Ma. Ivone Espinoza Angulo

Expediente 293/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
293/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Ma. Ivone Espinoza Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese al presente expedientillo derivado del juicio de amparo número 293/2019-II-A, el oficio número 4404/2019, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que dicho tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Ma. Ivone Espinoza Angulo, dando origen al recurso de queja 96/2019. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito del quejoso MA. IVONE ESPINOZA ANGULO; en su atención, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del auto de once de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de garantías; glósese una copia del escrito mediante el cual interpone el aludido recurso a este expediente y remítanse éstos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de abril de dos mil diecinueve. Agregase a sus actos el escrito aclaratorio suscrito por MA. IVONE ESPINOZA ANGULO, por el cual da cumplimiento al proveído de tres de abril del presente año; visto su contenido, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento indicado. Ahora bien, del examen de la demanda de garantías y su escrito aclaratorio, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Tlaxcala, dentro del expediente laboral C.D.T. 7/2013-3, dentro del periodo de ejecución de laudo; por lo que el suscrito advierte que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, el artículo 849 de la Ley Federal de Trabajo, dispone lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa, es parte dentro del juicio laboral, previamente a acudir a esta vía constitucional, debió interponer en tiempo el recurso de revisión previsto por el artículo transcrito en el párrafo que antecede, ya que la parte quejosa estaba obligada a interponer dicho recurso antes de promover el presente juicio. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 95/2002, visible en la página 374, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En efecto, al prever el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el recurso de revisión para combatir el acto dictado dentro del periodo de ejecución de laudo y si el acto reclamado por la quejosa se hace consistir en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Tlaxcala, dentro del expediente laboral C.D.T. 7/2013-3, dictado dentro del periodo de ejecución de laudo; por el cual se estableció que no había lugar a despachar auto de ejecución con efectos de mandamiento en contra de la parte demanda hoy tercero perjudicada; por lo que resulta incuestionable que la reclamante del amparo, antes de acudir a la vía constitucional debió de agotar el recurso de revisión a que alude el artículo citado, y al no haberlo hecho así, se actualiza en la especie la causal de improcedencia en estudio. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". En virtud de lo anterior, al haberse actualizado al caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente Lo proveyó y firma el Licenciado IGNACIO MANUEL CAL Y MAYOR GARCÍA, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario Judicial que autoriza. Doy fe.-

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por MA. IVONE ESPINOZA ANGULO, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente con el número que el número que le corresponda como lo es el 293/2019-II-A, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 108 fracción V, 112 y 114, fracción II y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente del amparo, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que quede debidamente notificada del presente acuerdo, por escrito y con las copias necesarias de éste, por ser parte integral de la demanda de amparo; bajo protesta de decir verdad, deberá precisar lo siguiente: Narrar de manera completa los antecedentes del acto reclamado, estableciendo si se emitió un nuevo laudo en el juicio laboral de origen C.D.T. 7/2013-3, con posterioridad al once de agosto de dos mil dieciséis. Señalar si el expediente de origen se encuentra en periodo de ejecución. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo. Se tiene por señalado como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia al profesionista que refiere en su escrito de cuenta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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