Ma. Luisa Alcalá Vázquez

Expediente 901/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
901/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Ma. Luisa Alcalá Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad, Ma. Luisa Alcalá Vázquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La OMISIÓN de emitir la escritura o título de propiedad, del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis." SEGUNDO. El cinco de julio de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo la radicó con el consecutivo 901/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de catorce de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa amplió la demanda de amparo en los siguientes términos: Autoridad responsable: Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Acto reclamado: ".La omisión para designar al servidor público que supla la ausencia del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos". CUARTO. El quince de agosto de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la primera ampliación de la demanda y requirió a la responsable su informe justificado. QUINTO. Por escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa amplió la demanda inicial en los siguientes términos: Autoridades responsables: Subdelegado del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos (inexistente) e Ignacio Mentado Villegas, responsable temporal para la atención de todos los asuntos operativos, jurídicos y administrativos del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La omisión de emitir la escritura o título de propiedad, del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis." SEXTO. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la segunda ampliación de demanda y requirió a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado. SÉPTIMO. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, nuevamente la quejosa amplió la demanda inicial de amparo, en los siguientes términos: Autoridad responsable: Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Acto reclamado: ". La omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. -La omisión para otorgar poder especial al C. Ignacio Mentado Villegas, quien fue designado como responsable temporal del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos; para suscribir la rúbrica y emitir la escritura o título de propiedad, del predio." OCTAVO. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la tercera ampliación de la demanda, requirió a las responsables señalada el informe justificado, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama de las autoridades responsables: Del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos, Ignacio Mentado Villegas, representante temporal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. -La omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la quejosa en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Del Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. - La omisión para designar al servidor público que supla la ausencia del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. Del Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. -La omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. -La omisión para otorgar poder especial al C. Ignacio Mentado Villegas, quien fue designado como responsable temporal del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos; para suscribir la rúbrica y emitir la escritura o título de propiedad, del predio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado la misma, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En tales condiciones, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte el Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado, informando que el siete de marzo de dos mil diecinueve, el Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, nombró a Ignacio Mentado Villegas, como responsable temporal de los Asuntos de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. En efecto, de las constancias de autos se observa a foja 45, el oficio 1.0/69/2019, de siete de marzo de dos mil diecinueve, que corresponde al nombramiento de Ignacio Mentado Villegas -Jefe de oficina- para atender de manera temporal todos los asuntos operativos, jurídicos y administrativos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Delegación Morelos. Documental a la que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por su artículo 2º, de donde se desprende que los asuntos operativos, jurídicos y administrativos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, delegación Morelos, serán atendidos por el representante temporal antes referido. En otras palabras, si la parte quejosa refiere que no se ha designado delegado en el Estado de Morelos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, tal omisión no existe a la presentación de la demanda de amparo, pues, el siete de marzo de dos mil diecinueve, fue designado como representante temporal en Morelos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a Ignacio Mentado Villegas. