Ma. Lourdes Pedrote Navarro

Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
966/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Ma. Lourdes Pedrote Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado de autos y a la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara si realizó el cobro del cheque que recibió mediante comparecencia de veinte de octubre del año actual, sin que lo haya; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en acuerdo de diez del citado mes, y al efecto se presume que acepta el pago efectuado por el ayuntamiento responsable, mediante el cheque número 0002636, de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero, por la cantidad de $15,559.00 (quince mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y por realizado a su entera satisfacción en esos términos; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Congreso del Estado, residente en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y de otras autoridades, de quienes reclamó la aplicación de la Ley número 437 de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, específicamente los artículos 9 al 15, así como 21, fracción I, y 24, fracción I, y sexto transitorio. En la ejecutoria, materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "1) Dejen sin efecto las facturas 2000124084 y 2000124080 respecto de los inmuebles con cuentas catastrales 009-006-007-0000 y009-006-005-0000, únicamente por cuanto hace los impuestos adicionales, por conceptos "IMP ADIC 15% PRO EDUCACIÓN" e "IMP ADIC 15% PRO CAMINOS", por el ejercicio fiscal de dos mil veinte. 2) Reintegre a la parte quejosa, las cantidades enteradas en las facturas y por los conceptos indicados. Debiendo precisarse que, la devolución de la cantidad de numerario que erogó la parte quejosa, debe realizarse con su respectiva actualización, ya que tratándose de contribuciones, el reintegro de cantidades pagadas indebidamente debe actualizarse para efecto de restituir al solicitante de amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados." Por su parte, la autoridad municipal responsable remitió el cheque 0002636, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por la suma total de $15,559.00 (quince mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), expedido a favor de la parte quejosa Edma Comercial Acapulco, sociedad anónima de capital variable, a fin de devolver la cantidad que pagó por concepto de impuestos adicionales con su respectiva actualización. Título de crédito que fue entregado al impetrante del amparo, quien compareció a recogerlo el veinte de octubre de dos mil veintidós, sin que a la fecha en que se acuerda hubiere 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA WordSISE ??????????????? manifestado si efectuó el cobro del citado documento, no obstante el requerimiento formulado para que informara tal circunstancia; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre del año en curso, y se entiende que hizo efectivo el importe que ampara el referido cheque expedido a su favor. Precisado lo anterior, resulta evidente que el fallo protector SE ENCUENTRA CUMPLIDO, toda vez que se RESTITUYÓ al quejoso las cantidades enteradas en las facturas 2000124084 y 2000124080, específicamente las relativas a os impuestos adicionales por concepto de "IMP. ADIC 15% PRO EDUCACIÓN" e "IMP ADIC 15% PRO CAMINOS" por el ejercicio fiscal de dos mil veinte, debidamente actualizadas. Con lo anterior, resulta evidente que la autoridad acató plenamente la ejecutoria de amparo, al haber cumplido con lo que le fue requerido en autos, es decir, restituyó a la parte quejosa las cantidades que pagó con motivo del impuesto predial específicamente sobre los impuestos adicionales por los conceptos antes apuntados, y además devolvió dichas cantidades, debidamente actualizadas. Luego, no pasa inadvertido lo infructuoso del requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional a fin de asegurarse que la parte quejosa hizo efectivo el cheque de que se trata, no obstante el apercibimiento decretado de que en caso de no realizar manifestación al respecto, se entendería que hizo efectivo el importe que ampara el título de crédito expedido a favor del solicitante de amparo, y se proveería lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector; sin embargo, la parte quejosa ha mostrado desinterés o poco aprecio para informar respecto al cobro del cheque emitido por la responsable y, por ende, resulta oportuno justipreciar tal situación en este momento, pues si bien es cierto es obligación de este Juzgado de Distrito velar porque se cumpla el fallo 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA protector; también cierto es, que casos como el que nos ocupa en el que se ha mostrado desinterés de la parte quejosa, resulta incuestionable que el presente asunto no puede permanecer abandonado en forma indefinida, ya que esto ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Por ello, resulta inconcuso que la autoridad responsable realizó actuaciones de restitución de las cantidades ordenadas a devolver conforme a los alcances del fallo protector, y si en el caso particular, la parte quejosa no ha informado si hizo efectivo el cheque emitido a su favor, esto obedece a su propia renuencia y, por ende, tal situación resulta ajena a la intención de la responsable de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Considerar lo contrario implicaría dejar a la voluntad de los justiciables el cumplimiento de la sentencias, lo que contravendría los artículos 196 de la Ley de Amparo y 17 constitucional, que garantizan el derecho de acceso efectivo a la justicia, que implica que se cumplan las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Cabe señalar que la circunstancia de que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, haya implicado el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que la postura adoptada por la parte quejosa deba atenderse como una omisión por parte de la autoridad responsable para acatar la 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA WordSISE ??????????????? ejecutoria de amparo, puesto que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique1 . Consecuentemente, ante la conducta mostrada por la parte quejosa, se considera innecesario requerirle de manera indeterminada a efecto de verificar el cobro del cheque 0002636, por la cantidad de $15,559.00 (quince mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto en atención a que si bien el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, ello no exime a la parte quejosa en mostrar interés en lo conducente, ya que finalmente la parte quejosa es la directamente beneficiada de la protección constitucional. En razón de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente, porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 1 Apoya lo determinado, el siguiente criterio: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.' reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." [Época: Décima Época. Registro: 2004748. