Ma. Luisa Galvez Martínez
Expediente 1226/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Luisa Galvez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintidós al veintiocho de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince del mismo mes y año, dentro del juicio de amparo 1226/2016-3.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de diciembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Ma. Luisa Gálvez Martínez, contra actos del Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos y otra autoridad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En quince de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 20731 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos del que se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre del presente año, se ordenó formar el expediente en que se actúa, asignándosele el número 1126/2016-3, cuando debería ser 1226/2016-3 que es el que por su orden progresivo le corresponde, por lo que se aclara que el número correcto del presente expediente es este último. Por otra parte, visto el escrito signado por Manuel Lozano Morales, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de veintitrés de noviembre del presente año; en atención a lo anterior, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra el acto consistente en el mandamiento de ejecución de sentencia que se relaciona con el expediente agrario 228/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, ya que en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, en concreto, la parte quejosa reclama el mandamiento de ejecución de sentencia, notificación o cualquier otra de carácter judicial que se relacione con el expediente agrario 228/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Del análisis integral de la demanda se advierte que la diligencia reclamada tiene como origen la ejecución de la sentencia emitida el trece de octubre de dos mil catorce, en el expediente agrario 228/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, promovido entre otras, contra la aquí quejosa. De manera que se trata de un acto llevado a cabo con posterioridad al juicio, respecto del cual la quejosa es parte formal y material (ya que compareció como demandada en dicho procedimiento), como se desprende de la copia certificada de la sentencia dictada en el referido juicio, allegada por la quejosa al escrito de cuenta. Por tanto, el acto reclamado forma parte del procedimiento natural tendente a la ejecución de la sentencia como lo señala la propia quejosa. De tal suerte que el acto reclamado forma parte de la ejecución de una sentencia, por lo que, como se expuso, el juicio de amparo únicamente procede contra la resolución definitiva de dicho trámite (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido durante la substanciación); es decir, contra aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, al combatirse el mandamiento de ejecución del juicio natural, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque no se trata de la resolución definitiva del procedimiento involucrado; aunado a que no se encuentran involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, debido a que la inconformidad base de la demanda de amparo se centra en el mandamiento de ejecución, que tiene como finalidad precisamente la ejecución de la resolución natural (cosa juzgada), donde la quejosa fue parte material, lo que revela la relación directa del acto reclamado con lo determinado en dicha resolución. Sin perjuicio de que en el momento en que se emita la resolución respectiva en torno al cumplimiento de la sentencia del juicio natural, se puedan hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En conclusión, al no tratarse de la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia involucrado, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Ma. Luisa Gálvez Martínez, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En seis de diciembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 20228 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el licenciado Manuel Lozano Morales, en su carácter de autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Ma. Luisa Gálvez Martínez, mediante el cual pretende dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de veintitrés de noviembre del presente año, en el que entre otras cosas se le requirió en los términos siguientes: [.] "2. Asimismo, resulta necesario requerir a la promovente del amparo a fin de que precise el estado procesal que guarda el juicio antes mencionado, así como el sentido en que se resolvió el mismo; lo anterior, en razón de que resulta necesario para el estudio de la demanda de amparo." [.] De lo anterior se advierte que se requirió a la quejosa para lo siguiente: Precise el estado procesal que guarda el juicio agrario 228/2014; y, Indique el sentido en que se resolvió dicho juicio. Al respecto, del análisis integral del escrito aclaratorio se obtiene el autorizado de la garante esencialmente se concreta a repetir lo que expuso ésta en el escrito inicial de demanda, en el sentido de que se le informó por parte de la Procuraduría Agraria, con sede en Fresnillo, Zacatecas, que sólo faltaba que quedara firme la sentencia dictada en el precitado juicio de controversia agraria; asimismo, en otra parte de su ocurso señala que acudió a esa dependencia y le dijeron que sólo sabían que efectivamente el expediente 228/2014, seguido ante el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Guadalupe, Zacatecas, se encontraba en revisión en el Estado de Morelos; y que por esa razón se señaló como responsable ordenadora al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Lo anterior pone de manifiesto que el promovente no cumple cabalmente con las prevenciones antes precisadas, dado que no precisa cuál es el estado que guarda el referido juicio agrario 228/2014, ya que no señala si la sentencia dictada en ese sumario a la fecha ya quedó firme y en su caso si se emitió alguna determinación que ordenara su ejecución; como tampoco refiere en qué sentido se pronunció la misma; datos que no proporciona a pesar de que, según refiere el promovente, la quejosa figura como parte demandada en ese procedimiento; y por tanto, tiene acceso al expediente relativo. Atendiendo a lo anterior, es que se considera que no se otorga cabal cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintitrés de noviembre del año en curso, por lo que debe subsistir en sus términos con el apercibimiento que en el mismo se precisa. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Tomo XVIIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO". Ahora bien, toda vez que el escrito aclaratorio de cuenta fue presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el cinco de diciembre del año en curso, es decir, al tercer día de los cinco que se fueron otorgados para que cumpliera con dichas prevenciones; por tanto, el presente proveído interrumpe dicho cómputo y los dos días restantes se continuará a partir del siguiente surta efectos la notificación personal que se practique a la parte quejosa respecto del presente auto. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1ª/J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400 del Libro VIII, Mayo 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña doy cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Ma. Luisa Gálvez Martínez , registrada con el número de folio 19470 y diez copias de ésta que se adjuntan. CONSTE. La circunstancia de que el licenciado Manuel Lozano Morales, tiene registrada su cédula profesional número 2804254 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Luisa Gálvez Martínez, contra actos del Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales; fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 1126/2016-3; y en atención a su contenido, se acuerda: El artículo 114, fracción II y V de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 108, fracción II, IV y V, disponen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]". Con fundamento en los numerales antes transcritos resulta necesario requerir a la quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes a la legal notificación de este auto cumpla con lo siguiente: De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana del juicio agrario 228/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas; por tanto, se previene a la quejosa para que proporcione el nombre y domicilio actual y correcto de quienes figuran como partes en ese procedimiento, toda vez que les resulta el carácter de terceros interesados, conforme a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia en consulta; lo anterior, a efecto de emplazarlos a este juicio constitucional. Asimismo, resulta necesario requerir a la promovente del amparo a fin de que precise el estado procesal que guarda el juicio antes mencionado, así como el sentido en que se resolvió el mismo; lo anterior, en razón de que resulta necesario para el estudio de la demanda de amparo. La quejosa en su demanda señala como diversa autoridad responsable al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, sin embargo, omite precisar qué acto en concreto le atribuye; por tanto, se le previene de igual forma para que lo indique, ya que al respecto es omisa; lo anterior, a fin de integrar la litis constitucional, y estar en condiciones de solicitarle su respectivo informe. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se previene a la quejosa para que exhiba su escrito aclaratorio en original y las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes que en su caso aporte, en razón de que forman parte integral del escrito inicial de la demanda. Se apercibe a la peticionaria de amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados se tendrá por no presentada su demanda, de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley Reglamentaria en consulta. Por último, ténganse como autorizado de la promovente en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Manuel Lozano Morales, quien cuenta con cédula profesional número 2804254 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Ramón López Velarde Número 508, Colonia centro de esta ciudad de Zacatecas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.
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