Ma. Magdalena Galván Maldonado
Expediente 185/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Magdalena Galván Maldonado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al juez responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 185/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la quejosa y por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 2-9), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Ma. Magdalena Galván Maldonado, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán y del Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo y suspensión del procedimiento. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 185/2020 y en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte (foja 13), la admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se reservó proveer respecto de a quién le resultaba el carácter de tercero interesado. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de doce de agosto de dos mil veinte (foja 33), se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente; y, se ordenó dar vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El nueve de septiembre de dos mil veinte (foja 36), se reconoció el carácter de tercero interesado a José Cabrera Madrigal y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la quejosa a las autoridades responsables, son: Al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, el auto dictado el quince de enero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 225/2018, que sobre rescisión de contrato de cesión de derechos y otras prestaciones, promovió José Cabrera Madrigal frente a Ma. Magdalena Galván Maldonado. En dicho proveído, el juez ordenó poner los autos en estado de ejecución forzosa; mandó requerir a la demandada del pago a que resultó condenada a pagar y que en el caso de no hacerlo, se procediera al embargo de bienes suficientes de su propiedad; y, determinó que de momento no era procedente la aplicación del embargo sobre el salario de la demandada, pues debía seguirse las directrices del artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Al Actuario adscrito al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, el embargo del excedente del treinta por ciento sobre el salario mínimo que percibe Ma. Magdalena Galván Maldonado como trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, hasta que cubriera la cantidad a que resultó condenada. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán y al Actuario adscrito a dicho juzgado, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 25 y 29). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe el mencionado juez, consistentes en las copias certificadas del juicio ordinario civil 225/2018, que sobre rescisión de contrato de cesión de derechos y otras prestaciones, promovió José Cabrera Madrigal frente a Ma. Magdalena Galván Maldonado [4 tomos]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados, ya que entre ellas se encuentra el auto de quince de enero de dos mil veinte y la diligencia de cuatro de febrero siguiente, en la que se efectuó el embargo reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV -aplicada contrario sensu- segundo párrafo; ambos de la Ley de Amparo. Numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Las fracciones I a XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la diversa XXIII señala que también resultará improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos en los procedimientos de remate, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del segundo párrafo de dicho numeral. Asimismo, en relación con el tema que aborda el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia por contradicción de tesis, en la que dejó definido que se debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación, por lo que basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Lo anterior así se advierte de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición (artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, que es aquélla que como ya que quedó precisado, en forma indistinta y definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de sentencia tratándose de remates, es decir, aquélla que ordene otorgar la escritura en rebeldía, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase de ejecutiva de remate, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Asimismo debe precisarse que si bien el artículo 107, IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, no establece contra qué resolución procede el juicio de amparo indirecto cuando, en ejecución de sentencia, se embarga un bien que no necesita remate, como ocurre en el caso, ya que se embargó el salario de la aquí quejosa hasta que cubriera la cantidad a la que resultó condenada; sin embargo, la interpretación de tal numeral conlleva a considerar, por analogía, en este caso, el amparo procedería una vez que se haya descontado la última parcialidad y el juez responsable determine que está cubierto el adeudo por el cual se embargó. Una vez precisado lo anterior, debe recordarse que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en el auto dictado el quince de enero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 225/2018, en el que el juez ordenó poner los autos en estado de ejecución forzosa; mandó requerir a la demandada del pago a que resultó condenada y que en el caso de no hacerlo, se procediera al embargo de bienes suficientes de su propiedad; y, determinó que de momento no era procedente la aplicación del embargo sobre el salario de la demandada, pues debía seguirse las directrices del artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; y, en el embargo del excedente del treinta por ciento sobre el salario mínimo que percibe Ma. Magdalena Galván Maldonado como trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán hasta que cubriera la cantidad