Ma. Luisa Morales Morales

Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1197/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Luisa Morales Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de noviembre del año en curso, en la que resuelve: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja."; se ordena acusar recibo y hacer las anotaciones correspondientes.- ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, se ordena acusar el recibo de estilo y archivar el presente expediente como asunto concluido.- DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Se considera que este asunto es destruible. - RESGUARDO DE EXPEDIENTE Y DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS.- FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, el cual se registró bajo el número 188/2023.

  3. Principal

    (Se ordena NOTIFICACIÓN por VÍA ELECTRÓNICA).- [Con efectos de NOTIFICACIÓN PERSONAL para la PARTE QUEJOSA, se NOTIFICA la resolución DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, POR VÍA ELECTRÓNICA FIREL bajo los datos que precisó el promovente en su demanda. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente.- RECEPCIÓN DE ESCRITO. Por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de veintitrés de agosto del año que transcurre. A lo anterior se acuerda. Fijación de los actos reclamados. De las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La diligencia de embargo practicada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en callejón del******************** zona centro de este municipio, sobre bienes de su propiedad, por el actuario designado por el por el Juez Segundo Menor Mixto con sedeen esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************. El acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado por el Juez Segundo Menor Mixto con sede en esta ciudad, mediante el cual aprobó la diligencia de embargo practicada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en callejón del******************** zona centro de este municipio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL INCISO B. Lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías, al advertirse la causa de improcedencia relativa a cuando los efectos que genera el acto reclamado, no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así es, en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "...". De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "...". Este juzgador estima que en relación con tales actos se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "..." El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual puedan modificarse, revocarse o anularse los actos reclamados. Por lo que hace al acto reclamado consistente en el proveído emitido el dos de agosto del año en curso, por el Juez Segundo Menor Mixto con sede en esta ciudad, mediante el cual aprobó la diligencia de embargo practicada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en callejón del******************** zona centro de este municipio, procede el recurso de revocación, a través del cual podía haber obtenido su anulación, ello es así, puesto que la parte quejosa en el escrito de cuenta manifestó bajo protesta de decir verdad que fue emplaza al juicio mercantil de origen. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, en contra del acto reclamado en análisis procedía el recurso de revocación. En efecto los dispositivos legales mencionados disponen lo siguiente: "..." Del contenido de los anteriores preceptos es posible establecer que el recurso de revocación resulta procedente en los juicios mercantiles contra de los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; de manera que si en el presente caso, el auto de dos de agosto del año en curso, dictado por el Juez Segundo Menor Mixto con sede en esta ciudad, mediante el cual aprobó la diligencia de embargo practicada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en callejón del******************** zona centro de este municipio, no se adecua en alguno de los supuestos en los cuales procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1337 del Código de Comercio, entonces en su contra resultaba procedente el recurso de revocación, pues a través del mismo la quejosa podía obtener la modificación, revocación o nulificación del acuerdo reclamado. En tal virtud, al no haberse hecho valer el medio de impugnación procedente, es claro que no se satisfizo por la parte quejosa el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula el acto reclamado, por lo que se considera colmada la causa de improcedencia en estudio. ... En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la ley de la materia. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por otro lado, por lo que se refiere al acto reclamado señalado en el inciso A), esto es, la diligencia de embargo practicada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en callejón del******************** zona centro de este municipio, sobre bienes de su propiedad, por el actuario designado por el por el Juez Segundo Menor Mixto con sedeen esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************. El suscrito considera respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Preceptos que disponen: "...". "...". De acuerdo a las normas reproducidas se tiene que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, y que de no promoverse dentro de tal plazo el juicio es improcedente; salvo las excepciones contenidas en las fracciones I a IV del propio numeral. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 18 de la Ley de Amparo, se tiene que el momento a partir del cual se computará el plazo para instar el juicio de amparo, se contará a partir de tres acontecimientos distintos, según la naturaleza del acto reclamado, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, o su ejecución; o bien, c) A partir del día siguiente a aquel en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De acuerdo a lo anterior, la causa que torna improcedente la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días y no se esté en algunas de las excepciones contenidas en el propio precepto 17 de la Ley de Amparo. En el caso concreto se actualiza lo señalado en el inciso c), lo anterior, pues la parte quejosa reclama: La diligencia de embargo practicada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en callejón del******************** zona centro de este municipio, sobre bienes de su propiedad, por el actuario designado por el por el Juez Segundo Menor Mixto con sedeen esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************. Acto respecto del cual la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que estuvo presente en dicha diligencia. Lo anterior constituye una confesión expresa contenida en la demanda, por lo que es a partir del día siguiente de esa data, en la que inicia el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, pues a partir de esa data estuvo en posibilidad de acudir al juicio de amparo. ... Ergo, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que tuvo conocimiento de los actos reclamados el trece de julio de la presente anualidad, es una confesión expresa que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y por ende válida para realizar el cómputo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de su demanda. En esa tesitura el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, inició a partir del día hábil siguiente a aquel, esto es, del catorce de julio y feneció el dieciocho de agosto del año actual, descontándose por inhábiles el período vacacional de la autoridad señalada como responsable, que correspondió del diecisiete al treinta y uno de julio, así como los días cinco, seis, doce y trece de agosto, todos del presente año, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo. En ese orden, si la demanda de amparo se presentó ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, según el sello de recepción, es manifiesto que la demanda de amparo no se presentó dentro de los quince días que tenía para hacerlo, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para acudir a esta instancia; por consiguiente, al resultar extemporánea la presentación de la demanda, ello entraña un consentimiento tácito de los actos que ahora se reclaman. Lo anterior es así, ya que los actos que aquí combate no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, en razón de que estos no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; así también, dicho acto reclamado tampoco involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Y tampoco se trata de una sentencia definitiva o laudo y resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Finalmente, tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal, o contra los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. Luego, como se adelantó, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. ... En virtud de lo anterior, se desecha de plano la presente demanda por ser notoriamente improcedente, respecto de los actos reclamados -antes precisados-, en términos de lo dispuesto en el artículo los artículos 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dado que se está en presencia de un consentimiento tácito al no haberse promovido de manera oportuna la demanda de amparo. ... Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. ... FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese, de manera personal a la parte quejosa.

