Ma. Magdalena Soto García
Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Magdalena Soto García
Actuaciones
- Principal
2. Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 21 del citado acuerdo; por tanto, de conformidad con el referido numeral, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Yadira Yanet Salgado García, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
2. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Delegado en el Estado de Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 224/2021-II. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el descuento o reducción en su pensión de concubinato, bajo el concepto 48, relativo a la compatibilidad de pensión, el cual se empezó a llevar a cabo el veintiocho de marzo de dos mil veinte y suma la cantidad de *****. Del análisis de lo anterior, se obtiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que previo a instar a la acción constitucional, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, dichas normas establecen el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en que al tratarse el juicio constitucional de un medio extraordinario de defensa, resulta imperioso que previamente a su interposición deba agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, resultaría improcedente. La improcedencia del juicio de amparo por no agotar el principio de definitividad precisa de la actualización de varios elementos, a saber: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que tal suspensión se prevea con los mismos alcances que los determinados en la Ley de Amparo y que no se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Dicho criterio fue sintetizado en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, páginas 448 y 447, de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Asimismo, la mencionada Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/99, de la que derivó el criterio 2a. LVI/2000, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, página 156, de epígrafe: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO", determinó que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto previamente a su interposición en los casos siguientes: 1. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: a. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. c. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. d. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. 2. Por disposición de la Ley de Amparo. a. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. c. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. d. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. 3. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es la garantía de audiencia. b. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. En este sentido, se estima que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como se demuestra a continuación. Conviene recordar que el acto que reclama quejosa en este juicio es el descuento o reducción en su pensión de concubinato, bajo el concepto 48, relativo a la compatibilidad de pensión, el cual se empezó a llevar a cabo el veintiocho de marzo de dos mil veinte y suma la cantidad de *****. En este punto, resulta necesario invocar el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de cuya interpretación se obtiene que el acto combatido por la quejosa debe ser impugnado en la jurisdicción ordinaria previamente a la vía constitucional de amparo, esto es, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón de que dicho tribunal cuenta con atribuciones para resolver controversias en materia de pensiones civiles con cargo al erario público o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En este sentido, es claro que previamente a instar la vía constitucional debió agotar la vía ordinaria impugnando la citada resolución, a través del juicio de nulidad. Así, se estima que el acto reclamado es impugnable a través del juicio de nulidad contemplado en el artículo 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, septiembre de 2005, página 326, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". De igual forma se estima así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002, del que derivó el criterio 2a. X/2003, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, febrero de 2003, página 336, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL", estableció que el juicio ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede contra resoluciones definitivas, entendiéndose éstas como las que ponen fin a un procedimiento, y contra actos que configuren una manifestación aislada de autoridad que no requiere de un procedimiento para reflejar la voluntad de la autoridad. Asimismo, se advierte que el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión del acto impugnado que los que se establecen en la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional. Se afirma lo anterior, pues en ambos juicios la medida cautelar debe solicitarse por el agraviado mediante escrito y opera la suspensión provisional y definitiva, que proceden cuando de otorgarse no se cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; además, en ambos procedimientos puede modificarse o revocarse la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando se actualice un hecho superveniente que lo justifique. En consecuencia, si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los mismos requisitos que la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, es evidente que no se actualiza el supuesto de excepción y por ende, antes de la incoación del juicio de amparo, correspondía a la parte quejosa impugnar el acto reclamado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de julio de 2004, página 414, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Asimismo, la tesis I.15o.A.6 A (10a.), sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1229, libro VI, marzo de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, PORQUE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LO REGULA, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011)". Y, la tesis VI.1o.A.6 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la 4603, libro VI, enero de 2012, tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente: "RESOLUCIONES IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN VIGOR A LOS NOVENTA DÍAS DE SU PUBLICACIÓN (10 DE MARZO DE 2011), ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO RELATIVO ANTE EL MENCIONADO ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO PREVERSE MAYORES REQUISITOS QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS". Por lo que se reitera que contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que previo a instar la acción constitucional de amparo, la quejosa debió agotar ese medio de defensa, lo cual patentiza de forma notoria e indudable la causa de improcedencia que se invoca. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en conexión con el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *****. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la impetrante, y como sus autorizadas a las personas que indica, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, en virtud de que de la certificación de cuenta se advierte que el usuario proporcionado por la quejosa cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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