Ma. Isabel Moreno Villanueva

Expediente 1090/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1090/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Moreno Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto que desechó la demanda origen de este juicio; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de treinta de mayo del año en curso, se requirió a las autoridades responsables para que señalaran día y hora a efecto de que la parte quejosa pudiera comparecer ante estas y le hicieran entrega de la copia certificada de la resolución de veintiuno de marzo del año en curso, dictada en el procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, o bien, acreditaran que le entregaron está a la parte quejosa, o en su caso, remitan dicha copia certificada a este juzgado; sin que a la fecha lo hayan realizado, pese a estar notificadas del proveído de comento. En consecuencia, atento a que la parte quejosa manifestó que las autoridades responsables han sido omisas en entregarle copia certificada de la resolución en comento y toda vez que las sentencias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Coordinadora -Dirección de Retorno-, Jefe del Departamento de Protección y Titular de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, den cumplimiento al requerimiento de treinta de mayo del año en curso. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en caso de incumplimiento.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA ELECTRÓNICA, PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Escrito de cuenta. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, por sí y en representación de los quejosos **, por medio del cual desahogó la prevención formulada en proveído de dieciséis de junio del año en curso; por tanto, se provee: Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda y del ocurso de cuenta, se tiene que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, lo siguiente... Cabe precisar que los quejosos refieren haber interpuesto el recurso de reclamación, en razón que el albacea provisional pretende requerirles respecto a diversos inmuebles que no se ha verificado quien tiene la posesión. Ahora, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su ocurso de cuenta se advierte que el juicio *** del índice del Juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla se encuentra en su primera etapa, denominada "denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea provisional y definitiva y de inventarios y avalúos". De lo anterior se advierte que el juicio de origen, se encuentra en trámite. En el caso, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio es de notoria e indudable improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia interpretado en sentido contrario, lo que lleva a desecharla. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia interpretado en sentido contrario, contra los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. Ahora, es preciso establecer que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Bajo ese análisis, en los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar materialmente aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este sentido, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de actos emitidos dentro de un juicio, se encuentra limitada a la condición de que sean de imposible reparación. Para ello, debe estarse a la definición prevista en la fracción V del artículo 107, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte... Agregó, que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) En la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) El sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés dictado en el expediente *** del índice del Juzgado de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, por el que se determina desechar el recurso de reclamación promovido por la parte quejosa, no trae como consecuencia una ejecución irreparable, contra los que procede el juicio de amparo biinstancial. Es así, habida cuenta que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física o alguna garantía judicial de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal y Tratados en Derechos Humanos en los que México sea parte; además, que dichos actos reclamados tampoco impiden a la parte quejosa el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. En efecto, en su demanda de amparo y en el escrito de aclaración los quejosos bajo protesta de decir verdad, señalaron que promovieron un recurso de revocación (el cual fue desechado), en contra de la pretensión del albacea provisional de requerirles diversos inmuebles, sin que refieran tener la posesión de algún inmueble que sea parte de la sucesión intestamentaría. Esto es, el recurso de reclamación lo promovieron con la intención que el albacea provisional aclarara la intención de su acción, por lo que los quejosos no acuden a la presente instancia constitucional a defender la posesión del algún inmueble, de ahí que no se advierta que el acto reclamado les cause alguna afectación. Además es preciso señalar que de lo manifestado por los impetrantes del amparo, no se advierte que exista algún apercibimiento o algún acto que pudiera afectar sus derechos sustantivos, pues se insiste, al tratarse de una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarla a través del amparo biinstancial, pues el hecho de que se le haya llamado como presunta heredera a comparecer, constituiría en todo caso, una violación procesal que podría trascender al fondo del juicio de origen al momento del dictado de la resolución correspondiente, por lo que la peticionaria puede seguir haciendo uso de sus derechos en el juicio de origen, pues de lo manifestado a la fecha el asunto se encuentra en trámite. De ahí que, la posible violación podrá reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución definitiva correspondiente a la etapa del juicio en que se encuentra, en caso de que sea adversa a los intereses de la parte quejosa y en tal juicio constitucional se podrán argumentar todas las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna... A mayor abundamiento, tampoco los actos reclamados tienen la naturaleza de autónomos en la etapa en que se encuentra el juicio de origen, contra los que procede la acción constitucional, pues como se dijo, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, que la dejen sin defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que los actos reclamados son de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por las consideraciones apuntadas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia interpretado en contrario sentido, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, ante su notoria e indudable improcedencia.

  4. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Administradora de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI de Correos de México, por medio del cual informa que fueron entregados a este órgano los acuses de notificación de los oficios 13193/2023, 13194/2023 y 13195/2023, el diecinueve de mayo actual; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya mayor pronunciamiento, dado que por auto de cinco de los actuales, se dejó sin efectos dicho requerimiento a la autoridad oficiante y se acordó lo conducente.

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