Ma. Lucinda Reyes Joya
Expediente 1015/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Ma. Lucinda Reyes Joya
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por *, quien aduce ser delegada de la autoridad responsable dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través de los cuales informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de acatar la ejecutoria de amparo; sin embargo, únicamente agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda, toda vez que no es parte en el presente sumario constitucional; además, que la sociedad quejosa que refiere, esto es, *, no resulta ser la promovente del juicio en que se actúa. Máxime, que mediante proveído de nueve de mayo del año en curso (fojas 15 a 21), se desechó la demanda de garantías promovida por *.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 102 a 104), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 105), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 60 a 75), se determinó conceder a la parte quejosa Judith Guadalupe Peña Serrano, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa las cantidades de $7,432.80 (siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 moneda nacional) y $1,786.40 (mil setecientos ochenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de las cantidades de $7,432.80 (siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 moneda nacional) y $1,786.40 (mil setecientos ochenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el seis de marzo de dos mil dieciocho (foja 102), el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque de veinticuatro de enero de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Judith Guadalupe Peña Serrano y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,141.94 (nueve mil ciento cuarenta y un pesos 94/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,219.20 (nueve mil doscientos diecinueve pesos 20/100 moneda nacional), menos el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $8,939.20 (ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $8,939.20 (ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de octubre de dos mil diecisiete y el veintiuno de enero de la presente anualidad, se generó el cheque a efecto de realizar la devolución a la parte quejosa del pago de lo indebido. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de diciembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de la citada anualidad entre el índice para el mes de diciembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.912; y para el mes de diciembre de ese año de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02267. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $8,939.20 (ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,141.85 (nueve mil ciento cuarenta y un pesos 85/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $8,939.20 (ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional) se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $202.65 (doscientos dos pesos 65/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,141.94 (nueve mil ciento cuarenta y un pesos 94/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $9,141.85 (nueve mil ciento cuarenta y un pesos 85/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $9,141.94 (nueve mil ciento cuarenta y un pesos 94/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $0.09 (nueve centavos moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento en proveído de veintiséis de abril de este año, tiene a bien designar como perito en grafoscopía a Luis Eduardo Herrera Ocampo, adscrito a dicha Institución. En ese tenor, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, requiérase a Luis Eduardo Herrera Ocampo, en el domicilio ubicado en Avenida Tecnológico, número 3200 oriente, colonia Industrial, código postal 63175, de esta ciudad, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante este Juzgado de Distrito, a efecto de aceptar el cargo de perito oficial, que se le confiere, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, lo anterior con el objeto de agilizar el procedimiento en el presente juicio de amparo, como lo dispone el arábigo 17 Constitucional. Hágase del conocimiento del citado diestro, que su nombramiento corresponde a la designación que de manera oficiosa debe realizar este Juzgado, al tenor del numeral 120 de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 95 a 113); en consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Luego, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de la Materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la resolución dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; además, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que los actos reclamados se hicieron consistir en: a) Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad: la discusión, expedición y promulgación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente los numerales 19, fracción I, inciso B), 20, fracción II y la tabla del artículo 21, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; y, b) Del Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad: la aplicación de los preceptos señalados en el inciso que antecede, consistente en la negativa de otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio que le fue notificado mediante oficio FP/118/2018, de siete de febrero de dos mil dieciocho; y en consecuencia, la omisión de emitir el dictamen respectivo. En las relatadas condiciones, con sustento en el numeral 89 de la actual Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que se continuarán todas las actuaciones correspondientes. Finalmente, con fundamento en el numeral 9 de dicha Ley, téngase a la autoridad oficiante designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del arábigo 2°.
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