Ma. Isabel Rico Chimal

Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
687/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Rico Chimal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese al sumario únicamente para que obre como corresponda, el oficio que remite el jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal sede y base Salvatierra, de la Tercera Región del estado de Guanajuato, por el que hace de conocimiento de este órgano jurisdiccional que dentro de la causa penal ******************** se señalaron las doce horas del tres de noviembre próximo para que tenga verificativo la audiencia de Juicio Oral; lo anterior, sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en razón de que mediante proveído de diecinueve de septiembre del presente año, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de enero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ha quedado firme. Asimismo, en atención al sentido de la sentencia resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento; por tanto, dicha resolución no les causa perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó fuera de audiencia. Por otra parte, acorde con lo previsto en el citado artículo del referido acuerdo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que exhibió en original en su escrito inicial de demanda; apercibida de no hacerlo, dicho documento seguirá la suerte del juicio principal. En el entendido de que para recoger tal documento, la parte quejosa o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que al rendir su informe justificado el jefe de departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de esta ciudad, en representación del subdelegado Guanajuato del citado Instituto, Dr. Ulises Cázares Calvo, anexó copia certificada de las siguientes constancias: Oficio número **********, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido a la aquí quejosa **********, mediante el cual se hace de su conocimiento que en atención a su petición realizada ante dicho Departamento, el día ocho de abril de dos mil veintiuno, en fecha dieciocho de octubre del citado año le fue enviado a la dirección de correo electrónico que describe, dirigido al ingeniero Julián García Hernández, jefe de Servicios, solicitándole tenga a bien timbrar la nómina correspondiente a la pensionada de nombre **********. Que dicho oficio fue recibido el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno por **********. Impresión del correo electrónico dirigido al jefe de Servicios, por el cual se ordena el timbrado de la nómina pensionaria de la aludida agraviada. Sobreseimiento en el juicio. Conviene destacar que los actos reclamados en el asunto que nos ocupa consisten en: La falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se solicitó información del estado de cuenta de las nóminas de la peticionaria de amparo, ya que las mismas no están timbradas ante el Sistema de Administración Tributaria. En tal virtud, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, la quejosa reclama la falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se solicitó información del estado de cuenta de sus nóminas, ya que efecto de realizar el trámite de declaración anual, las mismas no se encontraban timbradas ante el Sistema de Administración Tributaria. Al respecto, debe señalarse que dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud formulada por la peticionaria del amparo. Efectivamente, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado allegó copia certificada del oficio número **********, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido a la aquí quejosa **********, mediante el cual se hizo de su conocimiento que en atención a su petición realizada ante dicho Departamento (ocho de abril de dos mil veintiuno), desde el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, le fue enviado a la dirección de correo electrónico que describe, dirigido al ingeniero Julián García Hernández, jefe de Servicios, solicitándole tenga a bien timbrar la nómina correspondiente a la pensionada de nombre **********. Así también la responsable anexó a su informe de ley la impresión del correo electrónico dirigido al jefe de Servicios, por el cual se ordena el timbrado de la nómina pensionaria de la aludida agraviada. De igual forma, se destaca que la notificación y entrega de la documentación aludida fue recibida por Yessenia Piña Rico el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Así mismo, que con la emisión, notificación y entrega de los documentos, se dio respuesta a la petición realizada por la peticionaria de amparo mediante escrito de ocho de abril de dos mil veintiuno. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, pues ya se emitió una respuesta a la petición de la quejosa y se hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de amparo, cesó al haber pronunciado la contestación al escrito que planteó la quejosa (y correo electrónico derivado) la cual se hizo de su conocimiento mediante notificación a la persona de nombre Yessenia Piña Rico; además que también tuvo conocimiento de ella a través de la vista que le fue otorgada en el presente juicio de amparo mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia a la quejosa, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, página 605, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.- De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquella para resolver de la forma en que se hace, pues, como se expresó, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se dio vista de manera personal a la quejosa con la respuesta recaída a su solicitud, por el término de quince días, para si era su deseo ampliar su demanda, lo cual no realizó, por lo que por auto de veintitrés de diciembre del citado año, se tuvo por perdido su derecho de ampliar la demanda. En virtud de lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con diez minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó la notificación personal a la quejosa **********, del proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, sin que obre en el sumario constancia de dicha actuación; en tal razón, se comisiona al actuario de la adscripción para que proceda a hacer la notificación correspondiente a la aludida quejosa.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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