Ma. Loreto Sierra López

Expediente 684/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
684/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Ma. Loreto Sierra López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, aceptó la incompetencia planteada por este juzgado y admitió la demanda de amparo.- Consecuentemente, se ordena el archivo del presente cuaderno, por tratarse de un asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa, mediante el cual, bajo protesta de decir verdad proporciona su domicilio actual y correcto, siendo el ubicado en Calle Benito Juárez 312, Comunidad Santa María de Guadalupe, Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en cumplimiento a la prevención realizada en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, atención a los hechos narrados en la demanda de amparo que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y al contenido de sus anexos, así como del escrito aclaratorio recibido en el presente acuerdo, esta juzgadora estima que carece de competencia para conocer del presente juicio, por cuestión de territorio. Lo anterior, en virtud de que del certificado de discapacidad permanente expedido por el doctor Martín Meléndez García, Director del Hospital Comunitario de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, así como de la Póliza de Afiliación con el folio 1105230693, proporcionado en favor de la quejosa, se observa que refirió como su domicilio el indicado en párrafos anteriores, que es donde se han verificado las omisiones que ésta reclama -las cuales tienen efectos positivos en su esfera jurídica-, se ubica dentro del territorio correspondiente a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, con residencia en Celaya, Guanajuato. Las razones que sostienen este criterio, son las siguientes. Precisión de los actos reclamados. La quejosa reclama la negativa de las autoridades señaladas como responsables de proporcionarle el tratamiento de hemodiálisis, para tratar sus padecimientos consistentes en insuficiencia renal periférica critica (con terapia de sustitución de la función renal por hemodiálisis) diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipotiroidismo, así como la negativa de proporcionarle todos los medicamentos necesarios para los tratamientos y ser atendida por los especialistas correspondientes. Naturaleza de los actos. Las omisiones de proporcionar atención médica a la quejosa tienen consecuencias que se materializarán, de manera inminente, en el plano fáctico, dado que pueden menoscabar su estado de salud. Por ello, su naturaleza no es simple: por un lado, el Estado, a través del Hospital Comunitario de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, señalada como responsable, está obligado a proporcionar el tratamiento médico necesario para aliviar las afecciones que padece la quejosa, en virtud de que ésta no está afiliada a ningún servicio de salud público; mientras que, por otro lado, en caso de que las autoridades responsables persistan en su conducta omisiva, ello traerá efectos negativos en la salud de la quejosa. Luego, es válido concluir que la falta de atención médica que reclama la quejosa, puede producir efectos nocivos inminentes en su salud, y que tales perjuicios inciden materialmente en su situación jurídica. De acuerdo a lo expuesto, las omisiones por parte del Estado de proporcionar la atención médica requerida, constituyen actos con efectos positivos en la esfera jurídica de la quejosa; es decir, tienen ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato o Instituto de Salud del Estado de Guanajuato y del Hospital Comunitario de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, cuyo incumplimiento materializa, de forma directa, un detrimento o menoscabo en la salud de la peticionaria del amparo, quien tiene la prerrogativa de que su salud sea garantizada por el Estado. Por tanto, mientras no se proporcione la atención médica que requiera la solicitante del amparo, los efectos negativos que dicha omisión genere, se producirán inminentemente en su estado de salud; de ahí que se sostenga que tales omisiones no son simples, sino que conllevan o traen aparejados efectos positivos que se materializan en el plano fáctico. salud de éstas, en el caso de que tal servicio no se les proporcione. Competencia. En atención a lo expuesto, para discernir la competencia para conocer del presente juicio, debe atenderse a la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan los efectos; esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello es así, debido a que como quedó precisado, la omisión de proporcionar atención médica, constituye un acto que posee ejecución material, pues existe el vínculo objetivo e indisoluble antes referido, por lo que los jueces de distrito deben atender a la regla de competencia contemplada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan los efectos. En ese sentido, en relación con la ejecución material de los actos a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, precisó que dicho precepto utiliza el término "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. En ese orden de ideas, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o bien, que sus efectos conlleven a esa situación.

  3. Principal

    Apoderado legal de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública, ambos del Estado de Guanajuato, informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos y remite las documentales para acreditarlo. Con su contenido vista a las partes para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de diecinueve de octubre del año en curso, no obstante, omitió la protesta a que alude al artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene su razón de ser en que si la quejosa incurre en falsedad, la hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la promovente, que subsiste el requerimiento y apercibimiento formulado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la inteligencia de que su autorizada pretendió desahogar dicha prevención el veintitrés de octubre pasado, fecha en que se ordenó su notificación personal de nueva cuenta, la cual fue practicada el veintisiete de octubre siguiente y pretendió desahogar la prevención el veintiocho de los actuales (día en que surtió efectos la notificación), por lo que restan los cinco días para cumplir con la prevención, que se computarán a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.

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