Ma. Lourdes Larios Rivas

Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
11/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Ma. Lourdes Larios Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    NOTIFICACION PESONAL

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes interpongan el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Décima Época Semanario Judicial de la Federación, catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 11/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que estima violatorios del artículo 8° constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, ******************** (en adelante: quejosa, agraviada, parte quejosa, o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y por la autoridad que enseguida se precisa: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: El [.] Subdelegado de Prestaciones en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Estado de Colima, [.]. IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como Responsables, Sub Delegado de Prestaciones del ISSSTE en Colima, le reclamo la falta de respuesta a la petición de pago correcto de mi pensión de jubilatoria, la cual fue realizada por la suscrita conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, escrito que contiene sello de acuse de recibo de dicha autoridad el día 20 de junio del año 2022." SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 11/2023-I; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, dado que se reclama un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de veinte de junio de dos mil veintidós. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época, con registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DEAMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue omiso en expresar si es cierto o no el acto que se le atribuye; sin embargo, realizó diversas manifestaciones de las que se advierte su certeza. En consecuencia, es que debe tener ese acto como plenamente probado. Sustenta lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, con registro digital 232226, que indica: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Apéndice 1995, Parte VIII, Materia Común, página 262, registro 3955721, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3º.108 K., Tribunales, Octava Época, Tribunales Colegiados de circuito, visible en la página 353, del Tomo XV-2, Febrero de 1995, registro 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Ahora bien, las partes no invocaron causas de improcedencia o sobreseimiento en el juicio por lo que ve al acto reclamado, y oficiosamente no se advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el referido ordenamiento no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. Se cita en apoyo la jurisprudencia 268 del Tribunal Pleno, que se encuentra publicada en el Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época, con registro 1002334, de contenido: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda, expone su concepto de violación por el cual estima vulnerada su esfera jurídica, el cual se tiene por reproducido en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en los ordinales 73, 74, 75, 76 y 79, de la ley de la materia, pues ni de éstos ni de ninguna otra porción normativa se advierte obligación en tal sentido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación esgrimido por el quejoso. Los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario [.]" El texto de los citados preceptos constitucionales pone de manifiesto que las autoridades, ante las peticiones que realicen los ciudadanos en forma escrita, pacífica y respetuosa, tienen el deber de contestarlas y hacerles saber su respuesta en breve término el contenido del auto recaído, a fin de cumplir con el imperativo que consigna el derecho fundamental en mención. Así, del precepto constitucional destacado, se obtiene que el derecho de petición se integra con los siguientes elementos: a) La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición, desahogando cada uno de los aspectos que se le solicitan; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. En este último aspecto, es de destacarse que no existe obligación para la autoridad de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Así, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Robustece lo anterior la tesis XXI.1o.P.A.36 A del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 177628, que indica: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." En el caso, la parte quejosa refiere que el veinte de junio de dos mil veintidós, presentó su petición ante la responsable, en tanto que del informe justificado de la responsable y de la constancia que adjuntó en apoyo, se aprecia que no le ha dado contestación, sin que hasta la fecha se tenga noticia de ello. De tal suerte que si la responsable no acreditó haber dado respuesta a la petición de la parte quejosa, ello resulta más que suficiente para tener por demostrada la violación al artículo 8° constitucional, puesto que es a dicha autoridad quien tiene la carga de acreditar que no ha incurrido en la omisión que se le reclama. Ello se considera así, pues como se precisó con antelación, el derecho de petición contenido en el artículo 8° constitucional, toma sustento en base a las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Sobre esas premisas, es dable concluir que la omisión a dar contestación a una petición, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad sustenta su actuar; por lo que es claro, que subsiste la afectación de que se duele la quejosa. En mérito de lo anterior, al quedar demostrado que la autoridad responsable no ha hecho pronunciamiento alguno en torno a la petición de la quejosa, dicha omisión viola el aludido derecho fundamental que consagra el artículo 8º de la Constitución Federal, en relación con el diverso 17, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo cual, se considera que lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación de la Quinta Época, con registro 315715, que indica: "PETICIÓN, DERECHO DE. Si entre la fecha en que se presentó la solicitud del quejoso ante la responsable y la en que acudió al juicio de garantías, transcurrieron varios meses, es de concluirse cualquiera que sea el criterio que se aplique en relación con el concepto de "breve término", que en el caso ha transcurrido éste con exceso, por lo que la autoridad estuvo obligada a dictar el acuerdo que procediera, así fuera el de prevenir al solicitante que cumpliera con los requisitos legales, y de hacérselo saber." De igual manera, la diversa tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, con registro 237232, que señala: "PETICION, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCION DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICION. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, primer párrafo, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que: El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por escrito, conteste congruentemente la petición formulada por ********************, sin que dicha respuesta implique que sea favorable o no a lo solicitado por la peticionaria. Hecho lo anterior, lo notifique personalmente a la parte quejosa. OCTAVO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 16, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 73 a 77 y 124, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos precisados en el considerando séptimo que antecede. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que se encuentran trascurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Atento a lo anterior, a efecto de que se imponga de su contenido, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estime convenientes; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las once horas con un minuto del veinte de febrero de dos mil veintitrés. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese por lista.

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