Por auto de fecha doce de febrero de dos mil veinte, la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informó que admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, formándose para tal efecto la inconformidad 16/2020. Por consiguiente, el QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, remitió la resolución dictada por el pleno del citado tribunal colegiado de circuito, en el toca de inconformidad número 16/2020, quien resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de inconformidad.". En esas consideraciones, en cumplimiento a lo ordenado se dejó sin efectos el auto dictado el - mediante el cual, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Atendiendo a lo ordenado por la superioridad en los siguientes términos: ". Por consiguiente, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que el emplazamiento es la diligencia procesal de vital importancia que en el procedimiento administrativo de separación sirve para otorgar al denunciado la oportunidad de comparecer a contestar la infracción que se le imputa, con el que se garantiza el cumplimiento de los derechos de audiencia y defensa consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es evitar el consecuente estado de indefensión, se concluye que el emplazamiento de la quejosa ordenado en la ejecutoria constitucional debe practicarse a través de cualquiera de los medios legales previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicable supletoriamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, esto es, personalmente en su domicilio, en el sitio en el que habitualmente trabaja o en el lugar donde se encuentre, o bien, por edictos, previa investigación de su domicilio. Entonces, las actuaciones procesales o diligencias que se lleven a cabo en forma distinta a la prevista en dicha legislación, como el "emplazamiento por cédula fijada en la puerta de entrada" en un supuesto que no está expresamente previsto en el código adjetivo civil aplicable, esto es, cuando desde la primera búsqueda la casa designada para el emplazamiento está cerrada y sin persona que atienda la diligencia, resultan ineficaces para demostrar el cumplimiento del fallo protector, pues no garantizan que efectivamente se hizo de su conocimiento el procedimiento instaurado en su contra con los elementos que establece la ley para que pueda ejercer una adecuada y oportuna defensa. Es por esos motivos que las actuaciones correspondientes a la "CÉDULA DE CITACIÓN"; a la "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN"; y al "ACTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO"; así como las fotografías digitales de esas diligencias contenidas en el disco compacto al que se ha hecho referencia, son ineficaces para demostrar el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que no corresponden a una forma ni a un medio legal para practicar el emplazamiento al procedimiento administrativo de separación de los previstos expresamente en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado. Lo expuesto se debe a que desde la primera búsqueda estaba cerrada la casa designada para realizar el emplazamiento y en el domicilio no se encontraron personas que atendieran las diligencias, lo cual significa que ante esas circunstancias no se podía dejar el citatorio ni la cédula de notificación con sus anexos fijados en la puerta de ingreso, habida cuenta que no es la forma ni el medio para practicar un emplazamiento en esos supuestos, acorde con lo que expresamente establecen los citados numerales del código adjetivo civil citado, es decir, es una manera de actuar que no está autorizada por la legislación aplicable para llevar a cabo los actos procesales para emplazar a juicio. Sin que las consideraciones expresadas representen el análisis de la legalidad o ilegalidad del "emplazamiento", sino únicamente que hasta el momento las autoridades responsables no han demostrado que emplazaron a la quejosa al procedimiento administrativo de separación a través de alguna de las formas o medios establecidos en el código adjetivo civil citado, en los términos que se ordenó en la ejecutoria de amparo. En conclusión, se obtiene que las autoridades responsables no demostraron que llevaron a cabo el emplazamiento de la promovente al procedimiento administrativo especial 0-en los términos ordenados en la ejecutoria de amparo, esto es, conforme a los medios legales que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dado que, se insiste, el "emplazamiento por cédula fijada en la puerta de entrada", en los casos en que la casa designada para tal efecto está cerrada y sin personas que atiendan la diligencia, no es una forma de notificación que se encuentre contemplada para esa clase de diligencias, lo que, se insiste, constituye un defecto en el cumplimiento del fallo protector. En términos similares se pronunció este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver por unanimidad de votos el recurso de inconformidad 25/2019, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, derivada del mismo juicio de amparo de origen. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el presente recurso de inconformidad, lo procedente es revocar el acuerdo de --, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo y devolver los autos al juez de distrito, a efecto de que requiera su cumplimiento en los términos previstos en el artículo 193 de la Ley de Amparo, atendiendo a los lineamientos contenidos en esta resolución Consecuentemente, por auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, este juzgado federal, ordenó requerir a las autoridades responsables por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos antes precisados. Luego, mediante proveído de catorce de mayo de la anualidad que transcurre, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director Jurídico y Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual, remitieron copia certificada del acta de notificación y emplazamiento realizado a la quejosa el doce de mayo de dos mil veintiuno, en términos de lo establecido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio del el Director Jurídico de y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual, informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; por consiguiente, únicamente agréguense a los autos para los efectos legales procedentes, en virtud de que el catorce de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Director Jurídico y Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del acta de notificación y emplazamiento realizado a la quejosa el doce de mayo de dos mil veintiuno; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco por su propio derecho y en representación del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita una prórroga para tales efectos. Al respecto, tomando en consideración, lo manifestado en el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga un término de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que dé cumplimiento a la resolución de mérito; bajo apercibimiento de ley

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