Ma. Leonor Martinez Perez

Expediente 904/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
904/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Ma. Leonor Martinez Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto, agréguese a los autos el ocurso de cuenta, signado por el quejoso Ignacio Estrada Martínez; atento a lo que solicita, con fundamento en el párrafo primero del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, devuélvanse los documentos que en copia simple exhibió con su demanda de amparo, previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Agréguese a estos autos el ocurso de cuenta, signado por Ignacio Estrada Martínez, en su carácter de tutor interino de Ma. Leonor Martínez Pérez, mediante el cual cumple con la prevención efectuada por acuerdo de seis de septiembre del año en curso; al respecto, téngase por satisfecha la misma en los términos solicitados por este Juzgado. En consecuencia, en relación con la demanda de amparo promovida por Ignacio Estrada Martínez, en su carácter de tutor interino de Ma. Leonor Martínez Pérez; continúese con el registro número 904/2018-II-A, con el cual quedó registrada en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PERSONALIDAD Con fundamento en el artículo 11, de la Ley de Amparo, la personalidad de la parte quejosa, para efectos de este juicio se tiene por acreditada al tenor del legajo de copias certificadas que exhibe para tal efecto, de las que se aprecia que la misma la tiene reconocida ante la responsable dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con sede en Altamira, lo siguiente: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la jurisdicción voluntaria de interdicción 793/2017, en la que sustancialmente se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el promovente en contra del diverso auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en el que se tuvo a Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de autorizado de la presunta incapaz Ma. Leonor Martínez Pérez, impugnando y objetando dictámenes médicos. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece:. De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al procedimiento. Precisado lo anterior, en el caso en concreto la parte quejosa -como ya se dijo- reclama la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la jurisdicción voluntaria de interdicción 793/2017, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el promovente en contra del diverso auto en el que se tuvo a Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de autorizado de la presunta incapaz Ma. Leonor Martínez Pérez, impugnando y objetando dictámenes médicos, lo cual a su criterio lo deja en estado de indefensión. Sin embargo, contrario a lo argumentado por el promovente, tal acto no es de aquellos que se consideran de imposible reparación, ya que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, pues versa sobre un derecho adjetivo o procesal, amén de que no se le impide mantener una participación activa dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria ni le revoca el carácter que le fue otorgado en autos -tutor interino. Al respecto, debe indicarse que dicho acto reclamado no afecta directa o inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en la constitución ni en tratados internacionales, pues los efectos jurídicos que produce son meramente de carácter intraprocesal, ya que lo que se reclama no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si la resolución que se emita en las diligencias de jurisdicción, le resulta favorable a sus intereses, pero, en caso contrario, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer el recurso que considere oportuno. Bajo ese panorama, es incuestionable que el acto consistente en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la jurisdicción voluntaria de interdicción 793/2017, no es de imposible reparación para poder ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicho acto reclamado no afecta de una manera inmediata y cierta el derecho sustantivo del promovente, al poder o no trascender al resultado del procedimiento de jurisdicción voluntaria que se emita, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derecho humanos que no pudieran ser reparados. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Ignacio Estrada Martínez, en su carácter de tutor interino de Ma. Leonor Martínez Pérez. Con la anterior determinación, no se desconoce que inicialmente se previno a la parte promovente; sin embargo, la satisfacción de aquella, no constriñe a este órgano jurisdiccional admitir la demanda de amparo, ya que tal prevención lo fue para satisfacer uno de los requisitos que contempla el artículo 108 de la ley de la materia los cuales resultan ser requisitos sine qua non para proveer en relación a la demanda.

  4. Principal

    MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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