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos reclamados existan y subsistan a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que de no ser así, es innegable determinar la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable y, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama la falta de designación de Delegado en Morelos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, sin embargo, como se ha precisado, de la documental que obra en el juicio, anterior a la presentación de la demanda fue designado un representante temporal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para atender los asuntos operativos, jurídicos y administrativos de esa dependencia. En esa tesitura, el acto reclamado no existe a la presentación de la demanda, por consiguiente, lo procedente es sobreseer el juicio, por la inexistencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la tesis la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama a la autoridad previamente citada, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Representante Temporal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en Morelos y de Ignacio Mentado Villegas, quien ostenta dicho cargo, por conducto de la abogada estatal del Instituto, consistente la omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618; porque así lo reconocieron al rendir su informe justificado, manifestando que constató que el expediente de contratación que contiene la solicitud de contratación número MOR0007618, respecto del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, se encuentra para rubrica de aprobación del Delegado o apoderado facultado para ese efecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Máxime, que al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación propuestos. Este Juzgado advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1° fracción I, y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichos dispositivos dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo reproducido se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tendrán carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse tenga dichos efectos; y los particulares tendrán tal carácter cuando realicen actos equivalentes, que afecten derechos en dichos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, estableciendo que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de derechos humanos son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal; Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala, Visible en la página 1089, Septiembre de 2011, Tomo XXXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo reproducido, resulta que la nota distintiva del concepto jurídico de autoridad responsable, consiste en el ente público que, actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular, mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. El acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; y, coercitivo, pues a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular por medios represivos o inhibitorios para cumplir una decisión del ente público; por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo el concepto jurídico de "autoridad responsable", el cual ya existía en la anterior ley. Luego, el acto de autoridad debe ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Como se ve, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo, precisada en la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la tesis emitida por el máximo tribunal de la Nación, con la diferencia de que conforme a la nueva legislación, la definición de autoridad es más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad, que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, con relación a esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es importante considerar la clasificación de las relaciones jurídicas que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, y que se refiere a tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: de supra a subordinación; supraordinación; y, coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son aquellas que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las de supraordinación, son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Las relaciones de coordinación se entablan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se generan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos, físicos o morales, dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia de propia mano, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Consideraciones que sustentan la siguiente tesis 2a. XXXVI/99, Visible en la página 307, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 194367, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Entonces, será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo ese panorama, este órgano de control constitucional advierte que al representante temporal Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) [antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra -CORETT-], en Morelos e Ignacio Mentado Villegas quien ostenta dicho cargo, no le reviste carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por cuanto que en los actos que se le atribuyen, actúa desprovisto de las características de una autoridad. Como se precisó, la quejosa reclama, esencialmente, la omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, relativo al expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, del que únicamente falta la rúbrica de aprobación, hecho que la propia quejosa bajo protesta de decir verdad acepta conocer. Es relevante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia por contradicción de tesis, sostuvo que para considerar como autoridad en el juicio de amparo a la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [hoy Instituto Nacional de Suelo Sustentable], debe atenderse necesariamente a las particularidades del asunto o del acto mismo, así como a la norma legal, que en su caso, la faculte o no para tomar decisiones que afecten al gobernado. Consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 202/2005, Visible en la página 103, Febrero de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 176011, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común." De la ejecutoria que dio origen a la transcrita jurisprudencia, es dable constreñir sus consideraciones más destacadas para su constitución: "[.] La naturaleza del organismo descentralizado en estudio ha sido ya ampliamente estudiada por este Alto Tribunal, para referencia se cita la contradicción de tesis 38/2001-PS, en lo que aquí interesa, se sostuvo: Que dicha comisión creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares para mejorar los centros de población y sus fuentes propias de vida. El proceso de regularización como función principal en la que interviene este organismo se divide en dos etapas: 1.