Ma. Julia Cervantes Galván

Expediente 1209/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1209/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Ma. Julia Cervantes Galván
  • Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región con sede en Irapuato, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Se observa que feneció el término de cinco días, para que la quejosa recurriera el auto de catorce de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En otro aspecto, revisado el estado de autos se observa que obra documental exhibida por la quejosa en copia certificada; por tanto, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recogerla, bajo apercibimiento con que de no hacerlo dentro del lapso concedido para tal efecto, será destruida.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Se observa que feneció el término de cinco días, para que la quejosa recurriera el auto de catorce de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En otro aspecto, revisado el estado de autos se observa que obra documental exhibida por la quejosa en copia certificada; por tanto, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recogerla, bajo apercibimiento con que de no hacerlo dentro del lapso concedido para tal efecto, será destruida..."

  3. Principal

    De los oficios signados por el Comandante de la 16/a Zona Militar con sede en Sarabia, Guanajuato y la Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región, sede Salamanca, base Pénjamo; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse ampliados sus informes justificados. Con dichos informes dese vista a la partes para que manifiesten los que a su interés legal convenga.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 14 DE OTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Demanda de amparo promovida por Ma. Julia Cervantes Galván, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común I de esta ciudad y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1209/2022-VII. De conformidad con los dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. La obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se observa que la quejosa sustancialmente reclama: a) La citación a la audiencia inicial dentro de la causa penal 1P1622-948 del índice del Juzgado en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede y base en esta ciudad, seguida con en su contra por el hecho que la ley señala como delito de despojo, en agravio de J. Luz Ramírez Sánchez, programada para las nueve horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós. b) La acumulación de las carpetas de investigación 39459/2021 y 416807/2021, decretada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común 1 de esta ciudad. Desechamiento respecto del acto reclamado en el inciso a). Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse con la decisión que el juez de control emita durante la audiencia inicial. Es decir, se trata de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, mediante la cual requiere al quejoso para que acuda a la audiencia en la cual se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Entonces, el acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Julia Cervantes Galván, respecto del acto reclamado identificado en el inciso a), en términos del diverso 113 de dicha ley. Desechamiento respecto del acto reclamado en el inciso b). En relación con el acto en cuestión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. El juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama y prescriben, además, quiénes pueden promoverlo en su representación, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o defensor. Para determinar si una actuación verificada en la integración de una carpeta de investigación o en el ejercicio de la acción penal, puede o no afectar el interés jurídico del implicado, debe partirse de lo establecido en el artículo 21 constitucional, el cual dota a la Representación Social de la facultad exclusiva para investigar los delitos y ejercer la acción penal, salvo que se trate de los casos en que la ley reconozca la acción penal particular. Se advierte que el orden jurídico actual reconoce como labor fundamental de la autoridad ministerial la investigación y prosecución de posibles hechos delictuosos, sin que otorgue a los indiciados el derecho de oponerse a su continuación, aun cuando sean considerados probables responsables. En el caso, la acumulación de las carpetas de investigación (39459/2021 y 416807/2021) es un acto propio de su integración, pues de conformidad con el párrafo quinto del artículo 19 constitucional, 8 y 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente la acumulación de los procesos penales cuando: (1) se trate de concurso de delitos, (2) se investiguen delitos conexos, (3) cuando la investigación se siga contra los autores o partícipes de un mismo delito, o (4) se investigue un mismo delito en contra de diversas personas; lo anterior, a fin de atender el principio de concentración que rige en materia penal, pues, en caso contrario, se entorpecería y dilataría la investigación de los delitos que lleva acabo. Sentado lo anterior, debe considerase que el acto reclamado fue emitido por el agente ministerial en su carácter de órgano público titular del ejercicio de la acción penal, el cual tiene como obligación llevar a cabo los actos que integran la carpeta de investigación, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal. Es decir, la autoridad facultada para determinar la probable existencia de un hecho que la ley señala como delito, y la presunta responsabilidad penal de alguna persona en su comisión, a fin de que se determine si procede o no someterla a un proceso penal y dentro de éste, resolver si los hechos consignados son o no delito, y en su caso, demostrar la responsabilidad penal de las personas acusadas para la imposición de las penas y medidas de seguridad que procedan. Es así, porque el artículo 21 constitucional impone a la Representación Social la obligación de investigar y perseguir los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Asimismo, establece que las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. Por tanto, el acto reclamado, así como aquellas determinaciones emitidas por el Ministerio Público dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, por lo que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Sin que haya lugar a mayor pronunciamiento respecto de que la determinación de acumulación impide que la defensa de la quejosa pueda imponerse del contenido de las carpetas de investigación acumuladas, toda vez que, en términos de los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de la investigación son estrictamente reservados, independientemente de su contenido o naturaleza, por lo que únicamente las partes pueden tener acceso a los mismos. Bajo la salvedad de que la defensa y su representado podrán tener acceso a la investigación, siempre y cuando el imputado: (1) se encuentre detenido, (2) sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, (3) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; lo que en el caso no acontece. Máxime que de conformidad con el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa, y en caso, de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. En consecuencia, al actualizarse una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Julia Cervantes Galván, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b), en términos del diverso 113 de dicha ley..."

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