a la que resultó condenada. Determinaciones impugnadas que de ninguna manera constituyen la última resolución en la fase ejecutiva del remate, toda vez que si bien en auto de siete de febrero de dos mil veinte, el juez responsable ordenó girar oficio a la Secretaría de Educación en el Estado para que hiciera la retención del excedente del treinta por ciento sobre el salario mínimo percibido por la aquí quejosa, la misma se decretó hasta que se cubriera el total de la cantidad a que resultó condenada la demandada, por lo que no se está en presencia de la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate; pues ello sería hasta que sea cubierta o descontada la última parcialidad y el juez responsable determine que la aquí quejosa ha pagado la totalidad del monto por el cual se decretó el embargo. En este sentido, este juzgado no desconoce, la jurisprudencia el 2a./J. 153/2017 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni la tesis I.12o.C.31 C (10a.) emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, las cuales, en su orden, son del tenor siguiente: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACION PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA, DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CANTIDAD ASEGURADA PROCEDE, POR ANALOGÍA, EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin considerar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embarga dinero o créditos fácilmente realizables, pues de conformidad con los artículos 448 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, de aplicación supletoria al Código de Comercio, según lo permite su numeral 1054, tratándose del embargo sobre ese tipo de bienes, éstos quedarán a disposición del órgano jurisdiccional, quien tendrá la facultad de entregarlos al ejecutante, sin que el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 citado, establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate; por lo que, interpretado por analogía, se concluye que tratándose del embargo de numerario, contenido en una cuenta bancaria propiedad del demandado, decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio ordinario mercantil, el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra la resolución que requiere a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada". Sin embargo, en dichos criterios [laboral y civil] se contemplan supuestos diferentes al que es materia de análisis en este juicio de amparo; toda vez que se refieren al embargo de numerario, contenido en una cuenta bancaria propiedad del demandado, decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral y juicio ordinario mercantil, respectivamente; esto es, el requerimiento de pago será sobre la cantidad ya establecida y a la institución bancaria se le solicita en una sola exhibición el monto embargado, por lo que en esos supuestos sí estamos en presencia de la última resolución cuando se requiere a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada. En cambio, en el caso, se embargó el salario de la quejosa, por lo que su pago no será en una exhibición, sino se le irán haciendo descuentos hasta que cubra la cantidad por la que fue embargada, por lo que será cuando se pague la última parcialidad y el juez consideré que ya se pagó la totalidad de lo embargado y condenado cuando estemos en presencia de la última resolución y en ella se podrán hacer valer todas las violaciones. Para evidenciar aún más que no estamos en presencia de la última resolución, a pesar de que la responsable ya ordenó girar el oficio a la Secretaria de Educación en el Estado para que efectué la retención del excedente del treinta por ciento sobre el salario mínimo percibido por la aquí quejosa, se pone el siguiente ejemplo: si el embargo del salario hubiera sido para acatar una sentencia en la que se condenó al demandado al pago de alimentos, su cumplimiento no se daría hasta que los acreedores alimentarios ya no necesitaran de ellos, por lo que, la orden del juez familiar de descontar del salario del deudor la cantidad por concepto de pensión alimenticia, no puede considerarse como la última resolución. Este juzgado tampoco inadvierte el contenido de la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152 del rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De acuerdo con el criterio aludido, se postuló que el supuesto de procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos que ocasionen una ejecución de imposible reparación, debe hacerse extensivo a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, como lo es el procedimiento de remate. Por tanto, ante la regla general consistente en que tratándose de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto contra la última resolución dictada en esa etapa procede el amparo indirecto contra la última resolución dictada en dicha etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mencionado juicio de amparo establecida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, si es que tal afectación no es consecuencia directa ni necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Sin embargo, en el caso en estudio el acto reclamado no es ajeno a la cosa juzgada, por el contrario, es para ejecutar la condena. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXXI/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima época, registro 2002139, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Magdalena Galván Madonado, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la misma fecha se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, de autos se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que el dieciocho de septiembre del presente año, se emplazó por lista a la parte tercera interesada dentro del juicio en que se actúa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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