- Adquisición. En esta fase se desincorpora la tierra del régimen ejidal, comunal o de propiedad federal y cambia la propiedad de la tierra que el núcleo agrario o particular tiene sobre los lotes, ahora en posesión de los colonos o "avecindados". Ello se lleva a cabo por medio de la expropiación, a través de la cual el polígono o predio a regularizar pasa mediante la acción expropiatoria, de la propiedad del ejido a propiedad de la Federación a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Esto es, de ser dominio ejidal, comunal y/o federal, se transmite al dominio privado de la Federación. Una vez expropiados y en poder jurídico de la comisión, la propiedad de los bienes puede traspasarse a sus ocupantes. 2.-Enajenación o titulación. En el proceso de regularización, dado el sistema que se utiliza, cada operación de legalización asume la forma jurídica de una venta. En esta etapa, también surge un proceso (de regularización) que se verifica a través de los siguientes actos: I. Se verifica el predio materia de regularización. II. Se inspecciona materia y documentalmente el asentamiento humano irregular. III. Se integra un expediente técnico para solicitar la expropiación a la Secretaría de la Reforma Agraria. IV. Ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) para el caso de indemnizaciones y/o con las instituciones bancarias para los precios de venta, se obtienen los valores de: 1) indemnización, 2) base de enajenación y 3) publicación del decreto de expropiación. V. Se ejecuta el decreto expropiatorio, se entrega la tierra a favor de Corett, y se inscribe el decreto ante el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Agrario Nacional. En acto previo o simultáneo se conviene y formaliza el pago de indemnizaciones a los ejidatarios afectados. VI. Se verifica el uso y posesión de lotes. VII. Se promueve con los colonos la participación organizada de la comunidad en el proceso de regularización. VIII. Se efectúa la contratación: A través de una solicitud, analizada técnicamente y aprobada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la regularización se convierte en un contrato, por medio del cual se inicia el proceso de escrituración, seguido, en su caso, del procedimiento de cobro de adeudos. IX. Saturados los requisitos administrativos y legales, se transmite formalmente la propiedad a favor de los adquirientes, mediante la formulación, inscripción, registro, catastro y entrega de la escritura correspondiente. X. En el caso de regularizaciones de crédito, una vez que el adquirente cubre adeudos, se libera el dominio que la comisión se reservó como garantía de recuperación. [.] La información con antelación descrita permite concluir lo siguiente: [.] 4.- Además, debe subrayarse que si bien la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un órgano público descentralizado, en el acto que se le demanda actúa como ente de derecho privado, pues no ejerce facultades de imperio, ya que sólo interviene en su calidad de propietario de tierras que transmite (vende) a un comprador, por ello, cuando suscribe, esto es, firma la escritura o el contrato de compraventa, en su caso (el representante de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), está celebrando un acto entre particulares. Ello porque no todos los actos de autoridad que el órgano del Estado realiza tienen esa naturaleza, pues para que así se estime necesariamente debe involucrarse la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En el caso, el acto que se analiza no tiene la naturaleza de acto de autoridad, pues no afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la contraparte (actora) ni se realizó contra y sobre la voluntad de ésta. Es decir, el órgano descentralizado del Estado de que se trata, no desempeña el ius imperii del Estado, sino el ius gestionis, ya que al suscribir la escritura no se encuentra revestida de imperio frente al particular. Se considera así, porque la compraventa en el caso que aquí se analiza, es un contrato en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. El objetivo principal que se persigue en este contrato es transmitir el dominio de las cosas o derechos. En los contratos ambas partes tienen obligaciones: 1) El vendedor: transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, garantizar una posesión pacífica, responder del saneamiento para el caso de evicción, pagar por mitad los gastos de escrituración y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de la cosa vendida y, por último, las obligaciones fiscales. 2) El comprador: entre otras, pagar el precio, recibir la cosa comprada. Ha menester precisar e insistir que en el caso que aquí se analiza, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra actúa como ente de derecho privado, y el contrato que suscribe reviste de tal calidad, es decir, de un contrato privado porque la finalidad que persigue el mismo no conlleva un interés de orden público o de utilidad pública o social, ni pertenece al régimen exorbitante de derecho civil a que está sujeto el órgano estatal de que se trata, pues, el objeto del mismo no está vinculado. [.]