Ma. Josefina Cardenas Manrique
Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Josefina Cardenas Manrique
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa xxxxxx, interpusiera recurso de queja contra el auto veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Valoración de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Vista la demanda de cuenta presentada por Ma. Josefina Cárdenas Manríquez, en contra de actos del Magistrado propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; fórmese el expediente físico y digital bajo el número 654/2020-VI. Análisis de la procedencia del juicio de amparo Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone la obligación de examinar la demanda de amparo -y escrito aclaratorio- para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda (en este caso adminiculado con el escrito aclaratorio), finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones, de la integridad de la demanda se desprende que la parte impetrante señala como acto reclamado de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: Del magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el toca 375/2020, que dejó sin efectos la sentencia de primer grado -de doce de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio especial civil C319/2019, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato- y ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "PRIMERO.- Se ordena la reposición del procedimiento a efecto de que la Juez de Origen, previo a nombrar tutor y curador definitivos, deje subsistente el nombramiento del tutor interino que se otorgó en la persona del señor J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez, quien deberá ejercerlo en forma conjunta con Ma. Teresa Cárdenas Manríquez, subsistiendo también el nombramiento de curador interino en la persona del señor Juan Cárdenas Manríquez, quienes tendrán la obligación de informar al Juez Natural cada dos meses del resultado de su intervención, como salvaguarda revisable a través del juez de la causa. Por otra parte, el Juez de Origen debe citar a una junta a todos y cada uno de los hijos de la señora xxxxxxxxx quienes deberán ser citados en los domicilios que la propia promovente señaló en su escrito inicial, junta en la que, con los que se presenten, deberán informar, en primer lugar, cómo es la vida ordinaria de su madre, quién vive con ella, quién la asiste en sus tareas, qué medicamentos toma; en fin, cuál es el rol familiar de asistencia en torno a su persona; en el caso de que los hermanos lleguen a algunos acuerdos deberá asentarse en el acta respectiva; de lo contrario el juzgador deberá de determinar salvaguardas en relación a la presunta interdicta. También el juez de los autos deberá trasladarse al domicilio de la señora xxxxxxx para explicarle en términos sencillos de qué se trata este procedimiento, y que el mismo es para proteger su persona y sus bienes, para lo cual, se le explicará en términos llanos, que puede designar algunas personas de su confianza para que la ayuden a tomar decisiones. Una vez realizado lo anterior, la Juez Natural deberá emitir una nueva sentencia en la que deberá tomar en cuenta todos y cada uno de los acuerdos celebrados por los descendientes de aquélla y la propia opinión de la señora Ma. Maximina, estableciendo las salvaguardas necesarias, para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica(.)." Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, dado que el acto que se reclama en el presente juicio, no es de imposible reparación. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, conviene transcribir el contenido de los artículos citados en el párrafo anterior, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De las disposiciones normativas transcritas emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Por tanto, se reitera que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada por el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en la que ordenó la reposición del juicio C319/2019 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el efecto de que previo a nombrar tutor y curador definitivo deje subsistente el nombramiento de tutor y curador interinos designados en autos; así también para que el juez de origen cite a una junta a todos y cada uno de los hijos de la señor Ma. Maximina Manríquez Cárdenas, en la que deberán informar diversas cuestiones relativas a la vida cotidiana en general de su madre, asentando en el acta respectiva los acuerdos a que lleguen los hermanos, o de lo contrario, el juzgador deberá determinar salvaguardas en relación a la presunta interdicta. Asimismo, se ordenó en la resolución reclamada, que una vez que cumplido el objetivo de la reposición (junta de hijos y determinación de salvaguardas), se deberá emitir una nueva sentencia en la que la juez natural tomará en cuenta todos y cada uno de los acuerdos celebrados por los descendientes de aquélla, estableciendo las salvaguardas necesarias, para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica. Ahora, se atiende a la naturaleza de la resolución combatida, y a fin de evidenciar que no causa una afectación de imposible reparación, es necesario analizar y determinar las consecuencias producidas por la reposición ordenada por la Sala responsable, a fin de determinar si estas son o no de imposible reparación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 7/91 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, tomo VII, mayo de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, resulta la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución reclamada de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la que el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, ordenó la reposición del juicio C319/2019 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el efecto de que deje subsistente en el nombramiento de los tutores y curador, cite a una junta a los descendientes de la presunta interdicta Ma. Maximina Manríquez Cárdenas, para que informen cómo es la vida cotidiana de esta; si llegan a acuerdos asentarlos en el acta correspondiente; y, determinar las salvaguardas en relación a la presunta interdicta; una vez cumplido tal