Ma. Luisa Hernández Charles

Expediente 1714/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1714/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Ma. Luisa Hernández Charles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que obra agregado el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, al cual acompaño acompañando copia certificada de diversas constancias emitida dentro de los autos del expediente laboral 66/E03/2020. En consecuencia, ante la inexistencia del acto que en el presente juicio se reclama, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se fijó para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que obra agregado el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, al cual acompaño acompañando copia certificada de diversas constancias emitida dentro de los autos del expediente laboral 66/E03/2020. En consecuencia, ante la inexistencia del acto que en el presente juicio se reclama, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se fijó para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia simple del oficio SF/SSE/1059/2022, de siete de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Subsecretario de Egresos de dicha Secretaría, dirigido a la Dirección Jurídica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual refiere que el pago en favor del quejoso se contemplará en el próximo ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Ahora bien, en el caso concreto, consta en autos que en el fallo proteccionista, se concedió en los siguientes términos: "Realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución de la resolución de liquidación de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 922/E/2016, es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de $162,161.42 (ciento sesenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 42/100 M.N.); observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin No obstante lo anterior, atendiendo el oficio de cuenta, a través del cual se remite copia del oficio signado por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó al Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información de la misma Secretaría, que el pago en favor del quejoso se contemplará en la partida presupuestal para cubrir las indemnizaciones que por resolución judicial deban erogarse en laudos laborales en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas que sea aprobado para el próximo ejercicio fiscal y esté en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, no ha justificado con los documentos fehacientes el día que tiene contemplado para realizar el pago correspondiente a la aquí quejosa, pues únicamente se ha informado que dicho pago se realizará en el año dos mil vientres. En efecto, tratándose de una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica el pago de una suma de dinero, si la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector y sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, se debe determinar si es excusable el incumplimiento por falta de fondos y si se está en el caso de requerir a las autoridades que puedan disponer de los recursos presupuestarios correspondientes. Por tanto, resulta indispensable que la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas), informe la fecha exacta en que estará a disposición del peticionario de amparo, el documento mercantil correspondiente al pago del crédito laboral a que fue condenado el demandado dentro del expediente laboral número 53/E/2005. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Del mismo modo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe las anteriores circunstancias. Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, deberá acreditar de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $162,161.42 (ciento sesenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 42/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso César Abimael Chávez García, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y la fecha exacta de pago. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informó la respuesta otorgada al oficio del Director Jurídico de la Secretaria de Administración, precisando que el laudo de veintisiete de octubre de dos mil quince, se encuentra firme para dar cumplimiento en favor de Beatriz Galván Guzmán. En consecuencia, señala que de acuerdo al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 4 del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, así como el artículo 162 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y artículo 38 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la cantidad de $99,969.19 pesos, será cubierta a la parte quejosa, en los últimos cinco días hábiles del mes de febrero del ejercicio fiscal 2023. Sin embargo, no justifica con los documentos fehacientes el día que tiene contemplado para realizar el pago correspondiente a la aquí quejosa, pues únicamente se ha informado que dicho pago se realizará en ese mes. En efecto, tratándose de una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica el pago de una suma de dinero, si la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector y sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, se debe determinar si es excusable el incumplimiento por falta de fondos y si se está en el caso de requerir a las autoridades que puedan disponer de los recursos presupuestarios correspondientes. Por tanto, resulta indispensable que la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas), informe la fecha exacta en que estará a disposición del peticionario de amparo, el documento mercantil correspondiente al pago del crédito laboral a que fue condenado el demandado dentro del expediente laboral número 206/E/2015. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe las anteriores circunstancias. Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, deberá acreditar de manera fehaciente, las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $99,969.19 (noventa y nueve mil novecientos sesenta y nueve 19/100) a favor de la quejosa Beatriz Galván Guzmán, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y la fecha exacta de pago. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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