. En esas condiciones, es claro que la competencia para conocer de ese juicio corresponde al Juez Civil de primera instancia del fuero común. Sostener lo contrario haría nugatorios los diversos supuestos en los que dicho organismo público descentralizado actúa como particular y, entonces, la posibilidad de contratar y sujetarse a obligaciones en términos de igualdad con los contratantes, respecto de cualquier cuestión en que deba participar sin ejercer sus facultades de imperio (contratos de luz, agua, renta de inmueble, etcétera)". [El subrayado es propio]. De lo reproducido anteriormente, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, estableció que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [actualmente Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)], es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares para mejorar los centros de población y sus fuentes propias de vida. Además, que el proceso de regularización de los predios, como función principal en la que interviene este organismo, se divide en dos etapas: Adquisición. Fase en la cual se desincorpora la tierra del régimen ejidal, comunal o de propiedad federal y cambia la propiedad de la tierra que el núcleo agrario o particular tiene sobre los lotes; lo que se lleva a cabo por medio de la expropiación y, una vez expropiados los terrenos y en poder jurídico de la comisión, la propiedad de los bienes puede traspasarse a sus ocupantes. Enajenación o titulación. En el proceso de regularización, dado el sistema que se utiliza, cada operación de legalización asume la forma jurídica de una venta. En esta etapa, también surge un proceso (de regularización) que se lleva a cabo a través de diversos actos que van desde la verificación e inspección física y documental del predio, la ejecución del decreto expropiatorio e inscripción registral del mismo, la escrituración, la transmisión formal del bien, entre otros. De igual forma, que el procedimiento por el cual la citada Comisión efectúa la compraventa de los bienes que son de su propiedad a partir del decreto expropiatorio, que culmina con la firma de la escritura pública respectiva, son actos que forman parte de la segunda etapa del proceso de regularización; ello, porque en esos casos actúa como ente del derecho privado, pues no ejerce facultades de imperio sino que sólo interviene en su calidad de propietario de tierras que transmite, a través de la compraventa, a un comprador. Tal postura que reiteró en la jurisprudencia 1a./J. 71/2018 (10a.) Visible en la página 228, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018706, que dice: "JUICIO ORDINARIO CIVIL. ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA CÉDULA DE CONTRATACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) CUANDO SE CONTROVIERTA LA NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA POR ÉSTA, AUN CUANDO CONSTITUYA UNA ACTUACIÓN INTERMEDIA, AL SER PARTE ESTRUCTURAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la acción de nulidad de una escritura otorgada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) debe ejercerse en un juicio civil, en virtud de que se trata de un contrato de compraventa. Ahora bien, aun cuando la cédula de contratación pudiera tener una naturaleza administrativa en función de que constituye una actuación unilateral por parte de la Comisión aludida, puede impugnarse en el juicio ordinario civil en el que se reclama la nulidad de la escritura pública otorgada por la Comisión citada, pues ello tiende a eliminar un obstáculo para el acceso a la justicia en tanto que el accionante no deberá acudir a una vía diversa a la civil a impugnar una nulidad absoluta, cuando ésta es una figura regulada por la legislación civil y que, por ende, quien debe dilucidarlo es un Juez especializado en esa materia." Entonces, concluye que los actos reclamados al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, antes CORETT, consistentes en la omisión por falta de rubrica de aprobación del trámite de regularización del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, bajo el expediente MOR0007618; no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su actuar se ubica dentro del procedimiento de enajenación o titulación antes descrito, lo cual se realizó entre iguales; esto es, en un plano de coordinación y no de subordinación. Debiendo indicarse que en el acto combatido al hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable Delegación Morelos, no ejerció facultades de imperio, ya que sólo intervino como propietario de las tierras que transmite -en venta- a un comprador, por eso cuando tramita, firma la escritura o el contrato -cédula de contratación-, celebra un contrato entre particulares; es decir, ese proceso de titulación no dirimió ninguna controversia. Entonces, en el caso, se actualiza la hipótesis contenida en la transcrita jurisprudencia 202/2005, pues se ubica en la primera etapa de las que conforman el proceso de regularización -enajenación y titulación-; y, por ende, como determinó la citada Primera Sala, en esa fase la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [ahora INSUS] participa como particular, en un plano de igualdad con el adquirente, pues sólo interviene en calidad de propietario de tierras que transmite a un comprador, celebrando un acto entre iguales, como es el contrato de compraventa. Al haber quedado de manifiesto que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) con residencia en Cuernavaca, Morelos, no actúa como autoridad sino como particular, al realizar el trámite para la escrituración de la cual la quejosa se duele de falta de rubrica de aprobación del trámite de regularización del predio en cuestión, es evidente que tal acto reclamado no puede ser objeto de análisis a través del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIIII, en relación con el diverso 1° fracción I; y, 5° fracción II, de la Ley de Amparo; y, resulta procedente SOBRESEER en el juicio, en