objetivo se emita una nueva sentencia en la que se determinen las salvaguardas necesarias para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica de la citada Manríquez Cárdenas; constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos de la aquí promovente, sino que únicamente produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrán extinguirse en la realidad, pues nuevamente puede serle favorable la sentencia que en este se emita. Tampoco tal determinación reclamada impide a la quejosa el ejercicio de algún derecho dentro del juicio, sino que se insiste, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente puede llegar a trascender al nuevo resultado del fallo. Sin que puede estimarse que por haber obtenido sentencia favorable en el fallo de primera instancia, por sí, implique la adquisición de un derecho sustantivo; es así toda vez que tal circunstancia solo implica, en todo caso, una expectativa de derecho sujeta a la eventualidad de que sea o no recurrida, o bien, que cause firmeza legal por ministerio de ley, circunstancia que entonces sí hace surgir un derecho positivo en favor de la parte vencedora consistente en la obtención del derecho a ejecutar la sentencia firme y obtener lo que en esta se haya definido. Lo que no ocurrió en la determinación reclamada de, pues dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derechos sustantivos de la parte actora, hoy agraviada. Ello, pues la autoridad de segunda instancia, hoy responsable, no emitió pronunciamiento en torno a los derechos de las prestaciones que se demandaron en el juicio civil, génesis del acto reclamado, pues ordenó la reposición del procedimiento para que se lleven a cabo actos meramente procesales. Además el hecho de que una de las partes obtenga sentencia favorable en primera instancia, no puede ser criterio suficiente para establecer como regla general que la reposición de un procedimiento tiene el carácter de un acto imposible reparación violatorio de derechos sustantivos; lo anterior, en virtud de que generalmente todo procedimiento de primera instancia, que culmina con una sentencia, siempre habrá una parte vencedora; de ahí que tal criterio no puede ser determinante para en automático fijar como de imposible reparación la reposición del procedimiento de primera instancia. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos de la aquí peticionaria del amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo I, materia común, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." De ahí que el acto reclamado solo trastoca derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio del inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar la determinación reclamada, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Luego, se tiene que la resolución reclamada, de modo alguno produce vulneración de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos reconocidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que como se refirió, no acontece en el caso. En mérito de lo que antecede, es concluyente que en el caso se surte la causal de improcedencia establecida el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, y por ello, se impone desechar de plano la demanda de mérito. Sin que pase inadvertido a la anterior determinación, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2ª./J.87/2016 con registro 20012245, localizable en la página 1180, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, de rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."; ello en virtud de que el citado criterio sustenta que el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento -como en el caso- implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en este, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa procesal no resulta evidente, clara y fehaciente la causa de improcedencia, pues se requieren de demás constancias para llegar a esa determinación. Sin embargo, en el presente asunto, la parte quejosa adjuntó a su demanda copia de la resolución de segunda instancia, de ahí que existen datos bastantes de los que se advierte claramente que, efectivamente, sí se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dado que la reposición del procedimiento únicamente se ordenó para que el juez deje subsistente los nombramientos de tutores y curador, cite a una junta de descendientes, en caso de que se lleguen a algunos acuerdos se asienten en el acta respectiva, se establezcan salvaguardas en relación a la presunta interdicta y una vez solventados tales aspectos se dicte sentencia estableciendo las salvaguardas necesarias que en derecho corresponda. De ahí que las consecuencias de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo reconocido a la aquí quejosa ni impide el ejercicio de algún derecho dentro del procedimiento, por lo que acorde al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicita la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Cabe precisar que la presente conclusión, se estima armónica con los derechos de la quejosa reconocidos por el constituyente en relación con el acceso efectivo a una impartición de justicia pronta, pues al existir disposición en la ley de amparo con relación a la improcedencia del juicio cuando no se reclamen actos de imposible reparación, es inconcuso que aún con los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, a la aquí alcanzada, máxime que, como se destacó anteriormente, este órgano jurisdiccional tiene a la vista la resolución de segunda instancia, donde se ordenó la reposición del procedimiento. Determinación judicial Establecido lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la misma Ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Josefina Cárdenas Manríquez. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez que el promovente señaló para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Así también, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Javier Andrade Ramírez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el sistema de Registro Nacional de Profesionistas, que lo acredita para ejercer la profesión de abogado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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