Ma. Mangelica Monreal Andrade

Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1268/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Ma. Mangelica Monreal Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese la pieza postal número 3422111125855 que devuelve el Administrador de Correos en esta Ciudad, que contiene el oficio número 33746 dirigido al Director General de Minas en la ciudad de México, con la razón al reverso que dice: "Cambio de domicilio". En esas condiciones, reexpídase el citado oficio al domicilio ubicado en ***, Ciudad de México. A fin de que sea notificada del proveído de fecha dieciocho de septiembre del presente año. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de octubre del presente año, la licenciada Ma. Angélica Pérez Herrera, fungirá como Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito de este órgano jurisdiccional, en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/2373/2023, de once de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO QUEJOSO AUTO 28-SEP-2023 Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos del Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado. II. Formación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1268/2023. 1. Desechamiento. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente; por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Demanda extemporánea Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que la presentación de la demanda excede el plazo establecido por la invocada ley y, por tanto, debe presumirse consentido tácitamente el acto reclamado. A fin de sustentar la afirmación anterior, es menester observar el contenido de dichos numerales, los cuales establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. [...]" "Artículo 17. [...]" "Artículo 18. [...]" Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse "[...]" En el caso, el acto reclamado no está dentro de los supuestos de excepción que establece el numeral citado, por ende, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para instar el juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, de la interpretación armónica de todos los artículos invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos estos, como aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro del plazo de quince días Lapso que el dispositivo 18 de la citada legislación, prevé que se contabiliza de la siguiente forma: Lapso que el dispositivo 18 de la citada legislación, prevé que se contabiliza de la siguiente forma: "[...]" Ahora, en el caso, el acto que se reclama encuadra en la primera hipótesis para computar el plazo de quince días, ya que la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado consistente en el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable, mismo que le fue notificado el once de agosto de dos mil veintitrés. Esto es así, puesto que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: "Lo constituye el acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad ya señalada como responsable y que me fue notificada hasta el once de agosto del presente año". Por ello, el cómputo de los quince días para la promoción del presente juicio debe computarse a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés y feneció el cuatro de septiembre del mismo año, sin contar los días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, al margen del contenido del auto de seis de junio de dos mil veintitrés, que por esta vía se reclama, pues dicho contenido no puede variar la circunstancia de la confesión expresa de la parte quejosa al manifestar que fue notificada del acto reclamado el once de agosto del año en curso. Por consiguiente, si la demanda de amparo se presentó con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, según consta del sello estampado en la propia demanda, es evidente que transcurrieron en exceso los quince días para su promoción y, por tanto, resulta extemporánea. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado se presume consentido tácitamente, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el arábigo 113 de la ley en consulta, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. III. Intervención a las partes. 1. Promovente: ***. 2. Domicilio. El indicado en la demanda. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO TERCERO AUTO 22-SEP-2023 I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Ejecutoria y requerimiento de cumplimiento. En principio, la parte quejosa reclamó la resolución del recurso de revocación por el cual combatió la multa impuesta dentro de la causa penal *** debido a que no compareció a una audiencia en su carácter de Ministerio Público. El veinticuatro marzo de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, se negó el amparo solicitado. No obstante, mediante ejecutoria dictada el siete de julio de dos mil veintitrés por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión 160/2023, fue revocada la sentencia únicamente por cuanto a la negativa de amparo, a fin de conceder la protección constitucional. En virtud de lo anterior, en auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés se requirió el cumplimiento del fallo protector, conforme a los siguientes efectos: "[...]" Para dar cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada del audio y video de la audiencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con lo anterior se dio vista a las partes, quienes no realizaron manifestaciones en torno al cumplimiento dentro del plazo otorgado por el artículo 196 de la Ley de Amparo. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. A fin de calificar el cumplimiento de la sentencia en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, es oportuno realizar una comparativa entre los efectos del fallo constitucional y los actos realizados por la autoridad responsable: "[...]" Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. IV. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. III. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN CONCEDIDA. Con base en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión definitiva, el cuaderno único del incidente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. V. Devolución de anexos a la autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obren los anexos (discos de audio y video) que la autoridad responsable Juzgado Séptimo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, remitió con su informe con justificación, así como al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, es apta para acreditar su recepción. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada y por lista a la parte quejosa en términos del acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés.

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