términos del artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento legal. No se estudiarán las causales de improcedencia que pudiesen hacer valer las partes, ya que al quedar demostrada la causal en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Es aplicable la jurisprudencia Jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 195744, que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de abril de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad, Ma. Luisa Alcalá Vázquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La OMISIÓN de emitir la escritura o título de propiedad, del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis." SEGUNDO. El cinco de julio de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo la radicó con el consecutivo 901/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de catorce de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa amplió la demanda de amparo en los siguientes términos: Autoridad responsable: Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Acto reclamado: ".La omisión para designar al servidor público que supla la ausencia del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos". CUARTO. El quince de agosto de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la primera ampliación de la demanda y requirió a la responsable su informe justificado. QUINTO. Por escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa amplió la demanda inicial en los siguientes términos: Autoridades responsables: Subdelegado del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos (inexistente) e Ignacio Mentado Villegas, responsable temporal para la atención de todos los asuntos operativos, jurídicos y administrativos del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La omisión de emitir la escritura o título de propiedad, del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis." SEXTO. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la segunda ampliación de demanda y requirió a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado. SÉPTIMO. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, nuevamente la quejosa amplió la demanda inicial de amparo, en los siguientes términos: Autoridad responsable: Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Acto reclamado: ". La omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. -La omisión para otorgar poder especial al C. Ignacio Mentado Villegas, quien fue designado como responsable temporal del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos; para suscribir la rúbrica y emitir la escritura o título de propiedad, del predio." OCTAVO. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la tercera ampliación de la demanda, requirió a las responsables señalada el informe justificado, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama de las autoridades responsables: Del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos, Ignacio Mentado Villegas, representante temporal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. -La omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la quejosa en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Del Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. - La omisión para designar al servidor público que supla la ausencia del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. Del Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. -La omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; según fue solicitada por la suscrita en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, y recibida la solicitud de contratación, por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. -La omisión para otorgar poder especial al C. Ignacio Mentado Villegas, quien fue designado como responsable temporal del Instituto Nacional del suelo Sustentable en el Estado de Morelos; para suscribir la rúbrica y emitir la escritura o título de propiedad, del predio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado la misma, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En tales condiciones, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte el Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado, informando que el siete de marzo de dos mil diecinueve, el Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, nombró a Ignacio Mentado Villegas, como responsable temporal de los Asuntos de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Morelos. En efecto, de las constancias de autos se observa a foja 45, el oficio 1.0/69/2019, de siete de marzo de dos mil diecinueve, que corresponde al nombramiento de Ignacio Mentado Villegas -Jefe de oficina- para atender de manera temporal todos los asuntos operativos, jurídicos y administrativos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Delegación Morelos. Documental a la que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por su artículo 2º, de donde se desprende que los asuntos operativos, jurídicos y administrativos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, delegación Morelos, serán atendidos por el representante temporal antes referido. En otras palabras, si la parte quejosa refiere que no se ha designado delegado en el Estado de Morelos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, tal omisión no existe a la presentación de la demanda de amparo, pues, el siete de marzo de dos mil diecinueve, fue designado como representante temporal en Morelos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a Ignacio Mentado Villegas. