Ma. Julieta Villarreal Orozco

Expediente 845/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
845/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Ma. Julieta Villarreal Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESO O DEFECTO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, sin que con lo anterior se limite el derecho de las partes a hacer valer en contra de esta determinación los medios de impugnación que consideren procedentes conforme a sus intereses.

  2. Principal

    SE CONCEDE PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, tres de marzo de dos mil veintidós. I. Se agrega oficio. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. II. Designación de delegados y domicilio. Téngasele señalando como delegados en términos del artículo 9º de la ley de la materia, a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. III. Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse las copias que refiere, y con transcripción del presente proveído envíense a la mencionada autoridad por medio de oficio. Sin que resulte procedente acordar de conformidad la suspensión del apercibimiento, en atención a que el mismo fue decretado como medida de apremio tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia, lo que es una cuestión de orden público e interés social, por lo que el mismo subsiste en sus términos.

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. I. Se agrega promoción. Visto el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de inconformidad ****, de su índice, correspondiente a la sesión celebrada el tres de febrero de este año, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación: "PRIMERO. Es fundada la inconformidad. SEGUNDO. Se revoca el auto impugnado. TERCERO. Devuélvanse los autos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que exija el cumplimiento exacto de la ejecutoria de amparo." II. Anotaciones y se acusa de recibo. Por consiguiente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguese el cuaderno de antecedentes y acúsese el recibo de estilo a la Superioridad. Así las cosas, de los autos se advierte que en el presente asunto se reclamó específicamente: "La inconstitucionalidad del Decreto LXVI/APLIE/0637/2019 I.P.O de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, en sus numerales 12, 13, 14, 15, de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua. Así como el Decreto NO. LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E. de la Ley de Hacienda para el Estado de Chihuahua, específicamente en cuanto a Impuesto Adicional Universitario en cuanto a sus numerales 79, 80, 81, 82 y 83." Por tanto, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: ". se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente de los números de operación **** y ****, del certificado de pago de dieciséis de junio dos mil veinte, y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto. Asimismo, se cobre la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar una vez aplicado el estímulo a que se refiere el artículo mencionado." Ahora, la Superioridad al resolver el recurso de inconformidad ****, de su índice, señaló: "32.Entonces, si las cantidades correctas a pagar en términos de la ejecutoria de amparo eran de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/10 M.N.) por cada acto, más el impuesto universitario por $30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.) por cada acto, sumando de igual modo la suma de $153.32 (ciento cincuenta y tres pesos 32/100M.N.) por cada acto, daría como resultado la cantidad de $933.32 (novecientos treinta y tres pesos 32/100 M.N.); y si en el caso se trata de dos operaciones, daría un total de $1,866.64 (mil ochocientos sesenta y seis pesos 64/100 M.N.), que si se resta la cantidad erogada por la quejosa hoy recurrente daría como resultado la cantidad de $29,652.26 (veintinueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos 26/100 M.N.) 33. En consecuencia, tomando en consideración el contenido íntegro del DJF 704-i/2021, y su anexo, es evidente que no cumple con los lineamientos de la ejecutoria de veinte de enero del veintiuno. 34. En n ese sentido, conforme a los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el Secretario en funciones del Juez de Distrito, no se aseguró del cumplimiento de los deberes impuestos a las responsables merced de la sentencia protectora, pues no se materializaron sus términos, sin razonar de forma alguna como lo refiere la recurrente tal circunstancia. 35. Finalmente, también le asiste la razón a la recurrente en el sentido de que, si bien, obra constancia de que la recurrente recibió un pago por parte de la responsable, ello, no puede convalidar la inobservancia de la responsable en cuanto al impuesto universitario en términos de la ejecutoria de vente (sic) de enero de dos mil veintiuno; ello es así, dado que no puede considerarse que se haya restituido de forma completa a la quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, pues aún no se restablecen integralmente las cosas al estado que guardaban antes de la violación, los efectos de una sentencia protectora de amparo, es restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental en forma total." III. Requerimiento. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable la Oficina de Recaudación de Rentas del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del momento en que quede notificada de la presente determinación, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada, completa y legible de las constancias que considere pertinentes a fin de acreditar el cumplimiento del fallo protector en los términos precisados por la superioridad; en el entendido de que en caso de incumplir, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y, en su oportunidad, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al artículo 193, de la ley de la materia, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante autoridad competente. IV. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

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