Ma. Isabel Jimenez García
Expediente 244/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Isabel Jimenez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de cinco de octubre del año en curso, por medio del cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Por tanto, se ordena valorar el presente expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
************* Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, remitiendo para ello diversas copias fotostáticas certificadas relativas al juicio laboral **********************. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes por las consideraciones siguientes: Dichas constancias este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión de señalar fecha para llevar a cabo la diligencia de inspección, solicitado a través del escrito de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve); por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción *******************del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa reclamó en esencia lo siguiente: La omisión de acordar la promoción de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y señalar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de inspección dentro del juicio laboral 1004/2013. Lo cual resulta de lo contenido en la demanda de amparo, de su anexo y de las documentales que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de lo cual se advierte que la parte quejosa le presentó al Tribunal laboral responsable una promoción con fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, donde solicitó se señalara fecha para llevar a cabo la diligencia de inspección, dentro del juicio laboral 1*********. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta del Tribunal laboral, se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, acordó la promoción que le fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve dentro del juicio laboral 1004/2013, cuya omisión se dolía en esta vía constitucional la parte quejosa; asimismo, la responsable en el mismo auto acordó la promoción pendiente, señalando fecha para la diligencia de inspección respectiva. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando la constancia que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, el quejoso reclama en esencia la omisión de acordar la promoción de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y señalar fecha para llevar cabo la diligencia de inspección, solicitado a través del escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la cual ya fue acordada mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral de origen. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA *******************. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. *
- Principal
Vistos los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que se encuentra señalada para este día la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogar, en razón que, no obra la constancia de notificación del oficio 14262/2021 de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dirigido a la tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero, por medio del cual se le emplaza al presente juicio. En consecuencia, se instruye al fedatario público adscrito, encargado del trámite para que a la brevedad posible realice la notificación del oficio de referencia. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos y las certificaciones secretariales de cuenta, de los que se advierte que se encuentra señalada para este día la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogar, en razón de que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedidos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para rendir su informe justificado; ello partiendo de que se le notifico el oficio por medio del cual se le requirió, el nueve de julio de dos mil veintiuno, surtiendo plenos efectos legales en dicha data de conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Amparo, y, descontando los días comprendidos del diecinueve al treinta de julio de dos mil veintiuno, que comprendieron su periodo vacacional. Cabe señalar que no pasa inadvertido que mediante circulares de nueve de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de julio siguiente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado hizo del conocimiento que la autoridad responsable suspendió e inhabilitó los términos procesales del nueve al dieciséis de julio de dos mil veintiuno y del dos al treinta y uno de agosto siguientes; sin embargo, tal circunstancia carece de trascendencia para el cómputo del término legal de quince días concedido a la responsable para que rinda su informe justificado, a que se contrae el numeral 117 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior y a efecto de realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción I, 28, fracción I, 31, fracción I y 117, de la ley de la materia, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.- Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales." "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.- Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas." "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días." La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir el oficio se tendrá por hecha la notificación encomendada. También se advierte que la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente; por otro lado, el plazo de quince días con el que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe justificado, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, empezará a contar desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto en el que se le requiera. Al respecto, cabe señalar que teniendo en consideración que del texto relacionado de los artículos 19 y 117 de la Ley de Amparo, se destaca que en el término de quince días con el que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe justificado, sólo se computarán los días hábiles de las labores del Juzgado en donde deberá presentarse dicho libelo y, por consiguiente, no se computarán para ese efecto los días en los cuales se suspenden las labores del Juzgado de Distrito correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por la autoridad responsable, por lo que hace del nueve al dieciséis de julio y del dos al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no interrumpe el término con el que cuenta para rendir su informe justificado, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los previstos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo del término legal para rendir el informe justificado, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, el Tribunal de Conciliación del Estado no dejó de laborar ni cerró sus puertas, a diferencia de su periodo vacacional; tan es así, que en las propias circulares signadas por su Presidenta, se ordena continuar con un sistema de guardias para atención al público, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede con el Tribunal de Conciliación, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que el Tribunal Burocrático del Estado de Guerrero tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falacia de falsa autoridad, en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano laboral local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional. Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el que no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teolología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una demanda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta, inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio procesal entre las partes. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Ma. Isabel Castillo Román y Otros.648/2022
- Ma. Isabel Castillo Roman916/2018
- Ma. Isabel Castillo Román599/2022
- Ma. Isabel Cuevas García565/2016
- Ma. Isabel Gutiérrez Lozano220/2016
- Ma. Isabel Jiménez García540/2021
- Ma. Isabel Martínez Hernández287/2016
- Ma. Isabel Martínez Hernández545/2015
- Ma. Isabel Mendoza Mendez997/2013
- Ma. Lilia Hernández Baltazar220/2018
- Ma. Luisa Carrillo Tapia1352/2015
- Ma. Luisa Carrillo Tapia789/2017