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos reclamados existan y subsistan a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que de no ser así, es innegable determinar la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable y, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama la falta de designación de Delegado en Morelos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, sin embargo, como se ha precisado, de la documental que obra en el juicio, anterior a la presentación de la demanda fue designado un representante temporal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para atender los asuntos operativos, jurídicos y administrativos de esa dependencia. En esa tesitura, el acto reclamado no existe a la presentación de la demanda, por consiguiente, lo procedente es sobreseer el juicio, por la inexistencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la tesis la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama a la autoridad previamente citada, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Representante Temporal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en Morelos y de Ignacio Mentado Villegas, quien ostenta dicho cargo, por conducto de la abogada estatal del Instituto, consistente la omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos; en el expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618; porque así lo reconocieron al rendir su informe justificado, manifestando que constató que el expediente de contratación que contiene la solicitud de contratación número MOR0007618, respecto del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, se encuentra para rubrica de aprobación del Delegado o apoderado facultado para ese efecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Máxime, que al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación propuestos. Este Juzgado advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1° fracción I, y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichos dispositivos dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo reproducido se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tendrán carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse tenga dichos efectos; y los particulares tendrán tal carácter cuando realicen actos equivalentes, que afecten derechos en dichos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, estableciendo que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de derechos humanos son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal; Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala, Visible en la página 1089, Septiembre de 2011, Tomo XXXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo reproducido, resulta que la nota distintiva del concepto jurídico de autoridad responsable, consiste en el ente público que, actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular, mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. El acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; y, coercitivo, pues a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular por medios represivos o inhibitorios para cumplir una decisión del ente público; por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo el concepto jurídico de "autoridad responsable", el cual ya existía en la anterior ley. Luego, el acto de autoridad debe ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Como se ve, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo, precisada en la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la tesis emitida por el máximo tribunal de la Nación, con la diferencia de que conforme a la nueva legislación, la definición de autoridad es más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad, que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, con relación a esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es importante considerar la clasificación de las relaciones jurídicas que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, y que se refiere a tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: de supra a subordinación; supraordinación; y, coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son aquellas que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las de supraordinación, son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Las relaciones de coordinación se entablan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se generan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos, físicos o morales, dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia de propia mano, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Consideraciones que sustentan la siguiente tesis 2a. XXXVI/99, Visible en la página 307, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 194367, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Entonces, será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo ese panorama, este órgano de control constitucional advierte que al representante temporal Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) [antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra -CORETT-], en Morelos e Ignacio Mentado Villegas quien ostenta dicho cargo, no le reviste carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por cuanto que en los actos que se le atribuyen, actúa desprovisto de las características de una autoridad. Como se precisó, la quejosa reclama, esencialmente, la omisión de emitir la escritura o título de propiedad del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, relativo al expediente administrativo de solicitud de regularización número MOR0007618, del que únicamente falta la rúbrica de aprobación, hecho que la propia quejosa bajo protesta de decir verdad acepta conocer. Es relevante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia por contradicción de tesis, sostuvo que para considerar como autoridad en el juicio de amparo a la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [hoy Instituto Nacional de Suelo Sustentable], debe atenderse