Ma. Juana Juarez Alvarez

Expediente 808/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
808/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Ma. Juana Juarez Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Ma. Juana Juárez Álvarez, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL AL TERCERO INTERESADO DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que se inserta la ejecutoria correspondiente a la sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo en revisión laboral 87/2021 del Tribunal oficiante, en el que resolvió: "PRIMERO. En la Materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Cavazos Guerrero, respecto al acto reclamado a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y a su Presidente, consistentes en el auto de once de marzo de dos mil tres, dictado el juicio laboral 141/2/1999, que ordenó la ejecución de laudo; asimismo, respecto al procedimiento de remate y adjudicación de "las instalaciones de la empresa Hacienda Santa Fe", así como todas las actuaciones que afecten dicho bien, atribuido a la mencionada Junta; por los motivos y fundamentos expuestos en la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Cavazos Guerrero, contra los actos reclamados al Presidente y a la Actuaria de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, consistentes en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de trece de marzo de dos mil tres, llevada a cabo en el juicio laboral de 141/2/1999, en la cual se aseguraron "los derechos de explotación sobre las instalaciones de la demanda Lago Guerrero, Sociedad Anónima de Capital Variable"; además, el procedimiento de remate y adjudicación de "las instalaciones de la empresa Hacienda Santa Fe", así como todas las actuaciones que afecten dicho bien, incluida la diligencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la que se puso al actor del juicio laboral en posesión del bien adjudicado a su favor; para los efectos precisados en la sentencia recurrida" En consecuencia, acúsese recibo de estilo, agréguese la ejecutoria de cuenta a los presentes autos y háganse del conocimiento de las partes la resolución de referencia. Ahora bien, en la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, en apoyo a las labores de este Órgano Jurisdiccional, y confirmada por el citado Tribunal Colegiado en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se determinó que la Presidenta y la Actuaria de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, están obligadas a su cumplimiento, mediante la realización de los actos siguientes: " Deje sin efectos la diligencia de requerimiento de pago y embargo de trece de marzo de os mil tres, llevada a cabo en el juicio laboral 14/2/1999, en la cual se aseguraron "los derechos de explotación sobre las instalaciones de la demandada Lago Guerrero, Sociedad Anónima de Capital Variable", además, el procedimiento de remate y adjudicación de "las instalaciones de la empresa Hacienda Santa Fe", así como todas las actuaciones que afecten dicho bien, en la que se puso al actor del juicio laboral en posesión del bien adjudicado a su favor. Ponga en posesión material al quejoso Miguel Cavazos Guerrero de la Construcción que denominó como "instalaciones de la empresa Hacienda Santa Fe." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta y la Actuaria de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal."

