Ma. Josefina Torres Noriega
Expediente 769/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 39 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ma. Josefina Torres Noriega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "Del actuario notificador adscrito al Juzgado Cuarto Civil en esta ciudad y actuario ejecutor adscrito al Departamento de Actuaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1. El emplazamiento al juicio Especial Hipotecario ******. Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital: 2. La orden de desocupación del inmueble ubicado en calle ******, ****** de la colonia ****** de esta ciudad, emitido en el juicio Especial Hipotecario ******." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el emplazamiento controvertido, y reponga el procedimiento en el juicio especial hipotecario *****; y 2. Ordene el emplazamiento a la parte quejosa". Dicho fallo causó ejecutoria el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio TSJ/JCC/00789/2023 de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Juez Cuarto de lo Civil de la capital, al que adjuntó copia certificada del proveído dictado en esa misma fecha en el juicio especial hipotecario ******; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que las responsables dieron cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, al dejar sin efectos la diligencia de emplazamiento de veintidós de junio de dos mil doce, así como todo lo actuado con posterioridad,, ordenando emplazar nuevamente a Ma. Josefina Torres Noriega en la controversia de origen. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido del oficio como de su anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, resulta innecesario que obren las copias certificadas constantes de un tomo de pruebas que la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital, remitió como complemento a su informe con justificación, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISOS A PARTE QUEJOSA Y TERCERAS INTERESADAS. ACUERDO DE 20/04/2023. Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "Del actuario notificador adscrito al Juzgado Cuarto Civil en esta ciudad y actuario ejecutor adscrito al Departamento de Actuaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1. El emplazamiento al juicio Especial Hipotecario ******. Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital: 2. La orden de desocupación del inmueble ubicado en calle ******, ****** de la colonia ****** de esta ciudad, emitido en el juicio Especial Hipotecario ******." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el emplazamiento controvertido, y reponga el procedimiento en el juicio especial hipotecario *****; y 2. Ordene el emplazamiento a la parte quejosa". Dicho fallo causó ejecutoria el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio TSJ/JCC/00789/2023 de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Juez Cuarto de lo Civil de la capital, al que adjuntó copia certificada del proveído dictado en esa misma fecha en el juicio especial hipotecario ******; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que las responsables dieron cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, al dejar sin efectos la diligencia de emplazamiento de veintidós de junio de dos mil doce, así como todo lo actuado con posterioridad,, ordenando emplazar nuevamente a Ma. Josefina Torres Noriega en la controversia de origen. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido del oficio como de su anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, resulta innecesario que obren las copias certificadas constantes de un tomo de pruebas que la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Civil de la capital, remitió como complemento a su informe con justificación, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Actuaria Notificadora adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil de la Capital, en el que realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y, que anexa copia certificada del acuerdo emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, sin acompañarlo y, con dicho oficio, estése a lo acordado en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios y su anexo, que remiten el Juez Cuarto de lo Civil de la Capital y el Jefe del Departamento de Actuaría de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los que informan el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con los oficios que se proveen y anexo que al mismo se acompaña, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga; en su oportunidad, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
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