Ma. Luisa González Yebra
Expediente 253/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Luisa González Yebra
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y demás relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Ma. Luisa González Yebra, contra actos del juez Décimo Cuarto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En el caso, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Los dispositivos transcritos establecen la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de remate. Según lo ahí señalado, el amparo será procedente hasta en tanto se actualicen las siguientes dos condiciones: Se emita la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y, Exista la determinación que ordena la entrega de los bienes rematados. Solo hasta que se materialice uno solo de los extremos podrá acudirse al amparo en que podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución final. Como se dijo, la quejosa señala como acto reclamado la resolución emitida el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el expediente M-0119/2018 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En dicha determinación, la autoridad responsable confirmó el auto de nueve de marzo del año en curso, en el que, ante la omisión de las partes, designó un perito único para que realizara el avalúo del bien inmueble embargado. Ahora, la resolución combatida no encuadra en alguno de esos supuestos mencionados para que el juicio de amparo proceda en la etapa de remate. De ahí que si el acto en estudio, no es de aquellos en los que se esté ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien inmueble rematado, se trata solo de una actuación intermedia en el aludido procedimiento. Lo anterior, pues como se mencionó, la procedencia del juicio de amparo indirecto está condicionada a la última resolución en el procedimiento de remate en los términos precisados, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las eventuales violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de remate (como la resolución reclamada), deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la resolución que ordena la escrituración o entrega de bienes rematados, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la quejosa no es tercera extraña a juicio, pues de las manifestaciones que realizó bajo formal protesta de decir verdad, así como de la documental que anexó a su demanda, se desprende que es parte demandada en la contienda de origen... Cabe destacar que en el caso concreto no se está ante actos que tienen autonomía respecto del procedimiento de remate -lo que haría procedente el juicio de amparo-, como se mencionó, la actuación combatida consiste en la resolución emitida en el recurso de revocación que confirmó el proveido de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cuestiones, la autoridad responsable designó un perito único para que realizara el avalúo del bien inmueble embargado sujeto a remate. Sin que en el caso se observe que se afectan derechos sustantivos de la quejosa, pues como se dijo, únicamente se reclama la resolución emitida en el recurso de revocación que confirmó el proveido de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que la responsable, ante la omisión de las partes, designó un perito único para que realice el avalúo del inmueble embargado. En tal condición, el acto reclamado carece del alcance necesario para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de remate; por ende, hasta que se decida sobre el particular la peticionaria se encontrará en condiciones de impugnar los actos que estime le causan agravio. Por tanto, se materializa la causa de improcedencia referida, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo...
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