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906] 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 18 DE OCTUBRE DE 2022, QUE DICE: ... PRAL. 966/2022-IV CUENTA. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la demanda de amparo promovida por Ma. de Lourdes Pedrote Navarro, también conocida como María de Lourdes Pedrote Navarro, por propio derecho y en su carácter de única y universal heredera, albacea y cónyuge supérstite y administradora de la sucesión testamentaria a bienes de Emerano Lataban Martínez, recibida en la oficialía de partes de este juzgado federal con ocho copias y sin anexo. Registrada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con el número 966/2022. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Ma. de Lourdes Pedrote Navarro, también conocida como María de Lourdes Pedrote Navarro, por propio derecho y en su carácter de única y universal heredera, albacea y cónyuge supérstite y administradora de la sucesión testamentaria a bienes de Emerano Lataban Martínez, personalidad que se tiene por acreditada con las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1138/2021, al constituir un hecho notorio para este juzgado federal, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se ordena agregar copia certificada del mismo a las presentes actuaciones para los efectos legales a que haya lugar; contra actos del Juez Quinto de Primera instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 966/2022-IV, y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 133 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), y 172 fracciones III y IX, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; [.]" Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo toda norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio biinstancial, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía indirecta. Ahora bien, a fin de evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que en los capítulos de acto reclamado y antecedentes la promovente manifestó en lo que interesa lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: El auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable en el expediente número 40-2/2018 relativo al juicio ORDINARIO DE NULIDAD DE TESTAMENTO, promovido por los hoy terceros con interés, en contra de la suscrita y otros, mediante el cual declara improcedente el recurso de reconsideración que hice valer en contra del auto nueve de agosto de dos mil veintidós." "ANTECEDENTES: BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE 1.- Por escrito de 24 de abril de 2018, los terceros con interés GONZALO, LOURDES, ISIDRA MA. ESTELA y JOSÉ NICOLAS de apellidos LATABÁN HERNÁNDEZ, promovieron demanda de nulidad de testamento contra de la suscrita, por sí y en carácter de albacea de la sucesión testamentaria de Emerano Lataban Martínez, la cual se tramita de manera independiente bajo el mismo número de expediente 40/2018-II, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Acción que se instruyó en contra de la suscrita MA. DE LOURDES PEDROTE NAVARRO, también conocida como MARÍA DE LOURDES PEDROTE NAVARRO, Notario Público Número Nueve del Distrito Notarial de Tabares y Director del Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Guerrero. (.) 12.- Por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó un segundo auto de admisión de pruebas en la contienda natural, admitiendo en su totalidad las pruebas de los hoy terceros con interés, sin limitarse a los puntos que no habían sido desahogados, sino que doblemente admitió a trámite la prueba pericial en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, respecto de cuyo auto promoví recurso de reconsideración mediante mi abogado patrono, mismo que fue admitido a trámite mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso. 13.- Por auto veinte de septiembre la autoridad responsable resolvió el recurso planteado y admitido, declarándolo improcedente sin analizar los agravios formulados, por lo que dicha acción, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo indirecto, mismo que me fue notificado por lista publicada en los estrados de la autoridad responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós." De lo anterior se desprende que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que de lo narrado en el capítulo de antecedentes, se advierte que la quejosa figura como parte en el juicio 40/2018-II, del que deriva el acto reclamado, en el que se admitió en su totalidad la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de reconsideración en su contra, medio de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 impugnación que fue admitido por el juez responsable en auto de veintidós de agosto del presente año. Posteriormente, en acuerdo de veinte de septiembre del año en mención, se resolvió el recurso planteado, mismo que fue declarado improcedente; y en ese orden de ideas, dicha determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. De los antecedentes apuntados se obtiene que el acto reclamado por su naturaleza es meramente de carácter intraprocesal, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental -ya que la única consecuencia sería que el juicio natural continuara hasta el dictado de la sentencia, misma que incluso puede serle favorable-, lo que es así, ya que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, las que únicamente son susceptibles de impugnación - como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Ilustra al respecto la jurisprudencia número P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, correspondiente a agosto de 1992, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Tal es el espíritu de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado en el 