  4. Principal

    (Se ordena NOTIFICACIÓN por VÍA ELECTRÓNICA).- [Con efectos de NOTIFICACIÓN PERSONAL para la PARTE QUEJOSA, se NOTIFICA la resolución DE UNO DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, POR VÍA ELECTRÓNICA FIREL bajo los datos que precisó el promovente en su demanda. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Visto el escrito que signa la quejosa **********, a través del cual pretende cumplir con la prevención realizada por este Juzgado en el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. A lo anterior se acuerda. NO SE TIENE CUMPLIENDO REQUERIMIENTO. En atención al escrito presentado por la parte quejosa, dígase que no ha lugar a tenerla por cumpliendo cabalmente con la prevención aludida, en razón de que omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, si tuvo intervención en el juicio mercantil de origen -fue emplazada o llamada al contradictorio-. Lo anterior conforme al artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, y lo cual se le requirió en el acuerdo de veintitrés de agosto pasado. ... En consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa que al haber presentado el escrito que ahora se acuerda, en el tercer día de los cinco que le fueron concedidos a efecto de cumplir con la prevención que le fue realizada, aún dispone del plazo de dos días para dar cumplimiento con lo requerido, mismo que se computara al día siguiente al en que surta efectos la notificación que se haga de este auto, esto para evitar que se vuelva nugatorio el derecho que le asiste para subsanar las deficiencias indicadas al inicio del presente proveído y toda vez que el ocursante aún está en tiempo para hacerlo. ... FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese; hágase de manera personal a la parte quejosa.

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