Ma. Lucía Ramírez Reyes
Expediente 69/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Lucía Ramírez Reyes
- Rodrigo de la Torre Delgadillo
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa, destruible.
- Principal
Visto; la demanda de amparo que promueven Ma. Lucía Ramírez Reyes y Rodrigo de la Torre Delgadillo, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, se acuerda: Ahora, con relación a la demanda que se analiza, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita establece que se debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado: a). La falta de notificación a Ma. Lucía Ramírez Reyes, respecto del auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mismo que se publicó por lista el dieciocho del mismo mes y año, no obstante que se ordenó notificación personal y que aún y cuando se entregó cédula de notificación en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones, dicha cédula únicamente tiene suscrito (sic) el nombre del deudor principal, es decir de Rodrigo de la Torre Delgadillo y otro, sin precisarse a quien se refiere o quieren notificar al mencionar "y otro", pues la cédula de notificación no va dirigida a Ma. Lucía Ramírez Reyes, dentro del expediente 308/2017, relativo al juicio mercantil ejecutivo promovido por Aarón Triana Ramírez, en su carácter de apoderado legal de CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE E.N.R., en contra Rodrigo de la Torre Delgadillo en su calidad de deudor principal y de Ma. Lucía Ramírez Reyes en su carácter de aval. b). La notificación del mencionado auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se les requiere el cumplimiento voluntario de las prestaciones de condena contenidos en la sentencia que se emitió el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Es decir, lo que se advierte de lo anterior es que aqueja a los impetrantes del amparo. 1. La falta de notificación a la quejosa del auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, ya que aunque se les dejó cédula en el domicilio que designaron para oír y recibir notificaciones, la cédula sólo está dirigida a Rodrigo de la Torre Delgadillo, pero no a Ma. Lucía Ramírez Reyes, pues sólo dice "y otro"; y, 2. El requerimiento que se contiene en dicho auto para que den cumplimiento voluntario de las prestaciones de condena contenidos en la sentencia emitida el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Actos emitidos en el del expediente 308/2017, relativo al juicio mercantil ejecutivo promovido por Aarón Triana Ramírez, en su carácter de apoderado legal de CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE E.N.R., en su contra. En ese contexto y realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, quien resuelve advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende, respecto de los actos reclamados antes reseñados y precisados. En efecto respecto del acto reclamado reseñado en el punto 1, los preceptos legales relativos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los antecedentes del acto reclamado que narran los quejosos, se advierte que fueron demandados, Rodrigo de la Torre Delgadillo como deudor principal y Ma. Lucía Ramírez Reyes como aval, lo que generó el juicio mercantil ejecutivo 308/2017, ante el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Seguido el juicio en todas sus etapas, se emitió sentencia definitiva el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en la que se les condenó entre otras cosas al pago de pesos, emitiéndose después el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en que se declaró que la sentencia causó ejecutoria. Auto que citan los quejosos no se notificó debidamente a Ma. Lucía Ramírez Reyes, pero como en la cédula en que se le notificó en el domicilio que señalaron para ese efecto, solo contiene el nombre de Rodrigo de la Torre Delgadillo y no el de Ma. Lucía Ramírez Reyes, estiman que no se le notificó el referido auto y acude a la presente instancia, doliéndose de la falta de notificación. Al respecto, los artículos 319, 320 y 321, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 1054 del Código de Comercio, establecen: "ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTICULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. ARTICULO 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique." De lo anterior, se advierte que la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, de acuerdo a los preceptos transcritos, o bien, que se omitió realizar, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. La finalidad del incidente de nulidad de una notificación o de la falta de ésta, es nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado, a efecto de remediarlo. En tales circunstancias, resulta incuestionable que si los ahora quejosos tienen el carácter de demandados dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 308/2017, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, previamente a la interposición del juicio de garantías, debieron agotar el medio de defensa que concede en el caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, como ha quedado destacado con antelación, y al no haberlo hecho así, es inconcuso que se actualiza la invocada causa de improcedencia. Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), publicada en la página cuatrocientos sesenta y uno, Libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005791, cuyo texto es: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Consecuentemente, el acto reclamado debió haberse impugnado en su oportunidad, mediante el medio ordinario que el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054 concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el incidente de nulidad y, con ello, nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado, a efecto de remediarlo; situación que al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo lo antes considerado, en la tesis publicada en la página Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En otro aspecto, por lo que se refiere al diverso acto reclamado identificado con el punto 2, consistente en el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, específicamente en el requerimiento para que den cumplimiento voluntario de las prestaciones de condena contenidas en la sentencia emitida el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, de modo que también procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (....) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Quedó precisado que tanto de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 308/2017, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, se desprende que los promoventes del amparo fueron demandado como deudor principal y aval por el pago de pesos, dictándose sentencia definitiva el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, que causó ejecutoria el diecisiete de abril del mismo año y se requirió a los ahora quejosos, para que den cumplimiento voluntario a las prestaciones de condena. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 308/2017, en que los hoy quejosos son parte vencida, condenados al pago de lo reclamado; asimismo, se advierte que dichos actos no son la última resolución dentro de dicho procedimiento, entendiéndose por esta, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, la parte quejosa estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada en los autos del juicio de origen; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". En esas condiciones, una vez acreditado que se actualizan las causales de improcedencia destacadas y, al ser manifiestas e indudables, no se está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Ma. Lucía Ramírez Reyes y Rodrigo de la Torre Delgadillo, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas y otra autoridad y, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle de la Mantequilla, número ciento cinco (105) interior cinco (5), zona Centro en esta ciudad; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Daniel de Jesús Domínguez Macías; y, únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones, más no para promover, a Hortencia Delgado Zapata y María de Jesús López Flores.
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