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la directa quejosa ********************, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de diez de los corrientes, realiza la manifestación bajo protesta los hechos y abstenciones de los antecedentes que sirven de fundamento a los conceptos de violación en su demanda de garantías. En atención a lo anterior, en tiempo se tiene a la promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar ante todo, la procedencia del presente juicio de amparo, el cual faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable. Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Ahora, a efecto de tener claro cuál es el acto reclamado, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio consistente en que, con el objeto de lograr una determinación clara y precisa del acto reclamado, debe acudirse a la lectura íntegra del escrito de demanda, relegar los conceptos de violación, así como prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, así como de la constancia que se acompañó a la misma, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia consiste en el siguiente: "IV. SENTENCIA RECLAMADA. La confirmación y condena a la negativa de pensión por viudez número ********************." De lo anterior se desprende, que la quejosa señala como acto reclamado la confirmación y condena a la negativa de pensión por viudez número ********************, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional Regional de Tamaulipas, de la cual señala que tuvo conocimiento el quince de marzo de dos mil veintidós. Una vez puntualizado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo; los cuales a continuación se transcriben para una mejor comprensión: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". En ese sentido, a fin de abordar la improcedencia de la demanda es importante acudir al contenido de las consideraciones que sostienen la resolución dictada en la contradicción de tesis ********************, sostenida por la Segunda Sala de nuestro más alto Tribunal, en donde señaló que del artículo 294 de la Ley del Seguro Social, se advertía la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideraran impugnable cualquier acto definitivo del ********************; asimismo, que el numeral 295 de esa codificación, distinguía la posición jurídica que guardaban los patrones y demás sujetos obligados frente al ********************, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto. En relación con los primeros, determinó que las controversias que existan entre ellos, serán dirimidas ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta distinción, señaló la superioridad, tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del ********************, no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Así, derivado del análisis de los artículos 5º, 15 fracción III, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social, ponderó que la naturaleza de organismo fiscal autónomo con que se encuentra investido el referido instituto, está relacionada con las facultades que la ley le otorga en materia de recaudación, administración, determinación y liquidación de las contribuciones que conforme al precepto 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social y concluyó por una parte, que el instituto de mérito se erige como órgano fiscal autónomo siempre que, en ejercicio de sus facultades, despliegue su potestad jurídica para exigir el cumplimiento a los patrones y demás sujetos obligados de sus deberes en materia de seguridad social. En cambio, del análisis de los artículos 2º, 4º, 5º A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6º, 7º, 8º, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, destacó que la relación jurídica que une al ********************, con los asegurados y sus beneficiarios, como en el caso, no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, determinó que cuando actúa frente a ellos, no lo hace con su potestad de autoridad. Luego, del análisis de los citados preceptos, estableció que el ********************, es el organismo público descentralizado, encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Respecto a la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del ********************, señaló que se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. De ahí concluye que, cuando un asegurado o su beneficiario solicitan al ********************, cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Con tales apreciaciones, arribó a la convicción que el ********************, tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios; lo cual robusteció con las consideraciones que, incluso, expuso al resolver la contradicción de tesis 57/2009, las cuales plasmó en la ejecutoria de cuenta. Luego, como consecuencia de lo expuesto, afirmó la Segunda Sala, que cuando el ********************, resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión; y en cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, (como es el caso) aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien, el citado instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación, mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, resaltó que el precitado artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el ********************, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que significa que las resoluciones que emite el mencionado instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. Para ello, invocó las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 35/2000, resuelta por unanimidad de nueve votos del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo conducente transcribió. Consecuentemente, determinó que la resolución emitida por el ********************, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. De allí, concluyó la Segunda Sala que el ********************, al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, no es autoridad para efectos del amparo y, por tanto, no procede el juicio de garantías en la vía indirecta, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5°, todos de la Ley de Amparo, en tanto que no se está frente a un acto de autoridad. De las consideraciones así expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivó la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, localizable en la página 1511 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, correspondiente a la novena época, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El ******************** tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Entonces, si en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de ********************, relativa al recurso de inconformidad interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la resolución de negativa de pensión número ******************** de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno emitida por el Departamento de Pensiones Subdelegación del ******************** en Tampico, Tamaulipas, es inconcuso que el juicio de garantías resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, 5° y 217, todos de la ley de la materia, toda vez que lo reclamado en el juicio constitucional no tiene el carácter de acto de autoridad, para efectos de su procedencia. En ese sentido, resulta notoria y manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo; por tanto, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la autoridad que está obligada al cumplimiento del laudo es la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México; asimismo remite copia certificada del auto de veinte de mayo de dos mil veintidós en el que se ordenó girar oficio a la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, requiriéndole a fin de que cubra los conceptos de salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, y vacaciones determinados en la resolución incidental de seis de noviembre de dos mil diecisiete; remitiendo para justificar lo anterior copia certificada del oficio 8363/2022, dirigido a la citada autoridad. Sin embargo, no remitió las constancias que acrediten que dicho oficio fue remitido a su destinatario; por tanto, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de la Materia, requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten que el oficio 8363/2022, dictado dentro de los autos del expediente laboral 395/E/2010, girado a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese.

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