Ma Laura Gómez Solís

Expediente 188/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
188/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Ma Laura Gómez Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Alba Paola Elizabeth Granados León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. MLB/APEGL/ornelasp LA SECRETARIA CERTIFICA QUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, COINCIDE EN SU TOTALIDAD EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO E IMPRESO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE AMPARO; ASIMISMO, QUE EN ESTA PÁGINA CONCLUYE ACUERDO DICTADO EL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE , EN EL JUICIO DE AMPARO 188/2019-II; ASIMISMO, QUE SE GIRARON LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA ACTUARIA DEL JUZGADO PARA SU NOTIFICACIÓN, QUIEN FIRMA DE RECIBIDO. _____________. DOY FE. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIACALLE DELANTE 314, ESQUINA EN PEDRO LOYOLA, COLONIA CARLOS PACHECO, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CÓDIGO POSTAL 22890 "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, 3 DE JULIO DE 2019 Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México. DOMICILIO: AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL # 5421, EDIFICIO -3, PLANTA BAJA, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEG. GUSTAVO A. MADERO, C.P.07760. CIUDAD DE MÉXICO. DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 188/2019, PROMOVIDO POR MA LAURA GÓMEZ SOLIS, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "Ensenada, Baja California, tres de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Alba Paola Elizabeth Granados León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. MLB/APEGL/ornelasp" "Rúbricas" Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes en vía de notificación. A t e n t a m e n t e. Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California. Alba Paola Elizabeth Granados León.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de mayo de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, sin embargo, no obra el acuse de recibo del oficio 6258/2019 dirigido a la autoridad señalada como responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, con el que se acredite que dicha autoridad fue notificada del proveído de cinco de abril del año en curso, en el que se le requirió su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Ma Laura Gómez Solís, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 188/2019, anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Se señalan las diez horas con veintiséis minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se tiene a la parte quejosa exhibiendo con su escrito de demanda prueba documental, misma que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Asimismo, como domicilio de la parte promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Armando González Hernández, Martín Morán Macías, Roxana Trinidad Cervantes y Roxana Elizabeth Guadalupe Martínez Adalid, ya que de la certificación secretarial se advierte cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y, por autorizada únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Georgina Padilla Gaxiola, dado que si bien es cierto la quejosa la autorizó en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no menos verídico es que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula profesional federal en el sistema computarizado de referencia. En ese contexto, con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, debidamente sellada y cotejada con su original. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto; Asimismo, dada la naturaleza de este asunto y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, para que haga entrega de los oficios correspondientes y realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este juicio de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo.

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