170 de la Ley de Amparo, el cual se constituye como un fiel reflejo de la voluntad legislativa que ha querido que los procedimientos comunes no se vean interrumpidos con la constante interposición de juicios de amparo, consagrando además, a la instancia constitucional como un medio de defensa realmente extraordinario, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/49, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 426, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos". BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 De esta forma, los actos en juicios susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afecten derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna. Así, tratándose de actos intraprocesales, éstos excepcionalmente serán reclamables en amparo indirecto, cuando realmente ocasionen una repercusión en los derechos sustantivos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe revisarse minuciosamente cada uno de ellos para razonar si reúnen tal exigencia. En el mismo criterio, en jurisprudencia P./J.4/2001, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cuestiones sostuvo que en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta y de inmediato algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir la procedencia del amparo indirecto o el uniinstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Pues bien, atento a los antecedentes del caso relatados con anterioridad, se advierte que el acto reclamado podría ser combatido en el amparo directo en el que se impugne la sentencia pronunciada, pudiendo reclamar allí todas las violaciones cometidas durante su sustanciación o en el propio BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE fallo, a condición de que esas violaciones trasciendan al resultado obtenido. Sentado lo anterior, también debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia advertida en el caso concreto resulta indudable, porque como se anticipó, es acorde con el artículo 172 de la ley de la materia que establece un catálogo de hipótesis en las que se consideran violadas las leyes del procedimiento y se ven afectadas las defensas de la promovente. Entre ellas, existen unas específicamente aplicables al supuesto que ahora se reclama, previstas en las fracciones III y IX del dispositivo en cita, las cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión". En concordancia con todo lo anterior, la determinación de veinte de septiembre del presente año, en la que se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de nueve de agosto pasado, en el que se admitió la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía ofertada por la parte actora, misma que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, sólo deja ver que se trata de una cuestión meramente procesal que no puede ser combatida a través del amparo indirecto, ya que por su naturaleza no es un acto de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 la página 207, Tomo XII, Julios de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Se arriba a la anterior determinación, habida cuenta que la LEY DE AMPARO VIGENTE EN SU ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE SON AQUELLOS QUE PRODUCEN UNA AFECTACIÓN MATERIAL A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES, sin que exista la posibilidad de encuadrar dentro de este concepto los actos que produzcan efectos meramente formales, aun cuando se trate de una violación en grado predominante o superior que anterior a la reforma establecía la jurisprudencia, atendiendo a que el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En efecto, esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, por lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza, así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable en los siguientes supuestos: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Con base en esas reglas, se admitía -por ejemplo- la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio lo procedente sería el amparo directo. Sin embargo, la Ley de Amparo vigente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación, en los siguientes BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 términos: ".actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Máxime que el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso concreto, se insiste, el derecho que en todo caso podría llegar a afectársele a la parte quejosa es de naturaleza adjetiva o procesal, pero de ninguna manera implica una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución y los Tratados Internacionales como la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), y 172 fracciones III y IX, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIV.2o. J/29, 3a. 43, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1102, Novena Época del tenor siguiente: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo prevé como violación procesal reclamable en amparo directo, el desechamiento de los recursos a que tuviere derecho el quejoso con arreglo a la ley. Ahora bien, se estima que en esta hipótesis también puede ubicarse una resolución que declara improcedente un recurso, en virtud de que si bien las expresiones "resolver" y "desechar" son dos términos semánticamente distintos, no debe soslayarse que ambos representan idéntico significado, pues entrañan el rechazo, la inadmisión y la no aceptación del recurso intentado." Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Walfre Alberto Leyva Gorjón, Guillermo Sotelo Otero, Homero Pino Diego y Leonardo Daniel Herrera Otero, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la acredita como Licenciada en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Karla Viridiana Reyes Puerto, Agustín Reséndiz Reyes y Fredy Daniel Garay Alarcón, por no contar con tal requisito y así haberlo solicitado la parte quejosa. Asimismo, se le tiene señalando número telefónico y correo electrónico para establecer contacto. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, así como la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el asunto, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, previa toma de razón que obren en autos, a través de solicitud por escrito realizada al Secretario de Juzgado encargado del expediente. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe. ...

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