necesariamente a las particularidades del asunto o del acto mismo, así como a la norma legal, que en su caso, la faculte o no para tomar decisiones que afecten al gobernado. Consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 202/2005, Visible en la página 103, Febrero de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 176011, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común." De la ejecutoria que dio origen a la transcrita jurisprudencia, es dable constreñir sus consideraciones más destacadas para su constitución: "[.] La naturaleza del organismo descentralizado en estudio ha sido ya ampliamente estudiada por este Alto Tribunal, para referencia se cita la contradicción de tesis 38/2001-PS, en lo que aquí interesa, se sostuvo: Que dicha comisión creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares para mejorar los centros de población y sus fuentes propias de vida. El proceso de regularización como función principal en la que interviene este organismo se divide en dos etapas: 1.- Adquisición. En esta fase se desincorpora la tierra del régimen ejidal, comunal o de propiedad federal y cambia la propiedad de la tierra que el núcleo agrario o particular tiene sobre los lotes, ahora en posesión de los colonos o "avecindados". Ello se lleva a cabo por medio de la expropiación, a través de la cual el polígono o predio a regularizar pasa mediante la acción expropiatoria, de la propiedad del ejido a propiedad de la Federación a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Esto es, de ser dominio ejidal, comunal y/o federal, se transmite al dominio privado de la Federación. Una vez expropiados y en poder jurídico de la comisión, la propiedad de los bienes puede traspasarse a sus ocupantes. 2.-Enajenación o titulación. En el proceso de regularización, dado el sistema que se utiliza, cada operación de legalización asume la forma jurídica de una venta. En esta etapa, también surge un proceso (de regularización) que se verifica a través de los siguientes actos: I. Se verifica el predio materia de regularización. II. Se inspecciona materia y documentalmente el asentamiento humano irregular. III. Se integra un expediente técnico para solicitar la expropiación a la Secretaría de la Reforma Agraria. IV. Ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) para el caso de indemnizaciones y/o con las instituciones bancarias para los precios de venta, se obtienen los valores de: 1) indemnización, 2) base de enajenación y 3) publicación del decreto de expropiación. V. Se ejecuta el decreto expropiatorio, se entrega la tierra a favor de Corett, y se inscribe el decreto ante el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Agrario Nacional. En acto previo o simultáneo se conviene y formaliza el pago de indemnizaciones a los ejidatarios afectados. VI. Se verifica el uso y posesión de lotes. VII. Se promueve con los colonos la participación organizada de la comunidad en el proceso de regularización. VIII. Se efectúa la contratación: A través de una solicitud, analizada técnicamente y aprobada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la regularización se convierte en un contrato, por medio del cual se inicia el proceso de escrituración, seguido, en su caso, del procedimiento de cobro de adeudos. IX. Saturados los requisitos administrativos y legales, se transmite formalmente la propiedad a favor de los adquirientes, mediante la formulación, inscripción, registro, catastro y entrega de la escritura correspondiente. X. En el caso de regularizaciones de crédito, una vez que el adquirente cubre adeudos, se libera el dominio que la comisión se reservó como garantía de recuperación. [.] La información con antelación descrita permite concluir lo siguiente: [.] 4.- Además, debe subrayarse que si bien la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un órgano público descentralizado, en el acto que se le demanda actúa como ente de derecho privado, pues no ejerce facultades de imperio, ya que sólo interviene en su calidad de propietario de tierras que transmite (vende) a un comprador, por ello, cuando suscribe, esto es, firma la escritura o el contrato de compraventa, en su caso (el representante de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), está celebrando un acto entre particulares. Ello porque no todos los actos de autoridad que el órgano del Estado realiza tienen esa naturaleza, pues para que así se estime necesariamente debe involucrarse la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En el caso, el acto que se analiza no tiene la naturaleza de acto de autoridad, pues no afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la contraparte (actora) ni se realizó contra y sobre la voluntad de ésta. Es decir, el órgano descentralizado del Estado de que se trata, no desempeña el ius imperii del Estado, sino el ius gestionis, ya que al suscribir la escritura no se encuentra revestida de imperio frente al particular. Se considera así, porque la compraventa en el caso que aquí se analiza, es un contrato en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. El objetivo principal que se persigue en este contrato es transmitir el dominio de las cosas o derechos. En los contratos ambas partes tienen obligaciones: 1) El vendedor: transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, garantizar una posesión pacífica, responder del saneamiento para el caso de evicción, pagar por mitad los gastos de escrituración y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de la cosa vendida y, por último, las obligaciones fiscales. 