Ma. Luisa Martínez Cortes

Expediente 2360/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2360/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. Luisa Martínez Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, en acuerdo de doce de diciembre del año en curso, se proveyó el oficio que remitió la Presidenta Auxiliar y Secretaría, ambas de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al que acompañaron constancias certificadas para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, haciéndose consistir en que la autoridad responsable llevara a cabo el emplazamiento y notificación a la parte demandada al procedimiento laboral de origen. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve (foja 34), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el veinticinco de noviembre pasado llevó a cabo el emplazamiento y notificación a la parte demandada al procedimiento primigenio. Por ende, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO SIN MATERIA la ejecutoria de amparo, toda vez que previó a ser exigible su cumplimiento, la autoridad responsable llevo a cabo actuaciones que colmaron los efectos de la sentencia de amparo. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Presidenta Auxiliar y Secretaria, ambas de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con el que informan las gestiones realizadas para dar cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, y remiten constancias. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Director de Recurso Humanos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por el que informa que el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve se transfirieron las nóminas a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por lo que le corresponde a ella cumplir con la ejecutoria de amparo y solicita que este Juzgado de Distrito le requiera a la referida secretaria por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión 583/2016, haciéndose consistir en: "1). El Encargado del Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad en el Estado informe al quejoso de manera escrita, fundada y motivada, la razón por la cual lo privó de la totalidad de su salario con motivo de la tramitación del procedimiento 125/2016. 2). Lo anterior en la inteligencia que de resultar favorable al quejoso lo informado por el Encargado del Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad en el Estado, esto es, que no obtuviera el pago de la totalidad de su salario, se insta a dicha autoridad, atento a la causa de pedir, a que considere, en concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1°, 3°, 4° 6°, 13, 14, 16, 17,27,31 Y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ¡deba garantizarse al quejoso el derecho a un ingreso mínimo; por lo que dicha autoridad, en su caso, habrá de determinar la cantidad que deberá otorgársele para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen". Entonces, como se advierte de las constancias certificadas allegadas, a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que las autoridades responsables únicamente han emitido los cheques números 365242, 365243, 365244 y 378775, para informar respecto a los pagos realizados a la parte quejosa; sin embargo, dichas documentales son insuficientes para acreditar que las cantidades enteradas a la fecha, corresponden al periodo precisado en la ejecutoria que nos ocupa, esto es, la cantidad que resultó del cálculo que la responsable previamente tuvo que haber realizado a partir de que decretó la suspensión del servidor público, hoy quejoso. Lo anterior, en razón de que como lo consideró el Tribunal Colegiado, en la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis el Encargado de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de Transporte, no señaló de manera expresa la razón por la cual privaba al quejoso de la totalidad de su salario con motivo de la tramitación del procedimiento 125/2016, y en la cual, se determinó la suspensión de la prestación de sus servicios, más no así del pago respectivo. Por lo que en concordancia a los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que debió garantizarse al impetrante el derecho a un ingreso mínimo. De ahí que, al no haberlo hecho así, las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán determinar la cantidad que se debió cubrir al quejoso, para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual debió ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución que laboraba el servidor púbico al momento de decretarse la suspensión y la cual debe seguirse cubriendo hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en el procedimiento de origen. Ahora bien, dado los múltiples requerimientos y la actitud de la responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, se constriñan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. En el entendido de que de insistir en su actuar, se tomaran como meras evasivas y se procederá a hacer efectivo el apercibimiento efectuado en acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 263), esto es; se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Visto el escrito de la autorizada en amplios términos de la parte quejosa, por el que renuncia al cargo conferido en el presente juicio de amparo; por tanto, se le tiene renunciando al mismo sin necesidad de darle vista a la parte quejosa, toda vez que la misma señaló a diversas personas.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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