Ma Loreto Martínez Sánchez
Expediente 1026/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma Loreto Martínez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veinticinco de noviembre de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al CITATORIO de veintiséis de noviembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveido de veinticinco de noviembre del año en curso, en atención a que no compareció los días veintisiete ó treinta de los actuales para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda promovida contra actos del Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organización y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, que la parte quejosa considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 1026/2015-II. Atento a su contenido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así es, la causa de improcedencia que se actualiza, es la prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Conforme a las fracciones del precepto en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando de manera previa, se promovió una demanda en que exista identidad del quejoso, autoridades responsables y acto reclamado, aunque las violaciones alegadas sean distintas y se dicte sentencia firme en la que se analice la constitucionalidad del acto impugnado. Lo anterior, observa la figura jurídica de cosa juzgada, que tiene su fundamento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, que establecen que, las leyes federales y locales, dispondrán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones; figura procesal que se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. La cosa juzgada genera la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia, que se adquiere cuando lo decidido en ella ya no puede cambiar, con independencia de la eficacia del fallo y de la apreciación que de tal resolución tengan las partes contendientes. La figura jurídica de cosa juzgada, no es ajena al juicio de amparo, pues opera de igual forma que en los juicios ordinarios, cuando se ha analizado el planteamiento de constitucionalidad del acto reclamado. En el particular, la quejosa reclamó en su demanda de amparo, la omisión por parte del Secretario General de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con sede en Salamanca, Guanajuato, de dar respuesta al escrito de la quejosa, de dos de octubre de dos mil quince, en el que solicita el formato oficial para el registro de su hija y pueda ser propuesta para ocupar la plaza vacante que se generó con motivo de la jubilación de la hoy quejosa. Ese acto la propia quejosa, lo reclamó en la diversa demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el tres de noviembre del año en curso, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, misma que se registró con el número 972/2015-II. Asimismo, mediante auto de cinco de noviembre de dos mil quince, se desechó al resultar notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado al Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organización y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, señaladas como responsables no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones precisadas en el mismo; ya que el acto reclamado a las señaladas como responsables, no acontece en la calidad de autoridad, y por tanto, la actuación de éstas como la respuesta que se emitiera al respecto tampoco lo será. Ahora bien, dicha determinación causó estado por auto de dieciocho de noviembre de la presente anualidad, al no ser recurrida por la parte quejosa dentro del término legal. Lo anteriormente reseñado, se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2. Conforme a lo antes expuesto, al estar demostrado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la omisión por parte del Secretario General de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con sede en Salamanca, Guanajuato, de dar respuesta al escrito de la quejosa, de dos de octubre de dos mil quince, en el que solicita el formato oficial para el registro de su hija y pueda ser propuesta para ocupar la plaza vacante que se generó con motivo de la jubilación de la hoy quejosa; entonces, no es posible jurídicamente analizar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, pues ello transgredería el principio de seguridad jurídica, pues como se precisó al haberse desechado la anterior demanda de garantías, presentada por la propia quejosa contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables, resulta inejercitable la acción de amparo, pues si bien es cierto que aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, si actualiza cosa juzgada en términos de artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, en relación a que las autoridades responsables señaladas en la promoción del primer juicio de amparo indirecto, no les asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuyo contenido no puede desconocerse; determinación que adquirió firmeza por no haber sido recurrida, de ahí que aun cuando aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis I.5o.P. 1 K (10a), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2306, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." Así como la diversa 1a. CCLXXVIII/2012 (10a), de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por las consideraciones antes señaladas, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Téngase a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas que indica, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos a quienes se menciona, dado que no cuentan con dicho registro. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
- Principal
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