Ma. Isabela Olvera Guzmán

Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
393/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Ma. Isabela Olvera Guzmán
  • Leila Guzmán Bermudez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra pendiente de remitir al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Director General de Epidemiologia, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que ya fue resuelto el juicio en lo principal, tal y como se advierte de la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el juicio, misma que causó ejecutoria mediante diverso auto de cinco de los actuales, razón por la cual resulta ocioso remitir el medio de impugnación señalado con antelación, dado que no tendría ningún efecto jurídico su substanciación. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 393/2022, sin la comparecencia de las partes. La Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la prueba documental ofrecida por las quejosas y por las exhibidas por la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. Con relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Ma. Isabela Olvera Guzmán, Leila Guzmán Bermúdez, Mayra Lisbeth Sotelo Mora, Gerardo Vazquez Sereno, Mónica Brenda Pérez Vazquez, Mónica Daniela García Saucedo, Luis Omar Hernández Rauda y José Guillermo Rivera Rauda, representantes legales de los menores Miguel Ángel y Abraham ambos de apellidos Covarrubias Olvera, José Gustavo Arreola Guzmán, Matías Quiroz Sotelo, Gerardo Vázquez Serrano, Noel Tadeo y Regina ambos de apellidos Sánchez Pérez, Maia Sofía Alejandre García, Renata Hernández Pérez y Leonardo Antonio y Larissa Sofía ambos de apellidos Rivera Sánchez, respectivamente; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Salud Federal y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 4° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el 10 del Protocolo Adicional a la Convención interamericana de Derechos Humanos; 4.1 y 19 del Pacto de San José de Costa Rica; 12, inciso a), b), c) y d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; y, 6° fracciones II, IV, V, VI, XI, XV, 7°, 12, 13 fracciones VII y IX, 14, 15 y 28 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 393/2022 y en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la parte quejosa reclama omisiones y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por la parte quejosa al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Salud, al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al Director General de Epidemiología, al Gobernador Constitucional de Michoacán y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, consiste en: La omisión de incluir en la política de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (covid-19) en México, a la menor quejosa. Tercero. Inexistencia del acto consistente en la omisión de incluir en el plan de vacunación contra el virus sars-cov2 (covid-19) a los menores de cinco a once años. Antes de analizar los actos reclamados que se estiman inexistentes y toda vez que varios de ellos son omisiones, es pertinente aclarar que, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad responsable para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104/2018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito], publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". El Gobernador, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Policita del Estado de Michoacán, así como los artículos 5 al 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán el Gobernador Constitucional carece de atribuciones para efecto de aplicar la vacuna a la parte quejosa, de ahí que deba tenerse por inexistente el acto que se le reclama; aunado a lo anterior de la revisión efectuada al documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en la página electrónica https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf, se desprende que no hay participación de dicha autoridad responsable en su emisión. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Director General de Epidemiología, negaron el acto que les fue atribuido por el quejoso; sin que se advierta elemento de convicción que desvirtúe dicha negativa; además, además, en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México, no se advierte la participación de la referida autoridad. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en el considerando anterior. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. El Secretario de Salud y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al rendir su informe justificado, lo cual hicieron de manera conjunta, aceptaron los actos reclamados. Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, el mismo debe tenerse por cierto. Lo anterior, porque contrario a lo que refiere dicha autoridad, tiene participación directa en la logística y ejecución de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-coV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", de conformidad con el artículo tercero del ACUERDO por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional. Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se estima pertinente traer a glosa la porción normativa que la regula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando haya cesado los efectos del acto reclamado;." De lo anterior se observa, que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Como se asentó párrafos anteriores, el acto reclamado es la omisión de incluir en la política de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (covid-19) en México, a la menor S.I.N.S. Una vez precisado lo anterior, respecto de la omisión de incluir en el plan de vacunación contra el virus sars-cov2 (covid-19) a los menores de cinco a once años, atribuido a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, es un hecho notorio para este juzgador la página oficial del "GOBIERNO DE MÉXICO" https://www.gob.mx/salud/prensa/290-manana-se-abre-registro-de-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-de-cinco-a-11-anos en dicho link se advierte el comunicado de prensa "290. Mañana se abre registro de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años", en el que la Secretaría de Salud hizo del conocimiento de la población en general que partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abriría el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en la página oficial del Ejecutivo del País: https://presidente.gob.mx/ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-seran-vacunados-contra-covid-19-recibiran-vacuna-pfizer/ donde se observa lo siguiente: Información que se constanta al ingresar al link https://mivacuna.salud.gob.mx ya que del mismo se advierte que, efectivamente, al día de hoy, ya se encuentra disponible el registro para que menores de 5 años o más puedan vacunarse contra COVID-19, como se observa de la imagen siguiente: Lo anterior implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones necesarias para incluir en el esquema vacunación a los menores de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. En esas condiciones, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía violada, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, lo que la misma garantía exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Finalmente, no se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por el Secretario de Salud y por el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Isabela Olvera Guzmán, Leila Guzmán Bermúdez, Mayra Lisbeth Sotelo Mora, Gerardo Vazquez Sereno, Mónica Brenda Pérez Vazquez, Mónica Daniela García Saucedo, Luis Omar Hernández Rauda y José Guillermo Rivera Rauda, representantes legales de los menores Miguel Ángel y Abraham ambos de apellidos Covarrubias Olvera, José Gustavo Arreola Guzmán, Matías Quiroz Sotelo, Gerardo Vázquez Serrano, Noel Tadeo y Regina ambos de apellidos Sánchez Pérez, Maia Sofía Alejandre García, Renata Hernández Pérez y Leonardo Antonio y Larissa Sofía ambos de apellidos Rivera Sánchez, respectivamente; por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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