2) El comprador: entre otras, pagar el precio, recibir la cosa comprada. Ha menester precisar e insistir que en el caso que aquí se analiza, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra actúa como ente de derecho privado, y el contrato que suscribe reviste de tal calidad, es decir, de un contrato privado porque la finalidad que persigue el mismo no conlleva un interés de orden público o de utilidad pública o social, ni pertenece al régimen exorbitante de derecho civil a que está sujeto el órgano estatal de que se trata, pues, el objeto del mismo no está vinculado. [.]. En esas condiciones, es claro que la competencia para conocer de ese juicio corresponde al Juez Civil de primera instancia del fuero común. Sostener lo contrario haría nugatorios los diversos supuestos en los que dicho organismo público descentralizado actúa como particular y, entonces, la posibilidad de contratar y sujetarse a obligaciones en términos de igualdad con los contratantes, respecto de cualquier cuestión en que deba participar sin ejercer sus facultades de imperio (contratos de luz, agua, renta de inmueble, etcétera)". [El subrayado es propio]. De lo reproducido anteriormente, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, estableció que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [actualmente Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)], es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares para mejorar los centros de población y sus fuentes propias de vida. Además, que el proceso de regularización de los predios, como función principal en la que interviene este organismo, se divide en dos etapas: Adquisición. Fase en la cual se desincorpora la tierra del régimen ejidal, comunal o de propiedad federal y cambia la propiedad de la tierra que el núcleo agrario o particular tiene sobre los lotes; lo que se lleva a cabo por medio de la expropiación y, una vez expropiados los terrenos y en poder jurídico de la comisión, la propiedad de los bienes puede traspasarse a sus ocupantes. Enajenación o titulación. En el proceso de regularización, dado el sistema que se utiliza, cada operación de legalización asume la forma jurídica de una venta. En esta etapa, también surge un proceso (de regularización) que se lleva a cabo a través de diversos actos que van desde la verificación e inspección física y documental del predio, la ejecución del decreto expropiatorio e inscripción registral del mismo, la escrituración, la transmisión formal del bien, entre otros. De igual forma, que el procedimiento por el cual la citada Comisión efectúa la compraventa de los bienes que son de su propiedad a partir del decreto expropiatorio, que culmina con la firma de la escritura pública respectiva, son actos que forman parte de la segunda etapa del proceso de regularización; ello, porque en esos casos actúa como ente del derecho privado, pues no ejerce facultades de imperio sino que sólo interviene en su calidad de propietario de tierras que transmite, a través de la compraventa, a un comprador. ... Entonces, concluye que los actos reclamados al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, antes CORETT, consistentes en la omisión por falta de rubrica de aprobación del trámite de regularización del predio ubicado en la zona 01, Manzana 60, Lote 28, en la colonia Gabriel Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, bajo el expediente MOR0007618; no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su actuar se ubica dentro del procedimiento de enajenación o titulación antes descrito, lo cual se realizó entre iguales; esto es, en un plano de coordinación y no de subordinación. Debiendo indicarse que en el acto combatido al hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable Delegación Morelos, no ejerció facultades de imperio, ya que sólo intervino como propietario de las tierras que transmite -en venta- a un comprador, por eso cuando tramita, firma la escritura o el contrato -cédula de contratación-, celebra un contrato entre particulares; es decir, ese proceso de titulación no dirimió ninguna controversia. Entonces, en el caso, se actualiza la hipótesis contenida en la transcrita jurisprudencia 202/2005, pues se ubica en la primera etapa de las que conforman el proceso de regularización -enajenación y titulación-; y, por ende, como determinó la citada Primera Sala, en esa fase la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [ahora INSUS] participa como particular, en un plano de igualdad con el adquirente, pues sólo interviene en calidad de propietario de tierras que transmite a un comprador, celebrando un acto entre iguales, como es el contrato de compraventa. Al haber quedado de manifiesto que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) con residencia en Cuernavaca, Morelos, no actúa como autoridad sino como particular, al realizar el trámite para la escrituración de la cual la quejosa se duele de falta de rubrica de aprobación del trámite de regularización del predio en cuestión, es evidente que tal acto reclamado no puede ser objeto de análisis a través del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIIII, en relación con el diverso 1° fracción I; y, 5° fracción II, de la Ley de Amparo; y, resulta procedente SOBRESEER en el juicio, en términos del artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento legal. No se estudiarán las causales de improcedencia que pudiesen hacer valer las partes, ya que al quedar demostrada la causal en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Es aplicable la jurisprudencia Jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 195744, que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de abril de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, al respecto téngase por satisfecho el mismo, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que ofrece, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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